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El PP, dispuesto a personarse en la parte de Azud que salpica a Grau y Corbín

Los populares no sólo pretenden ser parte en la financiación del PSPV sino también en las diligencias que afectan a su propio partido

A. Rallo

Valencia

Lunes, 16 de enero 2023, 18:44

El PP pretende ser acusación en Azud. Su principal objetivo consiste en personarse en la pieza 7, aquella donde se investiga la supuesta financiación ilegal de los socialistas en las elecciones de 2007 y 2008. Pero las intenciones de los populares no se limitan únicamente ... a esas diligencias. El partido que dirige Carlos Mazón quiere ser acusación popular también en lo que hasta ahora es la pieza principal de la macrocausa y que afecta fundamentalmente a la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia.

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María José Catalá, la síndica de los populares, habló de «coherencia» durante una entrevista en Les Noticies del Matí. Se refería al hecho de que han pedido una comisión de investigación en Les Corts sobre el PSPV y la financiación, pero que también están receptivos a ampliar el foco sobre la etapa que afecta a su partido. La dirigencia del PP respalda esta misma actitud para la causa judicial.

De momento, el terremoto Azud amenaza con tener nuevas réplicas. Existen hasta la fecha otras seis piezas separadas cuyo contenido puede intuirse, pero que permanecen bajo secreto. La investigación comenzó siendo un golpe durísimo contra el PP de Valencia con la detención del letrado José María Corbín, cuñado de Barberá.

Este mismo periodo ya había sido cuestionado con anterioridad, con el archivo del pitufeo. De nuevo Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, condenado por aceptar relojes de lujo e investigado por la financiación ilegal del PP, ha quedado retratado en estas indagaciones. Se le investiga a él y a su familia por el supuesto cobro de comisiones por el asunto denominado 'los colegios', una permuta de solares entre el Ayuntamiento y los constructores para liberar al Consistorio de una deuda de más de 30 millones con los centros concertados.

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En esta parte del sumario aparece también la figura de Jorge Bellver, entonces concejal de Urbanismo y hoy vicepresidente de Les Corts. Su caso resulta, por el momento, excepcional. Un auto del juzgado lo da como investigado, pero todavía no se ha enviado el asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano encargado de instruir y enjuiciar a los aforados. Al parecer, recibió relojes de lujo a cambio de una gestión en el Ayuntamiento a favor del empresario Jaime Febrer.

Lo incómodo no sería personarse sino el papel que ejercerían en esta parte del sumario cuando, por ejemplo, se encarguen diligencias que pueden comprometer el buen nombre del PP, de Corbín y/o de Alfonso Grau. O una vez instruido el caso de qué forma y a quién exactamente acusarían por estos hechos.

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La personación, por otro lado, ofrece ventajas más políticas que procesales. Permitiría al PP disponer de informes, escritos y resoluciones al mismo tiempo que el resto de partes, una circunstancia que le colocaría en una posición privilegiada a la hora de dirigir la comunicación y no actuar siempre a rebufo de las ediciones digitales.

No es esta la única novedad en el seno del caso Azud. Manolo Mata, letrado del cabecilla de la red, Jaime Febrer, vuelve a la carga tras el verano. Ha presentado un escrito donde sugiere que la UCO ha filtrado a los medios de comunicación el informe con los principales indicios incriminatorios sobre la caja B de los socialistas, dosier que no llegó a las partes hasta unos días más tarde. Ese trabajo de los investigadores parte de la documentación requisada a Pepe Cataluña, el 'hombre fuerte' de las finanzas del partido de Ximo Puig.

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De igual modo, el letrado y exsíndic del PSPV ataca determinadas afirmaciones de los agentes como aquella en la que se establece que la relación de confianza entre uno de los empresarios investigados, Enrique Gimeno, y otros altos cargos responde al «intento de obtener favores frente a la Administración gobernada por el partido socialista» (sin especificar cuáles ni su carácter delictivo). Con este débil argumento, según Mata, se justifican investigaciones «absolutamente excepcionales». Sospecha que se abrió una pieza separada para poder inmiscuirse en los correos y mensajes de los imputados.

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