Los directivos de Divalterra investigados guardan silencio ante el juez

Cuatro directivos supuestamente enchufados por la dirección de Divalterra se han acogido a su derecho a guardar silencio en el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, órgano que instruye la causa. Se trataba de Pau Perez, José Luis Melero, Maria Soledad Torija y Raúl Ibañez, cargos de la coalición nacionalista de Compromís.

Su imputación se produjo después de que la policía apuntara en un informe enviado al juez que investiga la contratación irregular de altos directivos en Divalterra que Compromís presuntamente se benefició de la fraudulenta incorporación de personal a la empresa pública. El análisis policial, a partir de datos de la Agencia Tributaria, revela que las aportaciones económicas de tres de los directivos de la sociedad -origen de la macrocausa de Imelsa- aumentaron tras su entrada en la empresa pública.

Precisamente el dosier se centraba en los casos de Pau Pérez Ledo que declara en 2015 aportaciones por un importe de 86 euros, mientras que en los siguientes ejercicios su colaboración con el partido se dispara a 720 euros. Idéntico es el caso de Raúl Ibáñez en su ayuda económica a la coalición nacionalista. Otro de los directivos bajo sospecha, José Luis Melero, también pasa a ingresar 720 euros frente a los 644 que donaba antes de su llegada a Divalterra. En el mismo dosier, incorporado a la causa que mantiene investigado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a todo su núcleo de confianza, se llamaba la atención respecto a que esa situación, el aporte del dinero al partido, no se produce con los dirigentes socialistas.