Cuenta atrás para que Divalterra pase definitivamente a la historia

Se trata de la penúltima junta general de la empresa pública antes de la que certificará su extinción. La próxima, prevista para principios del mes de mayo, servirá para que los liquidadores entreguen su informe final, y el cierre de la empresa sea inscrito como tal en el registro.

Punto y final a la vida de una empresa que, en su actividad principal, ha sido clave en la labor de protección, vigilancia y adecuación de los bosques de la provincia de Valencia, pero a la que los escándalos y las investigaciones judiciales han hecho imposible sobrevivir. Por esa razón, el presidente de la Diputación Toni Gaspar ya anunció en marzo de 2021 el cierre de la empresa.

Desde esa fecha, un proceso de liquidación y cierre que ahora se asoma a su final. Sólo quedará cerrar cuatro meses correspondientes al ejercicio de 2022. Entre los acuerdos adoptados, el que da luz verde al ERE que afectará a 81 trabajadores de la empresa. Una medida valorada en 4 millones de euros pero que, según la corporación provincial, permite a medio plazo un sustancial ahorro.

En la junta general de hoy se han aprobado las cuentas correspondientes a 2021. La diputada de Cs Rocio Gil ha justificado su abstención en que la firma «arrastra un déficit de más de seis millones de euros». No obstante, los remanentes de la empresa correspondientes a los últimos ejercicios se sitúan en el entorno de los 9 millones de euros.

El grupo popular, el único que ha votado en contra de las cuentas correspondientes a 2021 ha sostenido que la liquidación de Divalterra va a costar a las valencianas y los valencianos más de 5 millones de euros. «PSPV y Compromis están cada vez más cerca de descargar en la Diputación de Valencia todas sus responsabilidades por su mala gestión en Imelsa y Divalterra», se señala desde el grupo popular.

La Diputación, por contra, insiste en el ahorro que va a suponer para los ciudadanos la liquidación de la empresa.