50 días para bajar 150 millones en impuestos

Finalmente, será hoy, en una reunión extraordinaria del Consell, que vuelve a Valencia para la ocasión, y mediante un decreto ley como herramienta jurídica elegida para recalcular el Impuesto a la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de todo el año 2022, según la nueva tarifa acordada por el tripartito.

La negociación ha durado 50 días, los que han pasado desde que el jefe del Consell, Ximo Puig, anunciara en un desayuno informativo, la primera semana de septiembre, que su Gobierno iba a llevar a cabo una reforma fiscal para bajar los impuestos. En aquel momento, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, reconoció haber conocido los planes del presidente la tarde de antes, por una llamada de su equipo. Con los detalles de las rentas a las que acabrá afectando, tres cuartos de lo mismo, porque Compromís y Unidas Podemos dijeron haberlos conocido en el transcurso del debate sobre el estado de la Comunitat, donde Puig los aterrizó. En aquel momento, los grupos ya enmendaron al presidente en los pasillos y recordaron que si el Consell iba a dejar de ingresar 150 millones de euros por una bajada de IRPF a rentas de menos de 60.000 euros, las rentas más altas iban a tener que compensar esa caída de la recaudación.

Y en eso han estado trabajando durante semanas los tres partidos del Consell. Juntos suscribieron incluso una propuesta de resolución para comprometerse a subir los impuestos a las rentas más altas. Una opción que no gustaba al presidente, que llegó a justificar en una entrevista en este diario que las rentas altas valencianas ya pagaban por encima de la media estatal.

Por el camino, problemas jurídicos como la jurisprudencia que avala que no se puedan subir impuestos de manera retroactiva porque con ese efecto sólo se pueden tomar decisiones fiscales que no penalicen al contribuyente. Así que para contentar a todos, el conseller de Hacienda, Arcado España, ortodoxo en las cifras y mano derecha de Puig, ha tenido que transigir con una subida de tres impuestos (IRPF, transmisiones y patrimonio) a pequeña escala y sólo a las rentas más altas. Lo hará mediante el anteproyecto de ley de presupuestos para 2023, donde se publicará una nueva reordenación fiscal, consensuada entre los tres grupos. No tendrá efecto hasta el año que viene y no se notará hasta la renta de 2024, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales. Todo lo contrario a la bajada de IRPF, que dejará 150 millones de euros en los bolsillos, en el borrador que los contribuyentes confirmarán en la antesala de que las urnas salgan a los colegios electorales. La letra pequeña se conocerá hoy, mientras el Botánico trata de cerrar su enésima batalla: la de las cuentas para 2023.