Así hemos contado el juicio por la caja B del PP de Valencia

Último testigo de la jornada, otro agente de la UCO que participó en el registro de la sede del Grupo Municipal del PP.

Llevamos ya cuatro horas de juicio. Las defensas apenas han interrogado a los agentes de la UCO. Sólo el abogado de Salinas se concentra ahora en el testimonio de este agente quien se centró en las pesquisas de Turismo Valencia.

La UCO aclara que el técnico que hizo la copia de seguridad de esos datos llevó a cabo esta acción porque le llamó la atención ese encargo del borrado masivo. No era una copia, digamos ordinaria, que sí tenía la obligación de elaborar la empresa sino algo extraordinario al sospechar el empleado de esta firma externa a Turismo Valencia. Y, además, en Turismo no tenían constancia de esta copia que se había hecho en la firma de mantenimiento.

El agente recuerda que se ordenó un borrado de datos en Turismo Valencia de todo lo anterior a 2009. Pero se conservó una copia por parte de la empresa que controlaba el funcionamiento de la fundación. Se comprobó que Laterne, la organizadora de la campaña de 2007, había sido cliente.

La UCO llama la atención de que las facturaciones a la empresa Trasgos y sus dos satélites son números redondos, circunstancia que resulta extraña que se repita en todas las ocasiones.

Otro agente más de la UCO. La campaña del PP de 2011 superó en al menos 110.000 euros el máximo legal que se había establecido en 150.000 euros. Se detectaron aportaciones de contratistas del Ayuntamiento de Valencia a la empresa Trasgos y dos de sus satélites.

Fue en esa cuenta donde se registró el supuesto pitufeo -archivado por la Audiencia- con 50 ingresos de mil euros antes de las elecciones de 2015. Previamente el dinero de esa cuenta se utilizó para pagar, entre otras cuestiones, gastos electorales a la empresa Trasgos. «No había control sobre esa cuenta».

Se trata del autor del informe de la cuenta del banco Sabadell. «La utilizaba el grupo y se nutría de las cuotas de afiliados, pero también de unos ingresos que se recogen bajo el epígrafe CyA». En total, 187.400 euros. García Fuster dijo en su día que eso hacía referencia a colaboradores y allegados.

Las defensas rechazan interrogar a este agente. Siguiente testigo, otro profesional de la UCO.

Segunda testifical de la UCO. El PP tenía dos cuentas una del Caixabank y otra del Sabadell donde se registraron los ingresos en efectivo de Mari Carmen García Fuster. Aparte de ella, estaban autorizados para acceder a este depósito Alfonso Grau y otros dos cargos populares.

El letrado de Grau incide ahora en si el contrato entre el exvicealcalde y la empresa Laterne estaba no no firmado. No lo estaba, admite el agente.

Momento ahora para la defensa de García-Fuster. El agente recuerda que a partir de abril de 2015 analizan las cuentas del PP para comprobar si el pinchazo era o no cierto.

El coste de la campaña del PP pudo ascender a cerca de dos millones de euros, señala el agente que admite, no obstante, la dificultad de concretar el montante final.

El caso cuenta con dos firmas clave. Por un lado, Laterne, que organizó la campaña del PP de 2007 y por otro Trasgos, que hizo lo propio cuatro años después. La investigación apunta a que las mercantiles recibieron ingresos de empresas que eran contratistas del Ayuntamiento. Las agencias también se nutrieron de dinero en efectivo.

El profesional de la UCO repasa el inicio de la investigación del caso, el origen, el análisis de las cuentas del PP, el funcionamiento de Laterne, la agencia que organizó la campaña del PP de Valencia en 2007...

El agente habla de este pinchazo, crucial en la investigación del caso. Aquí, un resumen del audio .

La investigación comienza en abril de 2015 tras la orden del juzgado de instrucción número 18. Se pinchó el teléfono de María José Alcón, la exedil de Cultura en la etapa de 2011-2015. Ahí se produce una conversación clave de la concejal con su hijo donde revela el conocido como pitufeo, ha recordado el agente. Esta parte se archivó por orden de la Audiencia con la confirmación del Tribunal Supremo.

Turno para un agente de la UCO, el instructor de las diligencias hasta 2017.

Se reanuda la vista. Comienzan los testigos. Recordatorio: los acusados lo harán al final del juicio.

Receso de cinco a diez minutos.

El abogado de Salinas aporta una noticia de LAS PROVINCIAS de 2015 en la que se anuncia la continuidad de su defendido en Turismo Valencia.

Sólo un problema con el ruido del aire acondicionado interrumpe la vista. «Es un mecanismo que tenemos en esta Sala para que terminen antes», bromea el presidente del tribunal.

Tiene la palabra el letrado del exconcejal Eduardo Santón, la última de las defensas en estas cuestiones previas. Igual que sus compañeros sostiene la prescripción de los delitos relacionados con el edil porque transcurrieron más de diez años de la firma del contrato hasta que se dirige el procedimiento contra él. No se puede mezclar un contrato de mayo de 2006 de la fundación investigada con las elecciones de 2007. «Eso es un relato de ficción que no se sostiene».

El tribunal recuerda que no puede pronunciarse ahora acerca de la prescripción porque lo hace desde un marco temporal y con una calificación diferente a la de la Fiscalía. Lo hará en sentencia, pero no puede en estas cuestiones previas.

La Sala rechaza la nueva documentación, las auditorías aportadas por la defensa de Grau. La tercera cuestión previa que plantea la defensa es la ausencia del delito continuado de malversación. No hay pluralidad de hechos, un mismo sujeto, un modus operandi... «Esto no se ha dado», subraya. Aquí se hizo un salto para sostener la acusación por parte del fiscal. El abogado mantiene que los hechos están prescritos.

Receso del tribunal. Los magistrados deliberan sobre las peticiones de las defensas. No han anunciado a qué hora se reanudará la vista.

El letrado de Grau ha aportado también unas auditorías, con el visto bueno del interventor municipal, acerca de la correcta operativa de la fundación para la Innovación y el Conocimiento, una de las entidades investigadas por desviar fondos para el Partido Popular.

Tiene la palabra ahora el letrado de Alfonso Grau. Aporta nueva documentación de los trabajos efectuados supuestamente por una de las fundaciones investigadas. La Fiscalía no se opone aunque adelanta su escaso valor. El tribunal admite los documentos.

El tribunal resolverá esta cuestión ya en sentencia. Recuerda ahora que más que la imputación del delito concreto, lo realmente crucial es el relato fáctico, es decir, si en el momento en el que se dirige el procedimiento, dentro de esa conducta descrita se encuentra recogida, de manera indiciaria, la posibilidad de una acción de blanqueo.

La Fiscalía coincide sólo en que el plazo de prescripción es de cinco años. Pero parte del último ingreso que se hizo en las cuentas investigadas y sólo dos años después se le citó para declarar. El fiscal recuerda que el delito de cohecho figuraba ya en el auto de procesamiento.

Turno para el letrado José María Corbín, defensa de Mari Carmen García Fuster. Alega que en una docena de actuaciones (enero de 2016 hasta 30 diciembre de 2022) no se dictan resoluciones contra ella por cohecho. El plazo de prescripción se agotó en mayo de 2016, según la tesis del profesional.

La acusación solicita que Mari Carmen García Fuster declare la primera y, a continuación, Alfonso Grau. Las comparecencias, por cierto, se producirán al final del juicio, una medida que la sección Segunda suele conceder a los acusados.

La Fiscalía anuncia su renuncia a algunos testigos. Entre ellos, los relacionados con el supuesto blanqueo y algunos guardias civiles...

Alfonso Grau, antes del juicio.

Resumen rápido de la causa para los no iniciados, que serán la mayoría. La vista abarca la financiación ilegal del PP de Valencia en el periodo 2007-2011, una etapa de mayoría absoluta de Barberá y donde el PP presuntamente pagó sus campañas por aportaciones de destacados contratistas del Ayuntamiento.  Grau era el supuesto recaudador del partido; García-Fuster la cajera. Todo siempre, según la investigación de la UCO.

Algunos apuntes también en el lado de la acusación. El fiscal encargado de la vista es Fernando Maldonado. La investigación, no obstante, corrió a cargo de Pablo Ponce. Este comienza en apenas unas semanas el juicio a Eduardo Zaplana. Son semanas de mucho trabajo en Anticorrupción.

La última sentencia de la sección Segunda sobre un asunto de corrupción fue la condena a cinco años de cárcel a Alfonso Rus por los conocidos como zombies de Imelsa.

Más curiosidades en estos minutos intrascendentes. Su hija Rita Corbín le acompaña en estrados. Su nombre sonó en su día como posible candidata de Vox al Ayuntamiento de Valencia.

José María Corbín es la defensa de Mari Carmen García Fuster, la que fuera mano derecha de Barberá en el Grupo Municipal del PP. Se da la circunstancia de que Corbín figura como uno de los principales acusados en la investigación de Azud por el cobro de millonarias comisiones de adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia.

Jesús Bonet es el abogado de Alfonso Grau. Le ha acompañado en todas las causas a las que se ha enfrentado. De momento, una absolución en Nóos y una condena en el caso de los relojes de lujo regalados por un contratista. El letrado lleva la mano vendada por un accidente doméstico.

El presidente del tribunal lee ahora el escrito de acusación de la Fiscalía. Los acusados se han sentado en estrados, junto a sus letrados.

Los acusados y sus defensas ya están en la sala. Pero todavía no es audiencia pública. Los asistentes, la mayoría periodistas, aguardan fuera.

Minutos de espera. Corrillos entre abogados y acusados. La celebración del juicio se ha retrasado por la parálisis del juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

El presidente de la sección Segunda, José Manuel Ortega, estará al frente del tribunal.

Todos los acusados se encuentran ya en la puerta de la sala 27 donde la sección Segunda de la Audiencia va a celebrar el juicio.

En el banquillo se sienta el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau junto a Mari Carmen García Fuster, la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento y el que fuera máximo responsable de Valencia Convention Boreau, José Salinas. Otro de los acusados es el que fuera concejal Eduardo Santon.

Buenos días. Empieza hoy el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia. Una etapa, 2007-2011, que coincide con las mayorías absolutas de Rita Barberá.