Los diputados de Les Corts quieren cobrar un finiquito o el paro tras su mandato

Como las olas que van y vienen, en Les Corts, en cuanto se habla de dinero, aparecen las condiciones laborales de los diputados, que para muchas de sus señorías no están del todo claras. Es por ello que cada vez que se celebra la Comisión de Gobierno Interior (que es secreta, alegando que allí se habla de temas de la plantilla, cuando eso podría tratarse al margen de los parlamentarios, a través del departamento de Recursos Humanos), asoma el poderoso caballero don dinero. En febrero, en la penúltima comisión, se habló del tema. Y hace un mes, en la última, también. Y esta misma semana, sin comisión ni nada, pero celebrada una Mesa de Les Corts, los asuntos materiales volvieron a aparecer en mitad de las conversaciones sobre el servicio público y el bien común de los valencianos. Los parlamentarios, como diputado raso y si no participan en ninguna comisión (algo inusual) reciben un mínimo de 44.000 euros que, generalmente, se sitúa en torno a los 60.000 a poco que participen el alguna comisión, o en varias, y residan fuera de Valencia y su área metropolitana, que son la mayoría. Pero no cotizan, así que no cobran paro. Sus señorías insisten en que esto cambie. Como explica un síndic de Les Corts: «Se ha pedido ya mil veces. Siempre esta encima de la mesa». La intención de los grupos parlamentarios es que el presidente de Les Corts, Enric Morera, reitere esta reclamación ante el Congreso de los Diputados y que, mientras, ante la absoluta indiferencia de los diputados y senadores nacionales, se establezca desde Les Corts una indemnización, y se ha llegado hasta a barajar una cifra de entre 30.000 y 40.000 euros para cada diputado que ocupe escaño durante la legislatura completa.

Aunque algunos síndicos admiten que el asunto «siempre está», otros se hacen los despistados y admiten «haberlo oído». Hay pocas ganas de asumir el coste de esa petición, y por ello se insta a que sea el propio Morera quien se haga cargo de gestionar que desde Madrid se actúe sobre la ley o que el nacionalista, como presidente de Les Corts, decida crear una partida que representaría, el año en que se tuviera que pagar como el actual, más de un 10% del total del presupuesto de la Cámara. Por ahora, no parece que Morera tenga ganas de asumir personalmente, sin una petición clara y por escrito de los grupos parlamentarios, del coste financiero, pero también el político, de cubrir económicamente una contingencia que la ley no contempla.

Una diputada de Compromís, Teresa García, ya presentó un escrito en este sentido, reclamando a la Cámara una indemnización, petición que fue denegada por los servicios jurídicos parlamentarios. La parlamentaria del Bloc consideraba, según la alegación presentada en Les Corts, que mientras se cambia la ley por la cual no puede cobrar el paro, se debe establecer una compensación económica que pueda suplir la prestación por desempleo que no va a cobrar, y además consideraba que debería percibir el importe propio de la prestación que no puede recibir, teniendo en cuenta la base de cotización de la nómina (34.000 euros) que percibía como diputada en la Cámara. Esa indemnización, multiplicada por los 99 parlamentarios, supondría cerca de 3,5 millones.

Se trata de un tira y afloja entre la institución y los partidos políticos enmarcado en el pulso que Morera inició hace ya años con el fin de contar con unas cuentas lo más transparentes posibles, tal y como le reclama el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes.

El cobro de una compensación, de un finiquito, ante la falta de cotización genera también dudas razonables en los servicios jurídicos de la Cámara. Porque si se establece de modo general para todos los diputados, se daría el caso de que aquellos que se reincorporasen a una actividad anterior recibirían ese dinero sin haberse quedado en el paro. Tal es el caso de los funcionarios. En cualquier caso, se podría establecer el derecho a cobrar mensualmente una cantidad si no se percibe ningún otro ingreso. En cualquier caso, lo lógico, por tanto, sería cambiar la ley estatal, algo que sólo puede hacerse en el Congreso y el Senado por la voluntad política de los partidos en Madrid, donde sí cobran una indemnización mensual siempre que hayan sido parlamentarios al menos dos años y que oscila entre los 150 y 160 euros por día.

En Aragón, su cámara autonómica ya acordó una cesantía por haber ocupado cargo público. Y lo mismo ocurre en Extremadura, donde se acordó que «hasta que el convenio especial con la Administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo, los diputados y diputadas, al perder la condición de tales por extinción del mandato, podrán percibir una asignación para su adaptación a la vida laboral o profesional en términos que acuerde la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de portavoces, incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso económico, retributivo o asimilado», según el pacto establecido en 2018.