El diputado Castelló, sobre la trama del agua de Sagunto: «Yo era un simple vocal de la mesa»

Las pesquisas sobre la conocida como trama del agua de Sagunto se basan en la constitución de Aigües de Sagunt (empresa mixta entre Ayuntamiento y Aguas de Valencia). La jueza analiza si la operación pudo ocasionar un perjuicio de hasta 24 millones de euros en las arcas públicas. La instructora acaba de prorrogar la investigación hasta abril de 2021.

La causa, en la que están investigados buena parte de los integrantes del ex equipo de Gobierno, compromete también al diputado popular Alfredo Castelló, quien fue alcalde de la capital de Camp de Morvedre tras las elecciones de 2007. Su situación resulta atípica. No está formalmente investigado en la causa por su condición de aforado. Es diputado en Les Corts y sólo el TSJ podría citarlo como imputado. Pero para ello, la instructora debería enviar una exposición motivada con los indicios que aprecia en la actuación del exedil. De hecho, anunció que esa era su intención. Fue entonces cuando el diputado popular presentó un extenso escrito en el que trata de desmontar las acusaciones y frenar esa imputación formal. En definitiva, asegura que las supuestas irregularidades, en caso de existir, son previas a su toma de posesión como alcalde. El pleno municipal fue de mayo de 2007. Y entonces se recoge un acuerdo de la mesa de contratación que decide que la oferta de Aguas es la mejor. La función de Castelló "era meramente testimonial siendo un simple vocal de la mesa de contratación y un concejal de la oposición del Pleno de la Corporación", incorpora el texto exculpatorio del diputado.

Castelló no fue alcalde hasta junio de 2007. La formalización del contrato, no obstante, se produce a los nueve días de llegar al cargo. "Me limité a cumplir un acuerdo de Plenario de una sesión que no dirigí, con la previa propuesta de una Mesa de Contratación que no presidí y con todos los informes preceptivos favorables. Cualquier otra decisión hubiera sido claramente contraria a derecho", argumenta ante la jueza. Es más, recuerda Castelló que fue él quien elevó consulta al Consell Jurídic Consultiu acerca de las diferentes interpretaciones del contrato.

Parte de la disputa radica en si el Ayuntamiento debió aportar o no su parte (12 millones) en la constitución de la empresa mixta. La realidad es que no lo hizo. Pero la defensa de Castelló sostiene que no existe ningún documento en el que el Consistorio, que integra el 49% de la sociedad, debiera realizar una aportación a la propia corporación. Todo esto se debe a una deficiente "interpretación" del contrato.

El ahora diputado carga contra el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al que critica que intente ocultar la verdad al no recoger que parte de la controversia fue resuelta en una sentencia de la Audiencia, ratificada posteriormente por el TSJ, y que eso no se incluye en el dosier policial. "¿Es esto buscar la verdad? No, desde luego, es una triste manera de ocultar la verdad en una investigación judicial", lamenta.

El diputado popular revalidó su escaño en Les Corts en las últimas elecciones. La dirección del PP volvió a contar con el exalcalde de Sagunto ya que la jueza frenó, al menos en aquel momento, su intención de llevar la causa al TSJ. Pero la instructora todavía no ha resuelto esta cuestión. Hasta la fecha tampoco Anticorrupción, que asumió esta causa, se ha pronunciado.