La Diputación fulmina por fin el acuerdo de 2016 que dio lugar al caso Alquería

La comisión de hacienda de la Diputación de Valencia se reúne hoy de forma extraordinaria para aprobar –a expensas de que lo ratifique el pleno– la modificación del acuerdo adoptado por la corporación provincial en septiembre de 2016 y que dio origen al caso Alquería. En concreto, se trata del acuerdo por el que la corporación provincial, presidida entonces por Jorge Rodríguez, decidió clasificar en categorías –I, II y III– a las entidades dependientes de la misma que integren el sector público local, con el objeto de fijar el número máximo de miembros del consejo de administración y, especialmente, el de directivos, así como la cuantía máxima de su retribución.

Como consecuencia de aquel acuerdo, la corporación provincial acordó situar a Divalterra –la empresa heredera de la antigua Imelsa– en la categoría I, circunstancia que le permitió designar en esta firma a un máximo de diez directivos.

Ese cambio, pequeño en apariencia, fue el que dio cobertura a la ampliación del aparato organizativo de Divalterra. La firma pasó de disponer de dos cogerentes –por aquella época Agus Brines (Compromís) y Víctor Sahuquillo (PSPV)– y un responsable del área jurídica, José Luis Vera, a una amplia estructura de directivos cuyos contratos de alta dirección dieron lugar a la investigación judicial bautizada con el nombre de Alquería y que derivó el 27 de junio de 2018 en la operación policial que acabó con la detención de Jorge Rodríguez y su núcleo duro en la Diputación de Valencia y, posteriormente, en su dimisión como presidente de la corporación provincial.

El dictamen que se somete hoy a debate modifica ese tope de diez directivos, y lo reduce a tres. «El número máximo de directivos será de 3 para los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local dependiente de la Diputación de Valencia del Grupo 1», se señala.

No solo eso. El nuevo texto precisa que el personal directivo determinado en los estatutos de la entidad, «será nombrado con arreglo a criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada». Los nombramientos de altos directivos que llevó a cargo Rodríguez respondieron en algunos casos a criterios de partido.

El acuerdo también prevé que los contratos de directivos del sector público local se someterán, antes de formalizarse, al informe previo de la Jefatura de Unidad de Control Financiero de la Diputación.