La juez envía a prisión a Grau, Rubio y tres empresarios de la trama corrupta

El primero en comparecer ha sido Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y acusado de cobrar una mordida millonaria de la trama urbanística. Lo hizo cerca de las dos de la tarde en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que instruye la causa. Anticorrupción pidió prisión provisional para el que fuera factótum del PP de Valencia.

El proceso se retrasó porque la defensa de Grau solicitó ver parte del expediente judicial. Al menos los documentos que justificarían su ingreso en la cárcel. Esta supone una novedad más o menos reciente en la práctica judicial. Se trata de una directiva de la Unión Europea de hace unos años y que ya tiene pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Si los letrados lo piden, se debe permitir acceder a parte de la documentación que compromete la presunción de inocencia de su cliente. Todo esto, evidentemente, retrasó todos los pases a disposición judicial. Porque en todos los casos en los que se solicitó la prisión, se optó por esta fórmula para que no se pueda alegar más tarde indefensión. Y todo pese a que la causa sigue secreta. La medida excepcional, que sólo permite a la juez y al fiscal conocer las actuaciones, lleva tres años en vigor.

La juez finalmente ha acordado la privación de libertad para el expolítico. Grau, de 80 años de edad, nunca ha estado en una penitenciaría pese a que en su día fue condenado por aceptar regalos de lujo de un contratista del Ayuntamiento. Esta sentencia se encuentra pendiente del pronunciamiento del Supremo. El exdirigente popular está investigado, además, por la financiación irregular del PP de Valencia, en una de las causas derivadas de Imelsa. Al cierre de esta edición iba a ser trasladado en un furgón a la prisión valenciana.

La decisión da una idea de la envergadura de la trama que se analiza en el órgano judicial. Los delitos que se les atribuyen son los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal, según ha informado el TSJ en un comunicado.

La hija de Grau también está entre las investigadas. La Guardia Civil analiza las propiedades a nombre de una sociedad donde las dos descendientes del exvicealcalde tienen cargos de representación. Uno de los inmuebles de Grau se encuentra en la gran vía Fernando el Católico, en el número 68. Se trata de un local comercial en una zona céntrica de la ciudad. El otro bien, a nombre de esta misma sociedad, se ubica en la avenida de las Jacarandas, junto al hospital privado IMED. La mujer pasó ayer a disposición judicial, pero no se le reclamó cárcel. Tendrá que cumplir con comparecencias semanales al igual que el resto de los investigados.

Rafa Rubio, el hombre del PSPV que durante años controló el urbanismo en la ciudad de Valencia, se sitúa como otro hombre relevante en la estructura de la trama. El subdelegado del Gobierno está acusado de percibir una comisión por no criticar decisiones urbanísticas en el Consistorio y establecer una especie de pacto de silencio en el mundo político. La Fiscalía también solicitó la misma medida cautelar por el riesgo de que tanto él como el excargo popular destruyan pruebas de los delitos. La orden de prisión del subdelegado del Gobierno supone una auténtica bomba en el PSPV. De hecho, una de las vías de investigación consiste en conocer si el partido pudo beneficiarse de la trama corrupta, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS.

Algunos empresarios también se encuentran señalados en la investigación por su papel de corruptores o supuestos blanqueadores de parte de los fondos. Jaime Febrer, con su mercantil Construcción Valenciana Constitución, se benefició presuntamente de un trato privilegiado de la Administración a cambio de mordidas. La Guardia Civil le sitúa como uno de los cabecillas en el ámbito de los corruptores en cuyas garras supuestamente cayeron Grau y Rubio.

Un empresario muy cercano a Febrer y colaborador de este, Joaquín Pastor, también pasó ayer a disposición judicial. En total, son cinco los empresarios que se han visto salpicados por estos hechos. Los dos principales, sin duda, son los dos nombres anteriores. También figura entre las personas que ayer fueron enviadas a la cárcel, la empresaria Mónica Montoro.

José Luis Vera, jurídico de Divalterra y uno de los supuestos nexos entre Rubio y el empresario corruptor quedó al cierre de esta edición en libertad. Vera, que fue magistrado en la Audiencia de Valencia, ejerció al menos durante un año de apoderado en una de las sociedades de Febrer. Al parecer, era una especia de asesor jurídico para esta compañía inmobiliaria.

El que hasta el momento era el supuesto cabecilla de la trama, José María Corbín, parece haber pasado a un segundo plano, al menos, tras la explosión de estas últimas diligencias. El letrado, excuñado de Barberá, ya estuvo en prisión un mes durante la primera parte de esta operación policial.

El conocido abogado está acusado de tejer un entramado para recibir comisiones de los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia a cambio de mantener una relación de privilegio con los Gobiernos de Barberá en el Ayuntamiento. Su esposa y sus tres hijas se encuentran investigadas por estos hechos.