La directora del Ivace cobra durante año y medio un plus al que no tiene derecho

Júlia Company, directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), ha cobrado más de 11.000 euros indebidamente, en concepto de una indemnización por cambio de residencia habitual reservada a los altos cargos del Consell. Así lo señala la Intervención General de la Generalitat en su auditoría relativa a 2016, en la que concluye que la ex secretaria general de la Cámara de Alcoi «no tiene la consideración de alto cargo de la administración de la Generalitat, sino que ocupa puesto de carácter directivo en su sector público instrumental» y que, como tal, «no debió percibir cantidad alguna por este concepto».

La exconcejal alcoyana, mano derecha del conseller Rafael Climent, de Compromís, comenzó la legislatura como directora general de Industria y directora general del Ivace, el antiguo Impiva, que ejerce como brazo inversor de Economía en materia de política industrial, innovación e internacionalización.

No obstante, en agosto de 2016, en la remodelación acometida para zanjar la crisis abierta en el seno de la conselleria a cuenta de la libertad horaria, Company siguió a cargo del Ivace pero cedió las responsabilidades de Industria al socialista Diego Maciá, que dimitiría poco más de un año después por la pérdida de competencias de su departamento, precisamente en favor del Ivace, impulsada por el titular de Economía.

A Júlia Company, de acuerdo con la Intervención General, hace casi dos años que dejó de corresponderle esa indemnización por cambio de residencia, de casi 660 euros mensuales, aunque siguió cobrándola hasta el cierre de 2017. En declaraciones a LAS PROVINCIAS, la directora del Ivace admite esos pagos y asegura que renunció a ese complemento este año, «por precaución».

De momento no se plantea devolver los más de 11.000 cobrados desde agosto de 2016 hasta finales del pasado ejercicio. Lo hará si se lo exigen, recalca, pero insiste en que «todavía se está dilucidando en el seno de la Generalitat» si le corresponde cobrar ese plus o no.

Company se aferra a la resolución en la que se nombraron altos cargos de la Conselleria de Economía, a comienzos de agosto de 2016, y en la que figura como directora del Ivace. «He actuado conforme creía que debía, si cobré ese dinero es porque tenía una resolución que me nombra alto cargo y, como tal, me corresponde esa indemnización», zanja.

Según explica, desde la Intervención General de la Generalitat le hicieron saber que no debía cobrar ese plus a finales de 2017 y decidió renunciar este año, «como medida de precaución» ante la advertencia recibida por parte de los auditores.

A principios de 2018, de hecho, la Intervención General ya advirtió a la administración de que no procede abonar esa indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia al personal directivo que, aun teniendo consideración de alto cargo, lo desempeñe en el sector público instrumental -al que pertenece el Ivace-. Sólo a los altos cargos de la administración de la Generalitat, es decir, consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y asimilables.

El portal de transparencia de la Generalitat ayer seguía incluyendo en la retribución de Company una indemnización por residencia de 7.910 euros anuales, aunque ya no encuadra a la alcoyana entre los altos cargos de la Conselleria de Economía, sino en el área del Ivace.

Similar cuantía cobran por cambiar de domicilio a raíz de su nombramiento, compensación vigente desde 1995 y que no puede exceder el 14% de la retribución anual, el conseller Climent, que percibe 8.942 euros al año por esta vía, la subsecretaria Concepción del Ruste (8.668 euros), el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu (8.224 euros), y la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, que cobra 7.832 euros al año por este concepto, prácticamente lo mismo que Company, con la diferencia de que a esta última, según la Intervención, no le corresponde hacerlo desde que dejó de ser directora de Industria y el Ivace pasó a depender, directamente, de Climent.

La auditoría de la Cuenta General de 2016 recoge que el informe provisional se emitió el pasado 16 de marzo y el Ivace presentó alegaciones. La Intervención estimó parte de las objeciones en su informe definitivo, del 5 de abril, donde alude al pago de ese plus a Company entre los «incumplimientos e irregularidades que requieren la adopción de medidas correctoras por parte de los responsables de la entidad».

También cuestiona que el Ivace realice facturas sin IVA sin especificar el articulado legal sobre el que se sustenta y le recomienda planificar mejor su actividad contractual para recurrir a licitaciones y evitar los contratos menores, a los que siguió recurriendo en 2016. Además, el auditor insta a fortalecer los procedimientos de control y supervisión de las ayudas y revisar los costes asociados a las encomiendas de gestión.