La Diputación de Valencia acuerda el cierre de Divalterra

Los cuatro partidos que sostienen el gobierno de la Diputación de Valencia -PSPV, Compromís, Valencia en Comú y EU- anunciaron formalmente ayer el «cierre ordenado» de Divalterra, la empresa de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa. El desmantelamiento de la firma, una vieja idea que el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ya intentó sin éxito, es la respuesta del equipo de Gobierno a la Operación Alquería, la investigación judicial por prevaricación y malversación que derivó hace pocos días en la detención de la cúpula de la institución provincial, con su máximo responsable a la cabeza.

Con su decisión, los cuatro partidos vienen a asumir la incapacidad para gestionar la empresa pública sin caer en prácticas de corrupción. Bajo el Gobierno del PP, Imelsa ya se convirtió en el epicentro de un vasto proceso judicial -que fue precisamente el que forzó el cambio de denominación de la empresa-. Rebautizada como Divalterra, el nuevo equipo de Gobierno dirigido por Rodríguez y sostenido por sus otros tres socios, apostaron por abrir una nueva etapa y borrar cualquier sombra de sospecha de prácticas irregulares en la empresa provincial.

El intento ha durado tres años. Después de tres cambios en la cogerencia de la empresa, de relevar al primer responsable -Josep Ramon Tiller- a los seis meses de nombrarlo, de destituir al segundo -Víctor Sahuquillo- por toda la suma de irregularidades que protagonizó y que tuvieron su colofón en los tickets de gin-tonics y licores cargados al presupuesto público, de dejarla casi un año con un único cogerente y, finalmente, de repartirse los nombramientos con contratos de alta dirección entre los dos principales partidos del equipo de gobierno -PSPV y Compromís-, esos mismos partidos, junto a Valencia en Comú y EU, decidieron ayer que la culpable es la empresa, y no la gestión que de ella hayan podido hacer sus responsables políticos.

No es la primera vez que la corporación provincial intenta el cierre de Divalterra. Al acabar 2016, con la destitución de Sahuquillo, Rodríguez anunció públicamente el desmantelamiento de la empresa provincial. Los deseos del entonces presidente de la Diputación -que puso sobre la mesa que los 600 brigadistas de Divalterra pasaran a depender del consorcio provincial de bomberos- chocaron entonces con la negativa de Compromís, que esgrimió dificultades legales para poder llevar a cabo una disolución de la empresa como la pretendida. Hace pocas semanas, en plena polémica por los contratos de alta dirección, el PSPV de la Diputación también puso sobre la mesa su propuesta para desmantelar la empresa -un objetivo que forma parte del pacto de gobierno firmado en 2015 y en el que también se plantea la disolución de las corporaciones provinciales-, reduciendo la empresa, como primer paso, a la plantilla de brigadistas.

La presidenta en funciones de la Diputación, María Josep Amigó, no quiso precisar los plazos para ese cierre, ya que según dijo, eso sería «una inconsciencia», pues dependerá de los informes técnicos y jurídicos que se van a elaborar al respecto. Se trata de un «cierre ordenado porque no podemos ir a las bravas», señaló la dirigente de Compromís.

El jefe del Consell, Ximo Puig, defendió la capacidad de la Diputación para decidir sobre el futuro de esta empresa. Tanto PP como Cs rechazaron la decisión, y la consideraron una «temeridad absoluta» y una improvisación. Por su parte, CSIF anunció movilizaciones para defender los puestos de trabajo de los 700 empleados de la firma.

Durante la reunión de ayer, tanto la representante de EU, Rosa Pérez, como el de Valencia en Comù, Berto Jaramillo, exigieron que la corporación provincial hiciera público hoy un pronunciamiento que dejara clara su voluntad de liquidar Divalterra. La exigencia de estos partidos obtuvo el matiz de PSPV y Compromís, que advirtieron de la necesidad de acometer este proceso con todas las garantías jurídicas. El resultado fue la alusión a un «cierre ordenado» de Divalterra, en palabras de Amigó.