Las Corts validan el decreto ley que permite a la Generalitat gestionar 13,5 millones del IRPF para fines sociales

El pleno de las Corts Valencianes ha validado este miércoles con el respaldo de los cinco grupos (y tan solo una abstención de un diputado no adscrito) el decreto ley del Consell por el que se modifica la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 para poder gestionar los 13,5 millones del IRPF para fines sociales que el Estado ha asignado a la Comunitat Valenciana para programas de interés general por parte de entidades del Tercer Sector.

Según ha explicado en la defensa del decreto ley la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el origen es una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas, tras un conflicto positivo de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña, al considerar que ese sistema vulneraba competencias propias.

Para cumplir con ella, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con las entidades y previo acuerdo con las comunidades, ha diseñado otro sistema basado en la existencia de dos tramos --uno estatal y otro autonómico-- ajustado a la distribución de competencias. Según se acordó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales de junio, el 80 por ciento es para las comunidades y el 20 por ciento para el Estado en 2017.

Además, hasta ahora la Ley de Presupuestos solo permitía avanzar el 35% pero con este decreto ley se llega al cien por cien de las ayudas, como prevé el Estado en su ley de presupuestos para este tipo de subvenciones.

Oltra ha justificado la urgencia de este decreto ley después de "una gestión retrasada y lenta del Gobierno" de esta cuestión, dado que la sentencia data de enero de 2017 y no se llegó al acuerdo hasta junio. Ha remarcado que la fórmula acordada de reparto de tramos es "excepcional" para este año y ha lamentado que existe también infrafinanciación a la Comunitat en este campo, dado que por criterios poblacionales le correspondería "el doble de fondos", 26 millones de euros, y hay comunidades que "con la mitad de la población tienen el doble de asignación".

Por ello, ha advertido: "Si hemos aceptado esta cuantía insuficiente e injusta es por excepcionalidad y por no perjudicar a las entidades del Tercer Sector, solo para este año y como hecho excepcional, porque haber seguido negociando hasta lo que era justo era aumentar la angustia de las entidades". No obstante, ha avisado de que no aceptarán un acuerdo para 2018 que implique "un nuevo perjuicio a los valencianos".

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha cuestionado que Oltra considere "injusta" la cuantía de 13,5 millones cuando el año pasado tenía para el mismo fin 12,8 millones y "de esos 12 se gastó ocho y pagó seis". "¿Esta es injusta? La que tenía era magnífica", ha ironizado. Así, ha calificado de "demagoga" a la vicepresidenta, a la que ha acusado también de no dar detalles sobre esa línea de subvenciones, que "no ha pasado por el Parlamento".

"LO MENOS MALO"

El socialista José Muñoz ha admitido que "a veces la política se mueve en el juego de lo menos malo" y ha puesto en valor la responsabilidad del Consell de renunciar a una parte del dinero que le tocaba "por justicia". "Tenemos todas las razones, pero pensamos desde la responsabilidad, la urgencia y las personas por encima del interés partidista", ha dicho, algo que "vendría bien a todos".

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha incidido en que "no es un trato justo, es un mal menor", mientras que desde Podemos David Torres ha recordado que las entidades del sector vivían una situación de bloqueo "dramática" y ha indicado que aunque el acuerdo "perpetúa una infrafinanciación, es una situación de emergencia y hay que actuar con responsabilidad política".

Por su parte, el diputado de Cs Antonio Woodward ha considerado que este decreto es "clave para que el Tercer Sector pueda desarrollar su labor de forma eficaz y eficiente" y ha pedido al Consell que "tenga lista la orden" de ayudas y esta subvención "no sea otra línea más sin ejecutar".