La ministra de Ciencia y exalcaldesa de Alicante, Diana Morant. efe

La Audiencia de Valencia rechaza que la ministra Morant y el presidente de la Diputación declaren como testigos en el juicio del caso Alquería

La Sala convoca a las partes para establecer las fechas de la vista donde se sentará en el banquillo Jorge Rodríguez

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 26 de enero 2022, 11:41

La Audiencia de Valencia ha convocado a las partes del caso Alquería, las defensas de los quince procesados y las acusaciones de la Fiscalía, el ... PP y la entidad Acción Cívica, para establecer un calendario de todas las sesiones del juicio. Se prevé un juicio extenso, quizá de varias semanas, que no arrancará hasta dentro de unos meses.

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La Sala, por otra parte, también ha dictado un auto en el que recoge las peticiones de prueba solicitadas por las defensas y acusaciones. Los magistrados han rechazado la comparecencia de la exalcaldesa de Gandia y actual ministra de Ciencia, Diana Morant, una testifical que había solicitado tanto el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez como el propio Partido Popular.

De igual modo, el tribunal tampoco considera necesaria la declaración del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, de la exmano derecha de Ximo Puig, José Manuel Orengo y de la consellera de Transparencia Rosa Pérez, por citar los nombres más señalados que figuran en el auto.

Qué es el caso Alquería

El caso se centra en la supuesta contratación irregular de directivos en la empresa pública Divalterra. El informe de la Intervención es una de las piezas clave con las que cuenta la Fiscalía para elaborar su acusación sobre la fraudulenta incorporación de personal. El órgano auditor detalla toda una serie de irregularidades que finalmente supusieron un coste de 1,2 millones de euros a la empresa pública.

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Otro análisis policial, a partir de datos de la Agencia Tributaria, revela que las aportaciones económicas de tres de los nuevos directivos de la sociedad a sus partidos aumentaron tras su entrada en la empresa pública. Todos los investigados experimentaron un notable incremento de sus nóminas al entrar en Divalterra. En algunos casos pasaron de 20.000 euros a cerca de 60.000. euros anuales. Evidentemente, en las contrataciones se prescindió de cualquier proceso de selección abierto y con publicidad, según los informes faavorables a las acusaciones. Todos los elegidos eran afines a los dos partidos que gobernaban la empresa: PSPV y Compromís.

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