La directora general de Infancia contradice a Mónica Oltra sobre el expediente a la víctima de su ex

La investigación pivota alrededor de fundamentalmente tres elementos: quién y por qué decidió abrir un expediente reservado pese a que ya existía una investigación judicial en marcha, por qué este dosier supuestamente tardó dos años en ser aportado a la Fiscalía de Menores, y la supuesta inacción de la Conselleria de Igualdad para proteger a la víctima con retrasos, por ejemplo, a la hora de ejecutar la orden de alejamiento.

Gema Plaza fue quien firmó la apertura del expediente, la «instrucción paralela» en palabras de la sentencia condenatoria de la Audiencia, porque Molero estaba de vacaciones. La responsable afirmó que desconocía la existencia de un procedimiento judicial en marcha cuando ordenó la apertura del expediente administrativo que, en realidad, se acabó convirtiendo en un dosier para desacreditar y aminorar la credibilidad de la joven.

Además, la defensa de Plaza ha aportado a la causa un oficio donde consta el cuño de Fiscalía que probaría que la conselleria habría entregado ese dosier en diciembre de 2017, un mes después de finalizar el expediente y no dos años más tarde, como sostienen las acusaciones. Ese registro de entrada sería en la Fiscalía de Menores pese a que las diligencias estaban ya judicializadas en Instrucción 15 desde finales del julio. Igualdad no conoció este extremo, según la versión que ha ofrecido algún responsable, hasta el 8 de agosto.

Molero ha comenzado su declaración cerca de las siete de la tarde. La directora general de Infancia también ignoraba la existencia de este episodio de abusos hasta el mes de agosto, según la versión que ha facilitado. Y esto pese a que en febrero un técnico de la conselleria y personal del centro Niño Jesús, donde sucedieron los abusos sexuales, ya habían analizado la credibilidad de la menor. Pero estas comprobaciones, siempre según Molero, no llegaron a la cúpula del departamento.

La directora general de Infancia ha asegurado que se enteró de la prensa de que el docente investigado por los abusos a una menor era la pareja de Mónica Oltra. Los medios de comunicación publicaron las primeras informaciones el día del juicio al educador, en noviembre de 2019. Es decir, dos años después del expediente informativo abierto por orden de Molero. En el centro Niño Jesús era vox pópuli, sin embargo, que el investigado era la pareja de la vicepresidenta. La propia consellera era conocedora de que los medios disponían de esta información al menos unos meses antes. Molero, no obstante, ha asegurado que ignoraba esta circunstancia. Un hecho que, sin duda, resulta sorprendente.

A Molero se le ha preguntado en repetidas ocasiones por el polémico expediente. Oltra, en unas recientes declaraciones a los medios que ya constan en este sumario tras requerirlas el magistrado instructor, admitió que fue ella la que encargó el dosier para averiguar qué trato se había ofrecido a la menor víctima de los abusos. Lo hizo después de que llegara una comunicación a su domicilio a nombre de su pareja. Estas explicaciones las ofreció a los periodistas, mientras retaba a las acusaciones a que dejaran en paz a los funcionarios y fueran a por ella. «Aquí me tienen», desafió.

Sin embargo, Molero ha negado que fuera Oltra la que le ordenara esta investigación administrativa. Ha señalado que la decisión fue suya, tras consultarlo con la subdirectora Plaza. Su compañera también ha corroborado esta tesis. La realidad es que la versión de la vicepresidenta ahora no encaja con la de su alto cargo. Dos relatos incompatibles en la sucesión de acontecimientos.

El objetivo del dosier era esclarecer qué había ocurrido con este asunto y si la menor debía recibir algún tipo de tratamiento. En algún momento para contextualizar el inicio de este proceso, Molero ha aludido a la «trazabilidad» en un intento por reconstruir todos los hitos en la atención a la menor. El término ha provocado cierto estupor en el representante del ministerio fiscal por lo insólito de aplicar esa terminología -habitual en procesos alimentarios- a un asunto como este.

Los imputados se han negado a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares y populares. Únicamente han dado respuesta a las cuestiones del magistrado instructor -ha rebajado notablemente el tono respecto a anteriores comparecencias, según fuentes judiciales- y de la Fiscalía.

La causa fue iniciada por el presidente de España 2000, José Luis Roberto, que representa a la menor, hoy mayor de edad, víctima de los abusos. También ejercen la acusación Vox y una entidad presidida por la tertuliana Cristina Seguí. Estas circunstancias han llevado a la vicepresidenta a criticar la persecución de la extrema derecha y adelantar que la causa carece de recorrido. Pero es el juez quien ha efectuado las últimas imputaciones aparte de solicitar abundante documentación para tratar de despejar todas las incógnitas sobre este delicado asunto que amenaza la carrera política de la vicepresidenta.