Qué dice la ley valenciana de Concordia que el Gobierno quiere recurrir ante el Constitucional

La ley valenciana de Concordia no es, de momento, una ley. PP y Vox presentaron el pasado 21 de marzo un total de cinco proposiciones de ley, que se convertirán en leyes una vez las apruebe el Parlamento valenciano, cosa que ocurrirá antes de verano -están abiertas a la presentación de enmiendas-. Un texto de sólo 5 artículos pero con una evidente carga ideológica, toda vez que supondrá la derogación de la ley valenciana de memoria democrática aprobada por el Botánico en 2017.

¿Y qué dice esa futura ley de Concordia? La exposición de motivos comienza fijando el objetivo de la norma: «La presente proposición de ley se erige como un testimonio de compromiso para honrar y proteger la historia de España desde el año 1931 hasta la actualidad», se señala.

La referencia a 1931 no es casual. La norma recuerda que en los casi 100 años que han transcurrido desde aquella fecha España ha vivido «una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico». Por eso, el primer artículo de la proposición de ley señala que la Comunitat «reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en la Comunitat durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta nuestros días».

En la ley aún en vigor, la aprobada en 2017, hace referencia al período que va «desde el golpe de estado y la posterior guerra civil y dictadura franquista hasta el momento de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978», por lo que se refiere a las medidas a adoptar respecto de las víctimas; y otro más extenso, desde la proclamación de Segunda República Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana el 10 de julio de 1982, respecto a la recuperación y preservación de los valores de la denominada memoria democrática valenciana.

La nueva norma, por su parte, reconoce «el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia» la ley de Memoria Democrática de 2022, es decir, aquellas personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

La futura ley valenciana reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a la «indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas», la reparación y preservación de su memorias, el acceso a los documentos en poder de las administraciones públicas valencianas para la investigación de los sucesos que rodearon esos actos de violencia. A tal efecto, la Generalitat creará una Unidad Valenciana de la Concordia que garantice esos derechos.

La proposición de ley da consideración de «lugares de la concordia» a aquellos espacios, inmuebles o parajes de interés «por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva» de los hechos que derivaron en su día en la adquisición de la condición de víctima en los términos recogidos en esta norma. Además, la Generalitat asume la elaboración de un «catálogo de vestigios» en la Comunitat.

La norma establece en su disposición transitoria segunda que la tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta norma «decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación».