Los diputados cobrarán un 'paro' de Les Corts incluso si deciden dimitir

La prestación por desempleo máxima está en torno a los 1.200 euros, que cobran solo los desempleados gracias a unas cotizaciones que en la Cámara no se han podido establecer y, sobre todo, si son despedidos. Sin embargo, en Les Corts, los que puedan cobrar ese supuesto paro (diputados no funcionarios, y que no estén en edad de jubilación) lo harán tanto si acaba la legislatura y, por tanto, su mandato, como si ellos voluntariamente dimiten.

«Como está planteado, si cumple los requisitos y lo puede cobrar, lo cobraría», ha indicado el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, impulsor del consenso entre todos los grupo. El portavoz popular ha insistido en que «desgraciadamente, no nos podemos ajustar exactamente a las condiciones de un trabajador por cuenta ajena, porque la ley no nos lo permite a mí. Si me pregunta a mí, personalmente, me gusta ser tratado de la misma manera y que se modificasen las leyes para que se pudiera hacer así». Los populares, así como los socialistas, podrían haber aprobado ese cambio legal en el Congreso, pero nunca lo han hecho. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha admitido que no sabe por qué, y eso que el nacionalista también ha sido diputado nacional durante una docena de años. El socialista José Muñoz ha asegurado que «la voluntad a medio o largo plazo es que esto ocurra». A corto plazo, la voluntad triunfante ha sido la de arreglarse una prestación al margen de la cotización.

Los síndicos, además, han incidido en que la medida (aún por cuantificar de manera aproximada porque ni los propios grupos han podido señalar cuál será la cantidad necesaria para cubrir esas prestaciones) «no va a suponer ni un euro más para los valencianos y valencianas, por si alguien tiene algún tipo de duda, ni un euro más». Y será así, según ellos, porque la prestación pretenden sacarla de los remanentes que cada año devuelve Les Corts al Consell y que, hasta ahora, por ley, debe devolverse a las arcas de la Generalitat, a la que no le sobra el dinero.

El parlamento valenciano cuenta con un presupuesto que, el año próximo, será de 35.641.400 millones de euros, un 2.38 % más que en este ejercicio. «Esto se debe, entre otras cosas, a la renovación del sistema de seguridad del parlamento valenciano (la última renovación fue hace 40 años y costará 400.000 euros), la renovación de uniformes para trabajadores o el aumento de ayudas sociales al personal», según señaló este martes la propia Cámara, ya que el presupuesto recibió la luz verde en la misma comisión en la que se aprobó la supuesta «prestación por desempleo». Lo que no se ejecuta del presupuesto se devuelve al Consell, para que lo utilice en otras partidas al año siguiente. Pero ya no se devolverá todo, porque será de ese remanente, los antiguos «ahorrillos» del parlamento, de donde saldrá ese «paro» especial que han creado los diputados. De esta manera, se pretende incumplir la ley de presupuestos que obliga a instituciones como Les Corts, el Consell Jurídic Consultiu o el Consell Valencià de Cultura (CVC), a revertir sus remanentes, y entrar en ese espacio de excepcionalidad en el que ya se ha situado la Sindicatura de Greuges.

Este año se reintegraron del presupuesto de 2023 unos 9,45 millones de euros de Les Corts, 1,46 millones de la Agencia Antifraude, 532.000 euros del Jurídic, 453.000 euros del CVC, 440.800 euros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 135.000 euros de la Sindicatura de Comptes y 123.000 euros del Comité Econòmic i Social. La Sindicatura de Greuges está exenta y Les Corts ha decidido que ellos también lo estarán, en parte, aún no saben de qué parte, la cantidad. Los diputados están a la espera de los informes técnicos.

Los grupos de Les Corts (PP, PSPV, Compromís y Vox) han defendido el acuerdo unánime. Consideran que beneficia a la actividad política, equipara al parlamento valenciano con el resto de cámaras autonómicas y no supone ningún «privilegio».

La indemnización se pagará a los diputados que abandonen el escaño tras haberlo ocupado durante un mínimo de 18 meses, dimitiendo o porque finalice la legislatura. No tendrá carácter retroactivo, se abonarán durante un máximo de dos años y no serán compatibles con puestos en la Administración o en la empresa privada. Entrarán en vigor cuando se publique el acuerdo en el Boletín de Les Corts.

Pérez Llorca ha agradecido a todas las formaciones su «valentía» por llegar a un acuerdo que, según ha recalcado, se da «en todas las asambleas de todas las autonomías de España» y que «solo le faltaba a la Comunitat». Además, ha defendido que este acuerdo es «bueno para el parlamentarismo y la actividad política». El síndic del PP ha afirmado que se intenta establecer una indemnización por paro «lo más similar posible» a los trabajadores por cuenta ajena, dado que, «desgraciadamente», al impedirlo la ley, no pueden ser «exactamente igual». Y ha negado que esta situación otorgue «un privilegio» a los diputados.

«En estos momentos, ninguno de los diputados podría cobrar esa prestación por desempleo porque ninguno llega a los 18 meses», ha afirmado el síndic del PP. Ahora mismo, si hoy se disuelve el parlamento y se convocan elecciones, «ningún diputado podría cobrarla» al no haber transcurrido este periodo de tiempo.

Muñoz ha insistido en que los políticos tengan «el mismo derecho que cualquier trabajador» a cobrar por desempleo. «Aquí no vamos a tener ni más ni menos derechos», ha remarcado, aunque ha reconocido que es «una opinión impopular», ha defendido la necesidad de que pueda acceder a la política gente con pocos recursos para no «perder la representatividad de gran parte de la población».

Baldoví ha coincidido en la necesidad de regular la «anomalía» de que los exdiputados de Les Corts no cobraran esta prestación, ya que es algo «regulado en casi todos los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales». «Es una cosa absolutamente normal», ha subrayado. Respecto a si lo exdiputados cotizarán a la Seguridad Social, ha explicado que su grupo propuso en la comisión que lo pudieran hacer «de una manera u otra», pero «los letrados dijeron que no era posible».

El síndic de Vox, José María Llanos, también ha defendido el acuerdo por «igualdad, justicia y equiparación» con el resto de trabajadores que se quedan en paro, además de subrayar que «no es un finiquito ni una compensación». Lo que, desde luego, no es, con toda seguridad, es el paro, aunque Llanos ha hecho hincapié en que el documento es «muy restrictivo», progresivo a partir de 18 meses trabajados, «y desde ese momento se pagará una cantidad con una progresión hasta un total de 69 meses trabajados».

«Si solo pueden dedicarse a la política los que después de haber cesado en el cargo tienen ya cubiertas sus necesidades económicas estaremos diciendo como en la antigua Roma: cursus honorum. Y eso, desde luego, no nos parece que en estos tiempos y en democracia se pueda defender», ha argumentado Llanos, que no cobraría esa prestación «de ninguna manera» si cesa porque él es funcionario.