Directivos investigados en Divalterra declaran que nadie les avisó de la ilegalidad de las contrataciones

A. Rallo

Valencia

Viernes, 7 de junio 2019, 12:35 | Actualizado 16:23h.

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Los altos directivos de Divalterra que fueron colocados por el partido socialista en la empresa pública estaban convocados hoy por el juzgado en calidad de investigados por el caso Alquería, donde está imputado el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, y su núcleo de confianza. El juez había llamado a Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenia, Víctor Jiménez y Vicente Lucas. Estos responsables ocuparon puestos de alta dirección en la empresa sin realizar realmente tareas de esa envergadura. Femenia y Ferri sí aceptaron declarar. El resto se acogió a su derecho a guardar silencio como ya hicieran el pasado lunes los directivos investigados por parte de Compromís: Pau Perez, José Luis Melero, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez.

Los dos imputados aseguraron que sí realizaban labores propias de un directivo, algo que el informe de la Intervención General del Estado pone en entredicho. De igual modo, añadieron que en ningún momento les advirtieron de que su contratación era ilegal y que sólo tuvieron noticia de esa circunstancia cuando abandonaron sus responsabilidades.

El informe de la Intervención es una de las piezas clave con las que cuenta la Fiscalía para elaborar su acusación sobre la fraudulenta incorporación de personal a la empresa pública. El órgano auditor detalla toda una serie de irregularidades que finalmente supusieron un coste de 1,2 millones de euros a la empresa pública. Otro análisis policial, a partir de datos de la Agencia Tributaria, revela que las aportaciones económicas de tres de los directivos de la sociedad -origen de la macrocausa de Imelsa- aumentaron tras su entrada en la empresa pública. Todos los investigados experimentaron un notable incremento de sus nóminas al entrar en Divalterra. En algunos casos pasaron de 20.000 euros a cerca de 60.000. euros anuales. Evidentemente, en las contrataciones se prescindió de cualquier proceso de selección abierto y con publicidad. Todos los elegidos eran afines a los dos partidos que gobernaban la empresa: PSPV y Compromís.