Tercera sesión del juicio por la caja B del PP

Asegura que las constructoras señaladas por financiar al PP eran clientes habituales de Trasgos o de sus empresas satélites.

Último testigo de la jornada. El hombre se coloca justo delante del tribunal porque tiene problemas auditivos. Es el socio de Trasgos, pero no participó en la campaña del PP.

La campaña la cobró en dos cheques que iban en un sobre que le entregaron en el Grupo Muncipal del PP.

Perdón, el presupuesto parece ser 174.000 euros. Aclara a preguntas del letrado de García-Fuster.

Aquí, al margen del gerente de Trasgos, nadie entiende cómo funcionaba esa agencia. Poco a poco se va metiendo en un lío... Insiste en que la campaña se hizo por 167.000 euros. «Ni gane ni perdí. Lo hice por el prestigio».

El presidente del tribunal se impacienta ante las respuestas del gerente de Trasgos sobre la facturación con los proveedores. Apunta a que algunos pudieron hacerlo por trabajos al margen de la campaña electoral.

El gerente afirma que las empresas investigadas por financiar la campaña del PP fueron clientes de Trasgos. Esto justificaría los pagos a la agencia. Pero tampoco concreta qué hizo para esas mercantiles.

El gerente de Trasgos resulta confuso. No aclara la facturación de la empresa y si el importe de las facturas respondía realmente al total del servicio prestado o a una parte y cuál sería el motivo...

El fiscal le llama la atención acerca de que una agencia le ingresó más dinero que lo que cobraba él por su campaña del PP cuando ha dicho que no sacó ni un euro de beneficio. La única explicación que encuentra es que le facturaran por otras dos campañas que llevaban al mismo tiempo.

Problemas con el foliado de la causa. Los números no coinciden y el tribunal no encuentra un informe de la UCO.

No sacábamos beneficio de la campaña, sólo queríamos el prestigio de hacer estos eventos para el PP, señala el gerente.

«Teníamos interés en hacer la campaña del PP. Nos llamó Grau y me dijo que le habían hablado bien de nosotros. Le presenté un presupuesto, me contestó que era muy caro». El siguiente paso fue rebajarlo, «un presupuesto reventado». Luego me llamaron para que me reuniera con el comité de campaña. No recuerda quiénes estaban allí porque concertó muchas reuniones y participaban diferentes personas.

Un nuevo testigo, la vista afronta ya su recta final... El gerente de la empresa Trasgos, la agencia que llevó la campaña de 2011. Una de las comparecencias del día.

«No era un problema de contabilidad sino en el fondo, en lo que se hacía con ese dinero». El abogado de Salinas incide en la naturaleza de las fundaciones y entidades alrededor del Ayuntamiento.

«No se correspondía lo que hacía la fundación con lo que el Ayuntamiento le daba de dinero», insiste Botella. Se nota en su declaración que la testigo es política.

Desde 2007 a 2010 no teníamos información, ha recordado Botella. Grau siempre decía «las cuentas están donde deben estar». Pero sin facilitarle más detalles.

A Botella le recuerdan la petición de 2010 de que comparecieran los directores de las fundaciones ahora bajo sospecha. Es el turno del letrado de Salinas.

El abogado de Grau incide ahora en si la testigo vio o no los citados planes de modernización e innovación.

Botella relata las dificultades para acceder a información del Palacio de Congresos y de Turismo Valencia. Llegó a personarse con un notario en las dependencias. Tras esto, Salinas le mostró algunos papeles, ha indicado la responsable.

Le preguntan sobre el Plan de Modernización de la ciudad de Valencia que hizo Laterne para una de estas fundaciones. Recuerda cómo uno de los informes que pudo leer era realmente un «corta y pega». También se le decía desde el Ayuntamiento que eran sociedades privadas y, por tanto, no podía tener acceso a sus informes.

La dirigente socialista recuerda todas las trabas que le pusieron para investigar el destino de estos fondos. No se autorizaron las comisiones de investigación.

Ana Botella, la que fuera diputada del PSPV y rival político de Alfonso Grau, anima esta tercera sesión del juicio. Ella fue la primera que denunció las sospechas de transferencias de dinero desde el Ayuntamiento a fundaciones dependientes del Consistorio, como Turismo Valencia.

Receso de 15 minutos. Quedan tres testigos para terminar la jornada de hoy.

El testigo explica el funcionamiento de una sociedad de Sáez que tenía su sede en Bruselas y que recibió 200.000 euros. La firma, según el testigo, estaba 'viva'. Las acusaciones apuntan a que carecía de actividad.

Este trabajador de las empresas de Vicente Sáez, recordemos que falleció hace años, aporta poca información. Trata el tribunal de que sea más claro en su respuesta.

Más trabajadores de Laterne. Era 2007 y la comunicación y las agencias vivían una época boyante.

Vicente Sáez era un jefe «caótico», ha dicho hoy un testigo. A lo largo de la causa, y con la declaración de todos los testigos, se está viendo cierta confusión entre el entramado empresarial de Sáez. Sedes, personal y sociedades.

El testigo asegura que hicieron estudios de ver cómo se podía atraer negocios a Valencia, pero no se concentró en un proyecto concreto. No se materializó en absolutamente nada. Luego comenzaron los impagos. Y este hombre dejó la empresa. «Sáez no cogía ni el teléfono».

Una de esas reuniones se celebró en un hotel del centro de Valencia. A los socios se les reclamaba dinero, una primera parte antes de la constitución, y luego otra una vez formalizada la firma. La cifra rondaba los 100.000 euros.

Este testigo participó en la constitución de PMC, la mercantil que iba a impulsar grandes proyectos en la ciudad de Valencia. Acudió a reuniones con Vicente Sáez, dueño de Laterne para conseguir el apoyo de los socios.

Otro testigo más. A veces, sólo con ver cómo un testigo entra en la sala, los periodistas ya nos hacemos una idea de sí será más o menos relevante para aclarar la causa. No siempre acertamos.

El presidente del tribunal interviene. Pide más claridad y concreción en las preguntas de las defensas y eso que apenas han intervenido en todo el proceso. «Y ya estamos siendo demasiado generosos», advierte el magistrado al aceptar preguntas sin la necesaria precisión.

Vicente Sáez y Alfonso Grau eran los que decidían los actos electorales, según este testigo. La defensa de Grau pregunta ahora por el papel en las reuniones en Laterne. «Era para revisar cosas de la campaña».

El testigo recuerda reuniones con la edil María José Alcón sobre un proyecto para mejorar los soportes sobre los que se promocionaba el patrimonio cultural de Valencia. Alcón fue la mujer de Alfonso Grau. Se suicidó durante la investigación del conocido como pitufeo, parte de esta pieza que se archivó en su momento por la Audiencia de Valencia y fue ratificado por el Supremo.

El testigo recuerda la formación de una empresa dedicada a los grandes proyectos en la que cada uno de los socios debía aportar 150.000 euros. No se hizo nada, pero no puede asegurar que se materializaran los ingresos. En una de esas reuniones preparatorios estuvo Alfonso Grau, entonces concejal del Ayuntamiento de Valencia.

El testigo recuerda a algunas empresas bajo sospecha por financiar la campaña del PP. Y subraya que con varias de esas no hubo actividad mercantil.

El testigo considera proporcionado a lo que se preparó el gasto de 233.000 euros la presentación de candidatos a las elecciones. Se hizo en el Palau de la Música y acudió Rajoy.

El testigo admite que sí existía una previsión de gastos en la agencia. «No me dijeron un presupuesto, de vamos a trabajar». Se hicieron una seria de actuaciones y eso iba incrementando el presupuesto final, ha indicado. El trabajador recuerda que el montante final estaba por encima de los dos millones de euros.

Continúan las testificales. Momento ahora de un trabajador de LPC, una de las sociedades satélite de Laterne. El hombre era un ejecutivo de cuentas, parte del equipo que hizo la campaña. Se centró en los eventos.

Laterne ingresó en 11 dias, 400.000 euros en efectivo. «Esto no es normal», admite la testigo. Ni en esta ni en otra empresa. «Eso es una barbaridad».

Pavasal, Secopsa, Lubasa... El fiscal cita a las mercantiles bajo sospecha por financiar la campaña del PP. «Había algún tipo de facturación», reconoce la testigo.

La testigo recuerda facturación de Laterne con Turismo Valencia. También le «suena» otras de las fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Valencia. Los pagos se hacían siempre por «transferencia bancaria». De vez en cuando, Vicente Sáez entregaba dinero en efectivo, pequeñas cantidades, a su padre. Se lo daba en un sobre.

La mujer admite también problemas económicos. «Me fui de allí porque vi que cualquier día no me iban a pagar la nómina». La mujer recuerda que se les daban sólo las facturas que tenían que pagar. Había unas empresas a las que sí había que pagar y otras a las que no. Pero ignora cuáles eran los motivos para esa clasificación.

Segundo testigo del día. El hecho de que las defensas no pregunten acelera el ritmo de la vista. Se trata de otra trabajadora de Laterne, encargada de la contabilidad.

La mala memoria juega en contra de las acusaciones. Los testigos son poco precisos en sus relatos. Han pasado más de 15 años. Hay quien no recuerda lo que hizo el último fin de semana, como para recordar facturas de 2007.

«Tomad las facturas y poner otros conceptos», añade a preguntas del tribunal. Era Gordillo el que llevaba todas esas gestiones, la de elaborar las facturas. Era nuestro jefe, subraya.

La mujer admite las dificultades para pagar a los proveedores de Laterne, los que hacían los actos de campaña. Ignoraba el montante final de todo el proceso electoral. Le preguntan por un acto de M.Rajoy. El fiscal bromea acerca de que supone que será Mariano Rajoy.

Buenos días. Tercera sesión del juicio por la caja B del PP. El día comienza con una testigo, trabajadora de Laterne. «Hacía las facturas con el concepto que me decia», ha explicado. Desconocía la naturaleza o realidad de los trabajos tras ese soporte documental.