El Consell reprocha los 700 millones del Gobierno: «No los dan, es un endeudamiento de la Comunitat»

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no ha dudado en achacar el retraso de la retirada de estos automóviles a la Generalitat. Ha recordado que el Gobierno ya dictó un decreto ley al respecto. Pero la inacción, en este caso del Consell, lastra la recuperación, siempre según la versión del Gobierno central.

Camarero ha querido aclarar esta polémica. «Bernabé es codirectora del Cecopi y las decisiones que se adoptan las conoce de primera mano». Mazón -ha recordado la vicepresidenta- había pedido un Real Decreto para regular esta tarea de retirada y se «tardaron semanas» en la aprobación. Esa normativa establece la competencia de los Ayuntamientos. La Generalitat no ha sido clara al explicar si en el Cecopi se había llegado a algún acuerdo diferente a esta cuestión.

«Nosotros ayudamos a los consistorios porque no se pueden hacer cargo». Este martes se celebrará una reunión del conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, para abordar precisamente este particular, una mejora del procedimiento para completar esta tarea, de urgente necesidad por el riesgo de incendios.

La culpa del atasco parece residir, según el Consell, también en la lentitud de los peritajes por parte de las aseguradoras. En el plano político, Camarero manifestó «no entender estas declaraciones de Bernabé». Ella, según el relato de la vicepresidenta, busca su espacio en las próximas elecciones para ver quién va a liderar el PSPV. El último congreso del PSPV con el reconocimiento de la labor de la delegada del Gobierno parece haber abierto el debate sobre el liderazgo de la actual secretaria general del PSPV, Diana Morant.

El Gobierno ha aprobado dos contrataciones para la compra de material y equipamiento de los centros escolares afectados por la dana, pero también para aquellos que durante el último mes han acogido la llegada de alumnos desplazados por la catástrofe. De igual modo, también se ha acordado invertir 700.000 euros para costear los traslados de estudiantes. También se han aprobado 6,5 millones de euros para restablecer el funcionamiento de FGV. En total, se han destinado 70 millones para este objetivo. Además, se gastará otro millón en la retirada del material peligroso que ha generado la riada.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha comparecido junto a Camarero para explicar los dos decretos que ha aprobado su departamento. Se trata de dos líneas de financiación, como el Instituto Valenciano de Finanzas, y una nueva dedicada a autónomos y pequeñas empresas. Se trata de ayudas sin coste, ha querido aclarar la dirigente. En total, 350 millones de euros movilizados.

De igual modo, se ha aprobado un crédito extraordinario de más de 700 millones de euros en el presupuesto corriente de este año. Una deuda al cero por ciento de interés que servirá para financiar la reconstrucción de la provincia ante las dificultades planteadas por el Gobierno central para transferir fondos de manera directa, según ha denunciado Merino. «Este dinero no lo da el Gobierno, es un endeudamiento de la Comunitat que permite el Ejecutivo», quiso aclarar. Esto debe convalidarse, no obstante, en Les Corts. Merino apeló a la responsabilidad del resto de grupos con representación parlamentaria. Este dinero, en teoría, es sólo para este año. En 2025, previsiblemente se necesitarán más fondos a través de esa fórmula.

Existe cierta controversia sobre las ayudas que reciben los trabajadores por parte de sus empresas. Se trataría de rendimientos del trabajo que a día de hoy «no estarían exentos de cotizar en la declaración de la renta». De igual modo, el papel de ONG's y organizaciones que han recibido bienes y dinero por parte de los ciudadanos se puede considerar una ganancia patrimonial que, de momento, seguirá cotizando en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. El Consell reclama que exista una exención de estas cantidades, tal y como ellos han acordado en el tramo de su competencia.

Merino, por otra parte, alertó que si el Gobierno impide financiar la deuda con el FLA extraordinario, supondrá una tragedia financiera para la Generalitat, el «pulmón» que hasta ahora ha permitido mantener los servicios públicos.