La Diputación vuelve a enredarse con el control de los contratos de los directivos

La reunión «extraordinaria y urgente» de la comisión de Hacienda de la Diputación de Valencia celebrada ayer para modificar el acuerdo de 2016, el que dibujó el marco legal sobre el que se produjeron los nombramientos en Divalterra, volvió a evidenciar las discrepancias respecto a cómo debe efectuarse el control de las designaciones de altos cargos de las empresas de la corporación provincial. Tras un receso de cerca de hora y media por discrepancias técnicas sobre el contenido del acuerdo, la comisión acabó aprobando un texto –que se leyó, pero que no se entregó a los grupos– en el que se hace una vaga referencia al cumplimiento de la legalidad.

El acuerdo inicial que se puso ayer sobre la mesa, tal y como informó este diario, modificaba de forma sustantiva el acuerdo de septiembre de 2016, que establecía que las mercantiles de categoría I, como Divalterra, podrían disponer de un máximo de diez puestos de alta dirección. El nuevo texto fija en tres ese máximo de puestos, además de establecer que ese personal será nombrado con arreglo a criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

Pero el enredo ayer se produjo con el párrafo posterior. El documento hacía referencia a que los contratos de directivos del sector público «se someterán, antes de formalizarse, al informe previo de la Jefatura de Unidad de Control Financiero de la Diputación o, en su defecto, de quien determine la junta de gobierno a propuesta del diputado delegado de Hacienda». El texto propuesto por el secretario de la institución señalaba por tanto al interventor de la corporación provincial como el encargado de vigilar esos nombramientos antes de que se formalizaran.

Pero el responsable de la Intervención no lo vio así y ayer mostró su discrepancia respecto al contenido de un texto que incorpora una referencia de la legislación estatal que, en realidad, atribuye esa responsabilidad a la Abogacía del Estado. ¿Y entonces, quién debe asumir esa función? La solución final, receso de hora y media mediante, el que anunció el diputado de Hacienda, Vicent Mascarell. Un texto leído en el que se modifica el párrafo que hacía referencia a ese control previo de los nombramientos y se hace una referencia genérica al cumplimiento de la legalidad.

La explicación no le sirvió al PP valenciano, que preguntó por los motivos de modificar un texto que se había llevado a una comisión convocada de forma extraordinaria y urgente. La falta de explicaciones y de informe jurídico que avalara el cambio provocó que los populares no sólo votaron en contra de esa urgencia en la tramitación, sino que también anunciaran la presentación de un recurso contra el texto –que muy probablemente obligue a suspender la entrada en vigor del acuerdo–.

Los populares llegaron a preguntar si es que la urgencia obedecía a razones vinculadas a la falta de ajuste legal del texto aprobado en 2016 –en el que no se hacía referencia alguna a ese control previo de los nombramientos–. El diputado de Hacienda se limitó a señalar que no podía confirmar ni desmentir que el texto aprobado entonces fuera legal o todo lo contrario.

La trascendencia del texto modificado remite directamente al caso Alquería, el proceso judicial que llevó a la detención del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y a sus más estrechos colaboradores. Porque el origen del caso está vinculado con el nombramiento de altos directivos en la empresa pública Divalterra –un máximo de diez, según permitía el acuerdo– y con la falta de control y de adecuación de los perfiles elegidos.

La corrección que ahora se aprueba limita a tres los contratos de alta dirección –tal y como ocurre en esta empresa de la Diputación desde la llegada al cargo de Toni Gaspar–, con un tope de remuneración, en el caso de esta empresa pública, de 72.524,01 euros.

Un informe del interventor, con fecha de enero de 2018, ya aludía a la ausencia de su control en lo referido a los gastos vinculados a los altos directivos de las empresas de la corporación provincial.