La Diputación amplía a tres años la comisión de servicios del interventor

La sección sindical de UGT en la Diputación ha pedido a Jorge Rodríguez, presidente de la administración provincial de Valencia, «el cese de la comisión de servicios» concedida al interventor y al viceinterventor de la corporación porque «se han sobrepasado los periodos máximos establecidos» en la legislación.

En el documento se indica al presidente de la Diputación que la legislación señala que «en el ámbito de la administración local, la concesión de estas comisiones de servicios tendrán lugar por un plazo máximo de un año ampliable a otro». Tanto el interventor, José Eugenio Garcerán, como el viceinterventor, Luis Gómez-Ferrer, han estado ejerciendo esas funciones en la Diputación durante más de dos años.

La comisión de servicios es una figura legal por la cual un funcionario de una administración puede acceder a otra para desempeñar una tarea equivalente a la de su puesto de trabajo. En este sentido, hay funcionarios locales que acceden a la administración provincial o a la autonómica, o los de la Diputación a la autonómica y viceversa.

El documento del sindicato está firmado por Francisco Javier Caballero en calidad de secretario del sector de Administración Local y Servicios de la Federación de empleados de Servicios Públicos de UGT. Caballero reclama a Rodríguez que «deje sin efecto» y con carácter inmediato las comisiones de servicio del interventor y las de viceinterventor.

UGT decidió a mediados del mes pasado presentar esta reclamación ya que tanto el interventor como el viceinterventor sobrepasan de forma holgada el tiempo máximo permitido de un año prorrogable por otro más para permanecer en comisión de servicio.

El informe presentado por el sindicato afín al PSPV revela que el primer decreto del presidente de la Diputación con el que se contrató en comisión de servicios a José Eugenio Garcerán para ocupar una la plaza de interventor fue el 11 de febrero de 2016 y entró en vigor el día 15 de ese mes. Cada decreto tenía una duración de seis meses. El cuarto decreto, con el que teóricamente se acababa la comisión de servicios de la persona que ejercía como interventor de la Diputación de Valencia, se firmó el 15 de septiembre de 2017 y daba validez al periodo del 15 de agosto de 2017 al 14 de febrero de 2018. No obstante, se firmó un nuevo decreto de presidencia el pasado 16 de febrero que tiene un año de duración, hasta el 15 de febrero de 2019.

Luis Gómez-Ferrer, interventor del Ayuntamiento de Sueca, ocupa también una plaza de habilitado nacional en la Diputación de Valencia y lo hace desde el 1 de abril de 2016 en calidad de viceinterventor, aunque desde la baja de Garcerán realiza las funciones de interventor. La comisión de servicios de Gómez-Ferrer finalizó teóricamente el pasado 31 de marzo. No obstante, desde la presidencia de la corporación provincial se le impulsó un quinto contrato, al igual que al interventor, por un año de duración que abarcaba desde el 16 de febrero -entonces tenía contrato en vigor- hasta el 15 de febrero de 2019.

Desde que la sección de UGT en la Diputación presentó estos documentos a mediados de abril, el sindicato todavía no ha recibido una contestación por parte del equipo de gobierno cuatripartito de la corporación provincial.