Cs detecta irregularidades en el convenio de 2017 entre Cataluña y ACPV

El 26 de marzo de 2003 Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster adquirieron el edificio de El Siglo, ubicado en la calle San Ferran, y que acoge en la actualidad el Centre Octubre, sede de algunas de las entidades que orbitan alrededor del polémico editor. La Generalitat de Cataluña ha venido haciendo frente a los gastos derivados de la suscripción de la hipoteca desde el mismo año de adquisición del inmueble. Ciudadanos acaba de denunciar ante la Fiscalía de Barcelona las subvenciones correspondientes a los últimos diez años, y que se sitúan en el entorno de los diez millones de euros.

La formación naranja detectó ayer otra irregularidad en la concesión de estas subvenciones -que desde 2011 tuvieron forma de convenio y a partir de 2017 de resolución-. Y se refiere precisamente a ese último ejercicio. La formación que lidera Fernando Giner detalló que en el convenio firmado por la Generalitat de Cataluña y Acció Cultural y la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, fechado el 28 de julio de 2017, para pagar 654.582,16 euros de la hipoteca de la sede de El Siglo correspondiente a ese ejercicio incluye una cláusula en la que se señala que las entidades beneficiarias tendrán que presentar, no más tarde del 30 de abril de 2018, una memoria explicativa de la actividad llevada a cabo en el inmueble subvencionado durante el año 2017, «así como la acreditación del cumplimiento de la obligación establecida en el pacto 2 de este convenio en cuando a la inscripción en el registro público de la subvención concedida». El incumplimiento de alguna de estas cláusulas «será causa de revocación de la subvención», se detalla.

Ese pacto 2 se refiere a que las entidades beneficiarias «están obligadas a hacer constar en escritura pública el importe de la subvención concedida mediante el convenio que se propone firmar, y será objeto de inscripción en el registro público correspondiente».

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso al 'acta de manifestaciones' firmado ante notario por Joan Francesc Mira y Eliseu Climent, presidentes respectivamente de ACPV y de la Institució Joan Fuster, y que representa esa escritura pública que detalla el importe de la subvención. El documento relata la firma del convenio de colaboración suscrito con la Generalitat de Cataluña el 28 de julio de 2017 «para financiar la cuota anual del préstamo hipotecario derivado de la compra y rehabilitación del edificio El Siglo». La subvención es de 654.582,16 euros. El documento tiene fecha del 8 de mayo de 2018. Y ahí radica la posible irregularidad. La formación naranja recordó de inmediato que el convenio firmado con la Generalitat establecía que esa escritura pública debía presentarse no más tarde del 30 de abril de 2018. Apenas es una semana de retraso, pero lo cierto es que ACPV y la Institució Joan Fuster no cumplen con la literalidad de lo que exigía el convenio.

La información de que dispone la formación que encabeza Giner detalla además que, pese a esta circunstancia, la Generalitat de Cataluña dio por cumplidos los requisitos por parte de las entidades vinculadas a Climent para conceder la subvención correspondiente a 2018. Así figura en una respuesta facilitada por el Govern catalán a una pregunta del diputado de Cs Matías Alonso. La directora de Servicios de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Teresa Prohias, certifica que ACPV y la Institució Joan Fuster han complido «las condiciones establecidas en el momento de su concesión», además de haber dedicado la subvención concedida a la finalidad para que se otorgó. Cs considera que esa referencia al cumplimiento de las condiciones establecidas no se ajusta a la realidad, porque una de las condiciones establece exactamente que la escritura pública que hiciera constar que se había concedido la subvención para el pago de la hipoteca debía presentarse antes del 30 de abril.

La nueva denuncia de Cs se suma a las iniciativas que ha venido impulsando la formación que lidera Albert Rivera durante las últimas fechas. La más reciente, tras la denuncia ante la Fiscalía de Barcelona, es la solicitud de comparecencia de Elsa Artadi en el Parlament para que explique las subvenciones y ayudas concedidas a ACPV y sus entidades satélite a lo largo de los últimos años.

En la denuncia presentada ante el ministerio público, Cs advierte de la posible malversación de fondos públicos que se puede haber producido con los 10 millones de euros de subvenciones recibidos por estas entidades desde 2008.