DIRECTO | Última sesión del juicio por la caja B del PP

Terminan los informes. Tiene la palabra Eduardo Santón. «Tengo la conciencia muy tranquila. Me he visto en la necesidad de recordar hechos de cuando tenía 39 años, hace más de 20. Esto es duro para uno y para la familia».

Laterne era proveedor de Turismo. Tenía su número asignado. Por tanto, de ocultar, nada.

Cuando se destruyó la información en Turismo Valencia, Salinas ya no estaba en la fundación.

La Fiscalía dice que se destruyó documentación clave de Turismo Valencia. El letrado responde: ¿Si aseguran que no había nada porque los trabajos eran ficticios, qué se iba a destruir?, indica el letrado.

Nos hemos encontrado con una «prueba diabólica», lamenta el letrado. Se refiere a la eliminación de documentación de Turismo Valencia.

El letrado recuerda el papel del Patronato. «Su actuación era delegada». Y se trataba de un órgano colegiado. No estaba únicamente el Consistorio. Además, Salinas no tenía voto en el Patronato.

No hay afiliación política de Salinas al Partido Popular.

El borrado de documentación de Turismo Valencia, físico e informático, a quien ha perjudicado es a mi cliente.

Empieza el letrado con la valoración de la prueba. No se ha acreditado que alguna actuación de Salinas sea delictiva.

Mi cliente no ha tenido ningún ánimo de lucro. Habla de «incoherencias» por parte de las acusaciones. Recuerda que el Ayuntamiento y la fundación Turismo Valencia quisieron personarse, pero se les rechazó por si eran responsables civiles subsidiarios. Pero esto no se ha hecho finalmente.

El letrado enumera varios hitos de lo que ha sido una instrucción ineficiente por parte de Instrucción 18 de Valencia. De hecho, el titular fue multado con 600 euros por los retrasos.

Tampoco es funcionario y nunca ha manejado caudales públicos.

Alega también la prescripción. Cree que en su caso no se puede hablar de un delito continuado porque todas las actuaciones se desarrollan en la campaña de 2007.

La última defensa, el abogado de José Salinas.

Recuerda el letrado ahora la sentencia del caso Alquería donde se descartó la malversación pese a la posible existencia de alguna irregularidad administrativa, según el abogado.

Se queja el letrado, como el resto de partes, de la lentitud del juzgado de Instrucción. Presenté un escrito y no me contestó en dos años.

La defensa mantiene que la Fiscalía ha querido establecer un delito continuado de malversación para ampliar el plazo de prescripción y poder así mantener la acusación.

Una nota de humor. El letrado ha dicho que termina ya y «acabamos con la paciencia del tribunal». Es un desliz, claro.

Una nota de humor. El letrado ha dicho que termina ya y «acabamos con la paciencia del tribunal». Es un desliz, claro.

Y luego el turno de última palabra. ¿Hablarán los acusados?

Todavía quedará otra defensa, la de José Salinas, responsable de Turismo Valencia.

El tribunal recuerda al letrado que anunció un informe de 45 minutos y ya ha sobrepasado generosamente ese plazo. Espera terminar en breve, responde.

Las defensas se están extendiendo en el tiempo anunciado de sus informes... Llevamos entre Grau y Santón, 2.40 minutos. Sin recesos. ¿Se puede mantener la concentración tanto tiempo ininterrumpidamente en una materia como esta? Parece que el tribunal sí.

Los contratos de Fivec. «Nadie discute que se hicieron los trabajos».

Alguien que malversa no da documentación, mantiene esta defensa respecto a la labor de transparencia que se ejerció desde las instituciones.

En definitiva, que los trabajos encargados por las fundaciones dependientes del exconcejal Santón tenían respaldo del Ayuntamiento , es más, estaban en su propia hoja de ruta.

Santón hace un primer pago de 100.000 euros, pero no el resto porque directamente abandona la entidad. Dimitió a principios de 2008.

Contrato de septiembre de CEyD. La Fiscalía sostiene que es un mero artificio. No es la primera vez que se contrata a Laterne para asuntos de similar naturaleza.

Aborda ahora el letrado un aspecto crucial. El ánimo de lucro propio o de terceros. «No se ha probado aquí quién debía enriquecerse o no», precisa el letrado.

Los trabajos contratados encajan perfectamente en el objetivo de la fundación.

El letrado sostiene la existencia de los trabajos encargados por las fundaciones.

La actuación de CEyD no es nueva. Existe un hilo argumental real e histórico de la actividad de la fundación. «Esto no es como el toro Islero que mató a Manolete», señala. Quiere decir que la fundación no se creó con este supuesto fin delictivo sino que llevaba tiempo trabajando en esa línea y con ese método. No parece muy acertada la frase taurina.

Comienza con CEyD. «Parece que la hayamos creado para malversar», según las acusaciones. Pero la realidad es que se crea en 1989 con gente de la mayor solvencia profesional.

Contratos de Fivec con Laterne, mientras con CEyD se le imputa un contrato. La facultad decisoria de mi representado en cada una de las entidades en la clave, adelanta el letrado.

No existe malversación, adelanta el letrado. No es funcionario. No era concejal electo sino delegado de grandes ciudades. Era una potestad que ahora ya no existe. Se podía nombrar a través de la Junta de Gobierno a algunas personas con determinadas competencias.

Turno ahora para el letrado de Eduardo Santón, concejal no adscrito del Gobierno de Barberá.

El letrado ha dicho al menos cinco veces la expresión «atmósfera delictiva» para explicar la permanente sospecha de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

No hay malversación. No hay ánimo de lucro. Las aportaciones del Ayuntamiento de Valencia a las fundaciones no eran dinero público. Pero no termina de explicar bien este punto.

Pasamos ahora a las dilaciones indebidas. Los letrados apuestan porque sea muy cualificada. «No son razonables estos plazos». La causa arrancó en febrero de 2016. Se está juzgando ocho años más tarde.

No todo puede ser responsabilidad de Grau, adelanta su defensa respecto a los escritos de acusación. ¿Cómo se nos acusa de un contrato de 2004 para las elecciones de 2007? Pero si está más cerca de las elecciones de 2003... En fin, alguien piensa en un contrato para unas elecciones que serán tres años más tarde... La política no funciona de esta forma, concluye el letrado.

Recuerda la declaración del gerente de Trasgos cuando este admitió que le contrató el PP, no nadie en concreto. El abogado desvía toda la responsabilidad al Comité de Campaña, un órgano muy amplio donde participaban diferentes miembros en cada reunión.

Aborda ahora las elecciones de 2011, cuando se contrató a Trasgos como agencia organizadora. No es cierto que los contratara Grau.

La defensa sostiene la existencia de los trabajos encargados a las fundaciones. Al principio, la Fiscalía nos dijo que no se habían hecho, ahora lo que se plantea es que no intervino Laterne. ¿En qué quedamos?, se pregunta.

El tribunal corta el informe del letrado. Le dice que lleva una hora y que la Sala no le permitirá más de otra hora.

El letrado de Grau señala las aportaciones privadas en Turismo Valencia. ¿El dinero que se pagó a Laterne era del dinero privado o del Ayuntamiento? ¿Cómo se sabe esto?

Turismo Valencia tuvo todos los mecanismos de control posibles. Recuerda ahora el caso Nóos y la sentencia de Palma donde se absolvió a Grau y a la citada entidad. Se consideró que era una entidad privada.

El Ayuntamiento tenía en Turismo Valencia 17 votos sobre 100.

Destaca la naturaleza privada de Turismo Valencia.

Recuerda que Turismo Valencia nace con la alcaldesa Clementina Ródenas (PSPV). Era el año 1991.