El PP de la Diputación, en manos de Gaspar

La decisión de Carlos Gil de no renunciar a su acta de diputado provincial después de que la dirección del PP optara por expulsarlo tras su procesamiento en una causa de violencia de género, con la consiguiente pérdida de un escaño para la formación que lidera Vicente Mompó, puede no ser el problema más grave al que tenga que hacer frente ese grupo.

La reducción del número de escaños obliga a modificar tanto la subvención que reciben los populares por parte de la corporación provincial como el número de asesores adscritos a ese partido. Así lo confirman a este diario fuentes del Palau de Batlia. Tanto las subvenciones que concede la Diputación como la asignación de personal constan de un fijo y un variable. La primera parte es idéntica para cada grupo, mientras que la segunda viene condicionada por el número de diputados. Para el PP de la corporación provincial, la decisión de Gil de no renunciar significará reducir los ingresos que percibe de la corporación y, muy probablemente, tener que reducir el número de asesores que dependen de la institución que preside Toni Gaspar. El grupo popular dispone en este momento de ocho diputados y ocho asesores. Con la marcha de Gil, lo más probable es que pierda uno de esos asesores.

¿Porque se vaya con Gil? Las fuentes consultadas por este diario subrayan que el ya exdiputado popular no podrá disponer de personal asesor, en tanto que los asesores pertenecen al grupo y no están adscritos a los diputados. No sólo eso, en manos de Gaspar está también la posibilidad de limitar el sueldo del diputado -que en las filas populares gozaba de una dedicación parcial del 75%– a únicamente los 275 euros que se perciben de dieta por asistencia a los plenos.

Para los populares, el margen de maniobra del presidente de la Diputación afecta a otras cuestiones. Por ejemplo, a la proporción de diputados en las comisiones de la corporación. La marcha de Gil obliga a recalcular la representación de los populares, en tanto que el ya exdiputado popular también tendrá posibilidad de acudir a esas comisiones. La participación en comisiones son también dietas.

Los populares no sólo perderán subvención y probablemente asesores. Gil tendrá que contar con un despacho en tanto que diputado no adscrito, que podría reducir los espacios de que dispone el PP. En lo que con toda probabilidad se verán condicionados los populares es en la representación en los consejos de administración de las empresas de la Diputación, como Divalterra, Girsa y Egevasa. Carlos gil forma parte de los órganos de dirección de las tres mercantiles. Y en manos de Gaspar está decidir que siga o no representando a la corporación provincial –así es como lo hace, no en representación de su grupo– en las tres firmas. Las fuentes consultadas sí señalan que ese cambio se producirá con toda probabilidad si es el PP que encabeza Mompó el que así lo solicita.

Gil forma parte también del consejo rector del patronato provincial de turismo de Valencia y del consejo de administración de la Institució Alfons el Magnànim. En ambos casos Gaspar podría optar por relevarlo.

De hecho, el ya exdiputado popular ha venido asumiendo desde el inicio de legislatura la condición de hombre fuerte de los populares en la corporación provincial. Su posición de persona de absoluta confianza de Mompó le permitió no sólo coordinar la acción del grupo provincial, sino incluso mantener su labor de control del día a día incluso después de que trascendiera que había sido objeto de una denuncia por violencia de género por parte de su mujer –a pesar de que el líder provincial aseguró que lo apartaría, igual que hizo como coordinador del partido–.

La marcha de Gil a los no adscritos genera un problema de grandes dimensiones para Mompó, que no dispone de un perfil similar ni de la misma confianza que la del alcalde de Benavites, como para encargarle las riendas de la dirección del grupo.