El 21-D dinamita la nueva financiación

Mariano Rajoy mostró su disposición el viernes a agotar la legislatura. No es un anuncio menor. El día después del batacazo cosechado por el PP en las elecciones catalanas -sólo cuatro diputados-, el debate sobre una eventual convocatoria anticipada de elecciones generales amenazaba con colarse en la agenda política. Que el presidente del Gobierno haya despejado esa incógnita puede considerarse una buena noticia por lo que se refiere a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, porque al menos en teoría permite seguir avanzando en la negociación del nuevo modelo. Pero probablemente sea la única. Los resultados del 21-D, con una nueva mayoría independentista pese al triunfo en las urnas de Inés Arrimadas, condenan la negociación del nuevo modelo que están esperando todas las CC AA, y de forma especial la valenciana, que ocupa la cola en financiación per cápita.

El análisis al margen de los resultados resultaba sencillo. Un triunfo 'constitucionalista' habría allanado el camino para alcanzar un pacto entre las quince CC AA del régimen común. Con una negociación que ya ha arrancado, Cataluña habría abandonado cualquier tentación de unilateralidad y se habría avenido previsiblemente a un acuerdo con el resto de regiones para reformar el modelo.

Los resultados del jueves no han sido esos. Y el escenario que se abre ahora es mucho más preocupante. El 8 de enero comienza la entrega de actas de los diputados. El 23 del mismo mes finaliza el plazo para constituir el Parlament. Y las sesiones de investidura del nuevo president están previstas para la primera quincena del mes de febrero. El nuevo presidente conformará su nuevo Gobierno y será entonces cuando se abrirá la puerta a la reincorporación de un representante del Ejecutivo catalán a la mesa de negociación -el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)- para pactar con el Gobierno y el resto de autonomías la nueva financiación.

Ese es el calendario. Pero las dificultades reales son muy superiores. Tanto es así que altos cargos del Gobierno valenciano no dudan en considerar que, a la vista de los resultados del 21-D, la Comunitat Valenciana se ve obligada a quedarse «colgada» del FLA al menos otro año. El FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica, uno de los instrumentos aprobados por el Ejecutivo central para facilitar liquidez a las CC AA a partir de 2012, coincidiendo con el cierre de los mercados financieros y la crisis económica. El Gobierno valenciano ha venido exigiendo el final del FLA, entre otras razones porque ese dinero es un préstamo del Gobierno central y, al menos a priori, habrá que devolverlo.

Las dificultades a las que se hicieron alusión este pasado viernes en el Palau de la Generalitat están directamente relacionadas con la mayoría independentista salida de las urnas el 21-D. En primer lugar, por las complicaciones para hilvanar un nuevo Ejecutivo en Cataluña. Puigdemont se ha impuesto a Junqueras en la carrera que ambos mantenían por ocupar el primer puesto de las fuerzas independentistas. Pero son los cuatro escaños de la CUP los que resultan claves para alcanzar los 68 escaños que marcan la mayoría absoluta. La CUP ha hecho campaña de una hoja de ruta que viene marcada por la unilateralidad -la ruptura frontal e inmediata con España para llegar a la independencia-. La opción de que ese partido haga valer su tesis para dar apoyo al nuevo Gobierno cerraría la puerta a la participación de Cataluá en la negociación del nuevo modelo. «Y sin Cataluña, no hay nueva financiación», se admite desde el Palau.

La primera dificultad para el avance de la reforma de la financiación es, por lo tanto, el propio acuerdo entre los independentistas para conformar un nuevo Ejecutivo. Pero no es la única. Incluso en el hipotético caso de que la CUP renunciara a esa posición de máximos, tanto las posiciones de Junts per Catalunya como las de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sostienen discursos que en ningún caso acercan un escenario de negociación, a priori, con el Estado y el resto de CC AA. Las fuentes del Palau consultadas por este diario consideran, no obstante, que el resultado obtenido por el PP en Cataluña también obliga a Mariano Rajoy «a moverse».

¿Y la Comunitat Valenciana? Para el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra, que la nueva financiación no haya visto la luz en 2017 -pese a que así se comprometió Mariano Rajoy- prolonga un escenario económico complicado. El Consell ha introducido en los presupuestos, y por tercer año consecutivo, 1.300 millones de ingresos que no tienen soporte alguno -'ficticios' los llama el PP-. Una cifra que ha justificado en la reivindicación de los nuevos ingresos que le llegarían con la nueva financiación autonómica. Sin nuevo modelo, los ingresos de la Comunitat siguen ordenados por el sistema aprobado en 2009 y que viene prorrogándose desde el 1 de enero de 2014.

No contar con un nuevo sistema de financiación deja a la Comunitat «colgada del FLA». Este mecanismo del Ejecutivo central permite a la Comunitat hacer frente a los vencimientos de deuda, pero también al déficit que acumula cada ejercicio. Sin nuevo modelo de financiación, ese déficit se mantiene y el recurso al FLA se convierte en imprescindible.