Así hemos contado el juicio del caso Erial de este jueves

Dejamos aquí, por el momento, la retransmisión de esta primera e intensa jornada del juicio del caso Erial.

El juicio sigue con la abogada del último de los acusados que todavía no ha planteado sus cuestiones previas. La letrada aporta documentación de otro procedimiento en el que está Marcos Benavent.

El fiscal recuerda que el tribunal podrá creer o no una declaración, pero no tiene cabida la expulsión de una declaración, en este caso, la del testaferro. No ve problema en que una persona cambie su condición procesal, de investigado a testigo, sin ningún problema. Aparte de aportar 6,5 millones de euros.

El letrado de Zaplana y la abogada de Mitsuoko se suman a la petición.

La paciencia del presidente del tribunal está bajo mínimos ante lo que considera una falta de capacidad de síntesis del letrado de Grau. Pero sigue el profesional exponiendo sus cuestiones previas. Pide ahora que se excluya la declaración del testaferro Belhot porque está viciada desde su origen

El letrado de Grau continúa planteando nuevas cuestiones previas. No se ha recogido la necesidad del registro del despacho de su representado.

Es el último de los acusados que está cumpliendo el trámite de las cuestiones previas.

La defensa de Francisco Grau, el asesor fiscal de Zaplana, alega que buena parte de la información que se ha obtenido de su representante fue conseguida por la UCO sin soporte judicial.

El tribunal no ha parado la vista en toda la mañana. Desde las diez y media que comenzó la vista. Da la sensación de que quiere terminar hoy con las cuestiones previas pese a que se reservó también la jornada del viernes.

Continúan las cuestiones previas de otros acusados, con menor importancia en la causa, como Pedro Romero, el que fuera peluquero de Zaplana por unas inversiones en Alicante, en terrenos anexos a Terra Mitica.

El abogado Suances solicitó a la juez declarar en esta causa. «No se nos ha llamado». Del mismo modo, también reclamó el expurgo de determinada documentación que se requisó en su despacho profesional. Recuerda el profesional que no se puede prescindir de esa diligencia, la declaración en instrucción pedida por el interesado, antes de cerrar un procedimiento.

Es el turno de Saturnino Suances, hermano de Elvira Suances. Su tono parece más propio de un político en pleno mítin. Alega la debilidad de los indicios para imputarle en esta causa por las conversaciones que mantuvo con su cliente, el propio Joaquín Barceló.

El letrado de Olivas no entiende cómo su representado está sentado en el banquillo y no están los representantes de las empresas que se beneficiaron con las adjudicaciones. Lo rechazan. La defensa alega ahora «cosa juzgada» para dejar a su cliente fuera del procedimiento. Recordemos que Olivas ya fue condenado en su momento por falsedad al utilizar una factura falsa para pagar menos a Hacienda. Era la misma cantidad que ahora se sostiene que es una mordida y, por tanto, se trataría de un cohecho.

El fiscal responde. La imputación se produce en 2018. Y los pagos del cohecho, dos abonos, se producen en 2004. No han pasado los 15 años que sería el límite, según el fiscal. El tribunal se pronunciará en sentencia.

El letrado alega la prescripción del delito de prevaricación. Rechaza la existencia de un delito continuado.

El abogado pide la declaración testifical de un perito que elaboró un informe favorable a Olivas. El tribunal lo admite.

De momento, no hay recesos. Continúa la vista con las peticiones del letrado de José Luis Olivas.

La letrada de Mitsuoko, secretaria de Zaplana, aborda ahora otras cuestiones. No quiere que Fernando Belhot, el testaferro del exministro, declare por videoconferencia. Quiere que esa comparecencia sea presencial.

Muy significativo lo de Barceló. La conformidad está cada vez más cerca.

Ahora es el turno del letrado de Joaquín Barceló, uno de los acusados que ha negociado una conformidad. Hasta el momento, no había intervenido en el resto de cuestiones previas planteadas por sus compañeros. No tiene más cuestiones, más allá de acogerse a la petición del fiscal de dejar fuera del procedimiento a la mujer de su defendido.

El fiscal responde ahora. Mantiene que su escrito está perfectamente definido y apela al criterio subjetivo de las defensas acerca de plantear esas nulidades. La Audiencia responde que esta cuestión es algo que se verá a lo largo del juicio.

Saturnino Suances, que se defiende él mismo, pide dejar fuera del juicio su caso y el de su hermana. Se nos dice que el dinero es delictivo porque se desconoce la procedencia. Falta concreción fáctica, sostiene.

El letrado de Zaplana vuelve de nuevo a tomar la palabra. El profesional ignora por qué se le acusa de prevaricación y falsedad en documento mercantil. No sé qué estrategia articular en base a la falta de explicación del escrito de la Fiscalía, argumenta el abogado.

La Audiencia no pierde el tiempo. No admite la cuestión de las defensas. Tratará la argumentación en la sentencia. Los letrados protestan

La doctrina del hallazgo casual es perfectamente válida. ¿Qué iba a hacer la Guardia Civil? ¿Cerrar los ojos ante un delito?. El juzgado de Instrucción 18 envía el caso al decanato para su reparto y de ahí llega al Juzgado de Instrucción número 8, que abre la investigación que ahora ha desembocado en este juicio.

«Hubo consentimiento por parte del titular de ese despacho». Tampoco Marcos Benavent planteó ninguna objeción a esta actuación policial.

Momento para el fiscal. Recuerda que estos planteamientos ya fueron resueltos por la sección Quinta de la Audiencia. La Fiscalía responde que los letrados están defendiendo derechos ajenos porque el propietario del despacho, el abogado de Marcos Benavent, nunca alegó esa vulneración de derechos. El letrado, Ramiro Blasco, debe declarar como testigo en esta vista.

De momento, los abogados de Joaquín Barceló, los Cotino y el letrado de Juan Francisco García no se han sumado a las cuestiones previas que plantea el abogado de Zaplana. Son precisamente los acusados que pueden haber alcanzado un principio de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

De momento, los abogados de Joaquín Barceló, los Cotino y el letrado de Juan Francisco García no se han sumado a las cuestiones previas que plantea el abogado de Zaplana. Son precisamente los acusados que pueden haber alcanzado un principio de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

Tiene la palabra el abogado de Francisco Grau, el que fuera asesor fiscal de Zaplana.

Saturnino Suances se queja del registro que sufrió en su propio despacho profesional. «Una inaudita actuación policial absolutamente prospectiva».

La defensa entiende que ese «hallazgo casual» no estuvo amparado por el auto del juzgado de Instrucción. Y pone como ejemplo otras situaciones donde sí se hizo de esta forma. Por ejemplo, en el registro de la empresa Elecnor, diligencias que afectan al exconseller de Industrai, Fernando Castelló, donde se para la actuación y se pide amparo al juzgado para incluir esa documentación.

En cambio, se iniciaron toda una serie de «gestiones» para saber si las sociedades existen y a qué podría deberse su constitución. Sin duda, para el letrado, «una investigación prospectiva».

Estos hechos conectan, en realidad, el caso Imelsa con el caso Erial. La investigación se seguía en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Pero los agentes no se ponen en contacto con el juzgado para anunciar que han encontrado indicios de otros delitos. «Deberían haber ampliado esa entrada y registro. Pero no se hizo».

El abogado se centra en el registro del despacho del abogado de Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa. Allí se encontraron los supuestos documentos incriminatorios. «Nos parece aberrante que se entre en el despacho de un abogado para recopilar información para la defensa del defendido».

Capítulo cerrado. Vamos ahora con las nulidades. Turno, de nuevo, para el letrado de Zaplana. Empieza por el hallazgo de la documentación, lo de la hoja de ruta.

El inicio de la investigación, en realidad, resulta rocambolesco. ¿Recuerdan lo de aquel ciudadano sirio, vinculado al CNI, que se encontró unos papeles en la casa donde vivió Zaplana?

Los magistrados rechazan los argumentos de las defensas. El caso seguirá en este Audiencia. Todos los abogados protestan.

El presidente del tribunal es Pedro Castellano, expresidente de la Audiencia de Valencia.

En realidad, esta cuestión, la de la competencia, ya fue resuelta por otra sección de la Audiencia, la quinta, cuando se instruía el caso. Veremos qué hace el tribunal.

También en Valencia se encuentran los indicios que dan lugar a la investigación. De igual modo, sostiene el fiscal que el dinero también retorna a España, por ejemplo, con Juan Francisco García, que lo incorpora a otra cuenta española.

Turno para el fiscal. Expone que los delitos se han cometido aquí, en España. Admite que existe esa competencia que alegan los letrados, pero esa interpretación debe ser «restrictiva». Debe primar la territorialidad, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. «El dinero se paga aquí con independencia de dónde se lleve». La transferencia de los fondos no determina que se produzca en Luxemburgo. Fue aquí, en Valencia, donde se materializa el concierto. Y también aquí se producen las adjudicaciones fraudulentas.

Prácticamente todas las defensas se van sumando, con pequeños matices, a la teoría de que el caso se debe llevar a la Audiencia Nacional.

Saturnino Suances se suma al relato del abogado de Zaplana. «Todo es en el extranjero». De hecho, recuerda que el ingreso al juzgado de siete millones de euros, en teoría de Zaplana, se produjo desde una cuenta en Suiza.

La abogado de Mitsuoko, secretaria personal de Zaplana, respalda la tesis del abogado del expresidente. La competencia sería de la Audiencia Nacional.

«No tenemos ninguna razón para ir a la Audiencia Nacional en busca de ninguna ventaja. Pero no se ha respetado el derecho al juez predeterminado por la ley y eso es una garantía básica».

El letrado resume que, al final, el único delito que parece haberse cometido en España es la prevaricación, siempre en la tesis de las acusaciones. Pero esto sería irrelevante porque se juzgarían con los ilícitos castigados con mayor pena, es decir, los que son competencia de la Audiencia Nacional.

Saturnino Suances, hermano de Elvira Suances, es otro de los acusados del caso Erial. Se da una circunstancia especial. El procesado se representa a si mismo. Se sienta en estrados y no con el resto de acusados.

La defensa aborda ahora el supuesto delito de blanqueo de capitales. Si el dinero se camufla en sociedades extranjeras y se hace circular por Andorra, Uruguay... «Aquí no se ha blanqueado ni un solo euro».

El cohecho se materializó en Luxemburgo y en Andorra, según las tesis de la Fiscalia, la UCO y la juez de Instrucción. Por cierto, la titular del juzgado que llevó la investigación ya disfruta de su jubilación. Seguramente, nunca instruyó un caso de esta magnitud.