El juez avisa de la «notoria gravedad» de los delitos que investiga en Divalterra

El entorno del ya expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, en los días posteriores a la Operación Alquería -que provocó la detención de la cúpula de la corporación provincial en el marco de una investigación de los supuestos delitos de prevaricación y malversación por los contratos en Divalterra- trató de devaluar la trascendencia de los hechos investigados con una referencia a que se trataba únicamente de «siete contratos». A imagen de lo que en su día hizo el PPCV con aquel «sólo son cuatro trajes», el equipo de Rodríguez vino a sostener que el despliegue policial y las medidas adoptadas -los detenidos pasaron una noche en el calabozo- representaban una desmesura en comparación con los hechos investigados.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia, responsable de la investigación del caso, ha aprovechado el recurso presentado por uno de los investigados -y que solicitaba que se levantara el secreto de sumario de la causa- para dejar claro que su consideración está lejos de esa referencia, casi desconsiderada, a los siete contratos de alta dirección en Divalterra. El juez rechaza la petición y explica que lo hace para evitar el perjuicio de la investigación de los delitos presuntamente cometidos, «de notoria gravedad» tanto por los tipos penales como por las personas e instituciones presuntamente implicadas y la «alarma social» que ello supone.

Así lo señala en un auto de fecha 10 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor destaca que además este es un momento en el que, por lo «reciente» de los registros realizados, en los que se incautó de «numerosa documentación» en diversas sedes públicas y domicilios, «aún no ha podido ser ordenada ni volcada toda ella, ni mucho menos realizado su análisis».

Por ello, rechaza la petición de uno de los investigados para levantar ese secreto de las actuaciones y considera que el conocimiento público de esa información «podría suponer la puesta en grave riesgo de su resultado», lo que constituye una de las causas recogidas en la Lecrim para justificar la declaración del secreto sumarial.

Así, incide en que en este caso el «sacrificio» del derecho de defensa que supone la declaración de secreto de la causa «se justifica plenamente y de forma ponderada y efectiva, en aras a la obtención de un bien aún mayor, del principio de justicia y la consecución de la misma».

Los investigados quedaron el libertad el pasado 28 de junio en una causa abierta por prevaricación y malversación por presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el instructor, aunque investigados en el procedimiento.

Rodríguez presentó el 2 de julio su renuncia a la presidencia de la institución provincial y a la alcaldía de Ontinyent. De hecho, la Diputación celebra hoy sesión plenaria para tramitar de forma oficial la renuncia del hasta ahora presidente de la corporación. El pleno, que arrancará a las 11.30 horas, debía ser de trámite -porque únicamente debía darse lectura al escrito de renuncia presentado en el registro por Rodríguez-. Pero la portavoz del PP, Mª Carmen Contelles, ya advirtió en la junta de portavoces del pasado martes que solicitaría un turno de palabra para valorar lo ocurrido en la corporación provincial. Desde que se produjeron las detenciones de la cúpula de la corporación provincial, junto a la de los dos cogerentes de Divalterra, la actividad de la Diputación se ha visto condicionada.

Eso sí, el equipo de gobierno provincial sí que tuvo tiempo de anunciar el pasado lunes la decisión de llevar a cabo un «cierre ordenado» de la empresa heredera de la vieja Imelsa. PSPV, Compromís, EU y Valencia en Comú vinieron a asumir su incapacidad para combatir la corrupción, a pesar de que Imelsa ya era, desde la época del PP, una empresa salpicada por prácticas irregulares y en el punto de mira de los tribunales.

El equipo de gobierno de la corporación provincial ha querido poner el acento -desde que anunció el cierre de Divalterra- que su prioridad pasaría por salvaguardar los derechos de los empleados de la firma. Pese a ello, desde el Consell ya se ha advertido de las dificultades jurídicas y laborales de poder asumir un personal cuyas tablas retributivas no coinciden con la del personal de la administración autonómica.

El aviso del Gobierno valenciano ha llevado a la corporación provincial a estudiar también la posibilidad de que sea la propia Diputación la que asuma el personal de Divalterra. Esa posibilidad, planteada por el propio Rodríguez tras estallar el escándalo de Víctor Sahuquillo -que derivó en su destitución como cogerente de la empresa provincial- acabó en fracaso y el eventual pase de los brigadistas al consorcio provincial de bomberos no llegó a llevarse a cabo. La cercanía del horizonte electoral también dificulta ahora cualquier medida.