La deuda de la Generalitat aumentó 1.400 millones durante 2018

La situación económica de la Generalitat continúa muy delicada pese a las políticas que se han llevado a cabo durante los últimos años. Esta es la principal conclusión que se desprende de la cuenta general de la principal administración valenciana que refleja como se ha vuelto a recurrir a la deuda, que aumentó en el último ejercicio 1.400 millones hasta situarse en los 51.000 millones.

Esta cifra se desprende del balance realizado por la Intervención General, que está integrada por la cuenta de la administración y las de los organismos autónomos, así como las cuentas e informes de auditoría rendidas del sector público instrumental. Estos datos evidencian que son necesarios más ajustes o más ingresos para equilibrar la balanza contable. En concreto, la Generalitat tiene hoy por hoy comprometidos 39.000 millones con acreedores a largo plazo y algo más de 11.000 a corto. El balance también refleja otro dato preocupante como es la caída de la tesorería en nada menos que un 62% al pasar de los 760 millones a apenas 300. Pese al aumento de la deuda bien es cierto que se recurre en menor medida a mecanismos de financiación de este tipo y para Soler esto es una evidencia de que el Consell sigue avanzando hacia el objetivo de conseguir «el saneamiento financiero» y así se refleja en determinados puntos. De hecho, unos de los datos que más se remarcaron en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano fue que el resultado económico-patrimonial negativo se ha reducido un 87,3% en los últimos nueve años, al pasar de 6.648 millones en 2011 a 840 millones en 2019. De esta forma, el de 2018 es el mejor resultado desde 2008, antes de la crisis económica.

En conjunto, el pasivo ha evolucionado desde los 20.995 millones de euros de 2017 a 21.495 millones en 2018, casi un 2,4% más, «básicamente por la dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)«, que Soler recordó que ascendió a 1.365 millones en 2018 entre los pagos ordinarios y el extraordinarios. Otras partidas ascendieron a 292 millones y entre ellas destacó los 222 millones por vencimientos de pagos del sector público y 34 por pagos a concesionarias de carreteras y hospitales. Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto incluyen el gasto del personal de Sanidad en noviembre y diciembre (131 millones de euros), los intereses de demora (63 millones), las sentencias que afectan al personal sanitario (44) o el convenio entre el Instituto Valenciano de la Vivienda S.A. (IVVSA), entre otros.

La cuenta general aflora nuevas provisiones de compromisos que no estaban reconocidos por parte del anterior Consell. En concreto, se incorporan 100 millones para «hacer frente a las sentencias judiciales y decisiones de la etapa anterior» entre las que destaca de forma clara la provisión para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que decretó que dos torres de la playa de Benidorm debían ser demolidas por ser ilegales y era necesario indemnizar a los propietarios. La construcción fue autorizada por el Ejecutivo popular en 2005 a pesar de informes técnicos y jurídicos desfavorables.

Un dato positivo hace referencia a la cuenta 409 (operaciones pendientes de aplicar a presupuesto que habitualmente se conoce como facturas en los cajones). En 2018 se redujo en 160 millones respecto al ejercicio anterior y su importe corresponde a sentencias del personal de sanidad (44 millones), ayudas a la vivienda no reconocidas (32,4), el gasto del personal sanitario de noviembre y diciembre (131) o el importe del convenio entre el IVVSA, la conselleria de Educación y el IVF mediante el que se ejecutaron obras de centros docentes (42,6), entre otros. Sobre la cuenta 411 (pagos derivados al siguiente ejercicio), asciende a 246 millones, 404 millones menos que en 2017, e incluye los gastos de farmacia y copago de diciembre de 2018 (114 millones), algunas facturas de 2018 que se registran en 2019 (78 millones), pagos por obras mediante el método alemán (29 millones) y 24 millones del acuerdo extrajudicial con el IVO.

Soler aprovechó su comparecencia para volver a reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómico. Para el conseller de Hacienda si la Comunitat Valenciana tuviera recursos como la media de las comunidades autónomas (que los expertos han cifrado en 1.325 millones) la administración valenciana estaría mucho más cerca del equilibrio financiero y ya no sería apenas necesario recurrir a nuevos endeudamientos.