La Diputación pagará 1.200 euros al mes por dirigir la empresa de Benavent

Spartaky Sinergies SL era una de las empresas utilizadas por el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, para supuestamente canalizar el cobro de comisiones por diferentes actividades delictivas. Mientras estuvo al frente de la empresa pública -hoy rebautizada como Divalterra- Benavent contaba con la colaboración de José Estarlich, uno de sus testaferros. De esta forma, se ocultaba la propiedad real de la mercantil, dedicada a la inversión en energías renovables. Fue el exdiputado popular David Serra, también investigado en la trama, quien le propuso el negocio.

Estarlich pidió hace unos meses en el juzgado desvincularse como administrador de la firma. Y el titular de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ofreció a la Diputación hacerse cargo de la empresa en detrimento de un administrador judicial. De esta forma, los beneficios que en un futuro generara la sociedad irían destinados a recuperar lo presuntamente desviado por Benavent.

La corporación provincial aceptó el ofrecimiento del juzgado. Recientemente designó administrador al Interventor de la Diputación de Valencia y a la responsable de la unidad de control financiero. La Diputación les ha asignado un complemento de productividad de 600 euros al mes a cada uno por la responsabilidad, dedicación y especialización que requiere esta nueva tarea, diferente a las que tienen encomendadas en la administración.

Otras fuentes judiciales, en cambio, mostraron su extrañeza por el doble nombramiento ya que es una firma que no genera prácticamente trabajo. Además, llama la atención que la gestión de una empresa que no da ningún beneficio -tampoco pérdidas- suponga un coste de 1.200 euros mensuales a las arcas públicas. La previsión es que la mercantil -ahora mismo se autofinancia porque con lo que se genera se paga el préstamo- no dé resultados positivos hasta 2021. Mientras, durante los tres próximos años el desembolso en complementos de productividad puede situarse en los 45.000 euros.

Fuentes de la corporación provincial subrayaron que aceptaron la petición por expreso deseo del juez que investiga los hechos, que recomendó esta fórmula como más beneficiosa para la entidad que la de recurrir a un administrador judicial. Del mismo modo, añadieron que no se trata de un medio propio de la Diputación, como podría ser una sociedad pública, sino de un medio ajeno y, por tanto, requiere de esa compensación para el trabajador de la Administración. Además, precisaron que más allá del trabajo que pueda suponer administrar la firma se trata de una cuestión de responsabilidad de los nuevos administradores.

Benavent y Estarlich han mantenido un duro enfrentamiento en los juzgados. El exgerente de Imelsa, tras la comparecencia de su testaferro ante el juez, pidió también declarar. Allí rebatió a Estarlich y afirmó que era plenamente consciente de la actuación ilícita de la empresa. La vinculación de Estarlich y Benavent era muy estrecha. La mujer del testaferro trabajó como secretaria de Benavent en la gerencia de Imelsa. De hecho, el propio Estarlich llegó a ser uno de los zombies de la entidad -personas que cobraban sin ir a trabajar- y percibió alrededor de 4.000 euros. El propio beneficiado se comprometió en su día a devolver esta cantidad y lo está cumpliendo.