Disputa judicial por la plaza en la Sala del TSJ que investiga a los aforados

valencia. El nombramiento de un refuerzo para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, el órgano encargado de investigar y juzgar a los aforados, ha terminado en el Supremo. Carmen Llombart, expresidenta de la Audiencia de Valencia y vocal del Poder Judicial, ganó la plaza en mayo. Sólo se exigía un requisito, aparte de los diez años de ejercicio, el conocimiento del Derecho Foral. Pero, además, la magistrada disfrutaba de una ventaja frente al resto de aspirantes. Ella, como expresidenta de la Audiencia tenía durante dos años preferencia para cualquier puesto que no estuviera reservado a un especialista. Este privilegio se imponía a cualquier otra circunstancia, como la antigüedad. Su compañero, el magistrado de la sección Segunda de la Audiencia José María Tomás y Tío fue uno de los perjudicados. Sin embargo, el aspirante considera, entre otras cuestiones, que se vulneró la norma y que el concurso se resolvió una vez ya se habían agotado los dos años. Por tanto, ya no podría hacer uso del derecho preferente. Esta es la cuestión que deberá resolver el Tribunal Supremo.

Tomás y Tío también ha pedido medidas cautelares sobre las que todavía no se hay pronunciamiento. El magistrado reclama que se suspenda el nombramiento y que se cubra la plaza con una comisión de servicio hasta que se aclare la controversia. Sería él mismo quien cubriría la vacante. No son excepcionales este tipo de maniobras judiciales entre profesionales. Por ejemplo, el propio nombramiento de la actual presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, fue recurrido en su día por varios compañeros porque sostenían que se habían incumplido varios requisitos en la elección.

La Asociación Jueces para la Democracia (JPD), de sensibilidad progresista, ya cuestionó el nombramiento de Llombart, que pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La organización llamó la atención sobre el hecho de que saliera únicamente la plaza del TSJCV y no las del resto de órganos autonómicos sin que se ofreciera una explicación. Tomás y Tío no pertenece a ninguna asociación, aunque destacados miembros de JPD son compañeros en su Sección.

El TSJ había solicitado al Ministerio de Justicia la necesidad de más magistrados ante el considerable incremento en la entrada de asuntos que se producirá en los próximos meses. Este aumento en la carga de trabajo es consecuencia de la reforma legislativa por la que el alto tribunal asumirá la segunda instancia penal en detrimento del Tribunal Supremo. El refuerzo de un único magistrado resulta insuficiente ante las nuevas funciones de la Sala de lo Civil y Penal. Sin embargo, el Ministerio de Justicia sólo aceptó la creación de esta plaza. No es la primera vez que la escasez de recursos económicos del departamento de Rafael Catalá perjudica el funcionamiento de la administración de Justicia.

La Sala de lo Civil y Penal no tramita, en la actualidad, ninguna macrocausa contra aforados valencianos. Pero esto podría cambiar. Una posibilidad sería el caso del blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP de Valencia. Si la Fiscalía -ahora ya con todos los indicios con los que cuenta tras año y medio de pesquisas- decide pedir de nuevo la investigación de Miquel Dominguez, el alto tribunal podría asumir incluso toda la causa. Procesos de este tipo lastran el funcionamiento normal del resto de la Sala. Por ejemplo, esta circunstancia se produjo con el juicio por los amaños de la feria de Turismo (Fitur) a favor de la trama Gürtel, el caso Cooperación y también la vista por el regalo de trajes a Francisco Camps, que resultó absuelto.

Tomás y Tío lleva un tiempo intentando abandonar la Audiencia. Recientemente ya fue propuesto por Ciudadanos para ocupar una plaza en el Consell Juridic Consultiu, opción que finalmente no ha fructificado. De hecho, el partido cambió de candidato ante el bloqueo en el organismo. A la vuelta de las vacaciones, el juez afrontará un asunto de gran trascendencia mediática. Debe resolver el recurso de las víctimas del accidente de metro frente al archivo. Él es el ponente, el encargado de presentar una propuesta al resto de miembros del tribunal para ratificar el sobreseimiento o abrir otra vez la investigación del siniestro en el que murieron 43 personas.