Divalterra convoca consejo el viernes para votar el cese del gerente

El consejo de administración de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, se reunirá este viernes en sesión extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, la destitución del gerente de la empresa, Antonio Mas. En el orden del día de la reunión figura tanto ese relevo como el debate sobre el informe elaborado por el jefe de los servicios jurídicos de la empresa, José Luis Vera, en el que detecta más de una docena de irregularidades en el proceso de selección del nuevo jefe de recursos humanos de la compañía.

Ese informe señala en particular a Mas por algunas de esas irregularidades. Y en especial, por hacer caso omiso a la comunicación del presidente del consejo, el diputado socialista Ramiro Rivera, de paralizar el nombramiento de Eugenia Fernández como ganadora del proceso para elegir nuevo responsable de personal después de no haber atendido el recurso presentado por José Fambuena, el candidato que había quedado en segundo lugar en este proceso. El informe señala a Mas por esa decisión, pero también por contratar a Fernández sin tener poderes para hacerlo, y por ocultar que en el tribunal de selección figuraba como suplente Pedro Domingo, consejero delegado de la firma y sin capacidad para formar parte de ese tribunal.

En el orden del día de la reunión figura tanto la destitución de Mas como el debate sobre el informe jurídico de Vera. En la última reunión del consejo ese informe, igual que el elaborado en relación con la reclamación presentada por Fambuena, se quedaron sobre la mesa tras la marcha de algunos de los miembros del consejo. Rivera comunicó esta situación al presidente de la junta general, que es el de la Diputación, Toni Gaspar, que convocó este órgano para cubrir las vacantes del consejo. Ahora, con el consejo formado por nueve miembros -llegaron a dimitir cinco miembros-, el debate sobre las irregularidades en el proceso vuelve sobre la mesa.

El papel de Mas en la antigua Imelsa ya se vio marcado por la polémica. En 2012 firmó la adjudicación de un contrato de mantenimiento catastral a una empresa en la que había trabajado hasta un año antes, según informó Levante. La Diputación, presidida entonces por Rus, también anuló la licitación de un servicio similar por defectos en el pliego de condiciones.