Los diputados tendrán que justificar las dietas y los grupos, las contrataciones

valencia. El descontrol de los gastos de los grupos parlamentarios tiene fecha de caducidad en Les Corts. El presidente de la Cámara, Enric Morera, ha elaborado un documento que ya tienen los grupos parlamentarios con unas normas para justificar las subvenciones que los partidos con representación en el hemiciclo se reparten cada año. Una aportación de dinero público de 3,7 millones de euros -14,8 millones de euros esta legislatura- y que escapa del control fiscalizador de la Sindicatura de Comptes, que en su informe anual refleja la queja de que el dinero que manejan los partido se instala en la opacidad.

Morera se ha marcado el objetivo de que los diputados justifiquen hasta el último gasto de sus dietas con dinero de Les Corts y que los grupos se sometan a las reglas de la contratación pública, que viene regulada por ley, en cualquiera de sus movimientos. Los partidos políticos siempre han rechazado que sus cuentas parlamentarias se sometan al veredicto de la transparencia y han buscado todas las puertas abiertas para escapar del control económico. Muchos de los gastos que realizan a lo largo de la legislatura tienen que ver poco con la actividad parlamentaria, por lo que no quieren verse atados por las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes o por la Intervención de la propia Cámara regional.

El primer informe que tendrán que entregarán los grupos es una cuenta justificativa de la subvención recibida cada año. El documento que tendrán que aportar a la Mesa de Les Corts debe incluir el balance, la cuenta de resultados y la memoria, que es básicamente lo que se entrega ahora mismo al órgano rector de la Cámara.

Una de las novedades incluida en el documento es que los gastos contabilizados tendrán que ir acompañados de un soporte documental que garantice que realmente ese abono se ha realizado. Los gastos del personal tendrán que acompañar una copia de las nóminas, comprobantes bancarios de los pagos así como el abono de impuestos y retenciones. Hay una partida exclusiva para la contratación de personal.

Además, y este es uno de los asuntos que puede encontrar el rechazo de los grupos, a partir de ahora las contrataciones se deberán realizar siguiendo la normativa establecida. Si el grupo realiza un contrato menor será suficiente presentar una factura acreditativa o ticket de compra. Además, en los pagos por transferencia se deberá aportar el justificante bancario y si es en metálico el correspondiente recibo con indicación de la cuantía que se ha gastado, ticket con la firma legible del perceptor y su NIF. Un alto cargo de la Mesa, por ejemplo, pasa hasta la compra de un bolígrafo en una papelería.

En los contratos que no sean de carácter menor -obras superiores a 40.000 euros y 15.000 euros en caso de servicios- los grupos deberán seguir la misma pauta que el resto de los departamentos de la administración valenciana. De esta manera, habrá que pedir al menos tres ofertas para un expediente. Les Corts entiende que el dinero que utilizan los grupos es público y deben responder por ello de la misma manera que la propia Cámara.

La liquidación de las dietas de los diputados es otra de las patatas caliente por abordar. Un dinero sobre el que nunca se pone un foco de luz y que los grupos manejan sin control alguno. Algunos partidos con representación pagan a determinados diputados hasta sobresueldos para engordar las nóminas. El PP utiliza este mecanismo desde hace mucho tiempo.

Este puede ser uno de los grandes problemas en la negociación de los grupos porque utilizan la subvención para completar muchos de los gastos de sus parlamentarios, que en ocasiones realizan funciones que no tienen que ver con su labor de diputado sino como cargo del partido. Morera reclama una liquidación mensual en dietas de los grupos y tendrá que aportarse la declaración jurada del diputado con la indicación del desplazamiento además de la fecha, origen, destino y kilometraje. Los gastos deberán incluir los correspondientes tickets.

Además, se tendrá un celo especial con las aportaciones económicas que los grupos transfieren al partido y que están permitidas según la Ley de Financiación de Partidos Políticos. El presidente de Les Corts reclamará a los grupos el acuerdo que certifique la cantidad a traspasar, el justificante bancario de la aportación y los partidos tendrán que remitir a las direcciones de los grupos una justificación sobre el destino dado al dinero recibido de la subvención pública y atendiendo a la normativa de contratación. Toda esta información se deberá aportar en un anexo.

Toda la documentación será remitida a Les Corts para ser elevada al órgano de Intervención, que tendrá que elaborar un informe para verificar si las cuentas se ajustan a la legalidad y efectuar los reparos correspondientes. Después, la Mesa devolverá a los grupos los documentos originales. Además, el plazo para justificar los gastos de las subvenciones vencerá el 31 de enero y no presentar la documentación conllevará que se paralice la ayuda a los grupos que no cumplan la normativa.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, al inicio de la legislatura ya advirtió a los grupos parlamentarios de que no toleraría en esta legislatura la libertad que existe en el manejo de las ayudas millonarias que reciben para hacer frente a sus gastos. Y Morera ha encontrado un aliado de peso en el Tribunal de Cuentas, que el pasado mes de marzo redactó un documento en el que blinda la función de los Parlamentos regionales de fiscalizar el gasto de las subvenciones parlamentarias. De hecho, la labor que realiza la Asamblea de la Región de Murcia es uno de los modelos a seguir.

Morera, además del respaldo del Tribunal de Cuentas, tiene en la mano la autoridad que le concede el Reglamento de Les Corts Valencianes, que exige a los grupos la máxima transparencia posible y la entrega de los justificantes.

Los grupos, en especial los mayoritarios, siempre se han enrocado en su posición de no querer que entre la luz en las cuentas más opacas que existen en la administración valenciana. Los socialistas y los populares son los más reacios en justificar con documentos sus gastos internos. Ciudadanos por su parte sí que maneja un documento para dar transparencia a las subvenciones. El acuerdo necesita el sí de la comisión de Gobierno Interior.