La Diputación recurre a los contratos menores en tres de cada cuatro procedimientos

Los contratos menores son una práctica que se utiliza con relativa frecuencia en las diferentes administraciones públicas. Este método, contemplado por la ley para supuestos concretos, tiene la ventaja de que acorta mucho los plazos pero también la consecuencia de que son poco transparentes y no atiende a los principios de concurrencia competitiva. La práctica ha sido puesta encima de la mesa por parte de la Intervención, que reprochada en este caso a la Diputación de Valencia abusar y permitir que tres de cada contratos que se realizan se hagan por este sistema.

El documento que revela estas anomalías referidas al año 2018 está realizado por la propia Intervención de la institución provincial así como por unos auditores externos y fue presentado ayer en el pleno. Respecto a los contratos menores, se resaltan de forma clara que un 76,5% de todos los expedientes se realizan a través de este método, que supone un 28,13% del total del importe global de la Diputación, 23,7 millones. Además, se critica que existe un importante número de operaciones con un importe menor a los 5.000 euros. Por ello, el informe de auditoría de control financiero asegura que la contratación menor "no garantiza plenamente los principios de publicidad y concurrencia competitiva" e insisten en que debería ser planteado como "un modelo de carácter residual e insignificante, como así lo es en la Administración del Estado".

Otro punto que se pone encima de la mesa por parte de los auditores es "la inconsistencia de los datos globales de contratación". En el documento se expone que existen cuatro fuentes de información (el registro de contratos, el portal de transparencia, el gestor de expedientes y un sistema informático) pero se muestran sorprendidos al encontrarse datos contradictorios en cada uno de ellos. La evaluación revela así que las plataformas de la misma institución provincial cuentan con "información diferente". También se remarca que se han adjudicado 4,3 millones sin informes previos. Según el documento, casi cuatro eran contratos menores que o bien no contaban con un informe previo o que había sido desfavorable el mismo mientras que los otros 600.000 hacen referencia a adjudicaciones directas.

Los auditores y la propia intervención de la Diputación apostaron por abordar este tema. Tal y como expuso el propio interventor en el pleno provincial, es necesaria "una mejor planificación" para poder agrupar contratos menores y realizar un proceso abierto. Una situación que permitiría no solo ahorrar sino también evitar la ineficiencia de un proceso que recordó que consume "muchos recursos públicos".

El informe de fiscalización hecho público ayer tuvo que ser explicado por parte del Gobierno provincial que comparten PSPV y Compromís. Desde el grupo socialista se quiso dejar claro que, pese a los reparos, "todo está dentro de la ley" y que incluso "se han corregido errores de los gobiernos anteriores". Del mismo modo, recordó que los contratos menores son "una práctica normal" en la administración.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, pidió seriedad a los partidos de la oposición. "Hay que ser serios porque en ningún caso se está saltando la ley" afirmó. El propio Gaspar incidió en que si tuviera la más mínima duda de que alguna de estas prácticas podrían realizarse para propiciar un fraccionamiento de contratos se pondría en contacto con el departamento pertinente o incluso con la justicia. El presidente provincial también hizo autocrítica y admitió que, aunque se ha mejorado la situación respecto a años anteriores, es necesario apostar por una "mejor planificación" que permita reducir el elevado número de contratos menores.

Los partidos de la oposición aprovecharon el documento para arremeter contra el Gobierno provincial. Jesús Gimeno, diputado de Ciudadanos, criticó el "exceso y abuso" que realiza la Diputación con los contratos menores y apuntó que el alto número de expedientes "es preocupante". Por su parte, desde el PP se puso el foco en la disparidad de información alertada por el interventor y señaló que se "roza la ilegalidad".