Divalterra y la FVMP señalan a Rodríguez por el convenio de Cical

La investigación abierta por la Agencia Antifraude sobre el convenio suscrito en 2016 entre Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para la puesta en marcha de la Fundación del Centro de Investigación de Conocimientos aplicados a la Administración Local (Cical) que impulsó el exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo, ha provocado una dura respuesta por parte de las dos instituciones implicadas.

En las alegaciones presentadas por ambas al expediente abierto por Antifraude, tanto la firma de la corporación provincial como el organismo que preside Rubén Alfaro coinciden a la hora de señalar al expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, como el responsable de que la fórmula jurídica para llevar a cabo este proyecto -cuestionada por Antifraude- fuera un convenio, y no una subvención por parte de Divalterra hacia la FVMP.

En el escrito de la empresa de la Diputación, que lleva la firma del presidente de su consejo de administración, el diputado socialista Ramiro Rivera, se remarca que el convenio bajo investigación de Antifraude «nace de un acuerdo entre el presidente de la Diputación -en aquel momento, Jorge Rodríguez- y el de la Federación de Municipios». Y añade: «es la propia Diputación la que decide que sea su empresa instrumental Divalterra la que articule la participación en el proyecto Cical». El escrito de Divalterra remarca que si la corporación provincial hubiera querido aprobar una subvención para poner en marcha Cical, lo habría tenido que hacer directamente, puesto que Divalterra carece de capacidad legal para otorgar subvenciones.

La FVMP también sostiene esa tesis en sus alegaciones, al recoger que es esta entidad la que propone un convenio a la Diputación, y es ésta la que decide que sea Divalterra (entonces denominada Imelsa) «quien se haga cargo de la gestión e impulso del proyecto».

En el informe provisional de Antifraude, la entidad que dirige Joan Llinares se mostró muy crítica con los resultados de ese convenio de colaboración. Subrayaba que se habían identificado «pruebas de plagio de documentos sujetos a propiedad intelectual entre la documentación aportada por la FVMP para la justificación de tareas», sostenía que «parte de las tareas que presuntamente realizó la FVMP no fueron realmente ejecutadas», y que otras «habían sido utilizadas para justificar gastos doblemente ante Divalterra».

El informe abordaba el estado de los pagos realizados por la empresa pública de la corporación provincial a la entidad presidida por Rubén Alfaro. De la cifra inicial -120.000 euros-, Divalterra únicamente ha satisfecho un primer pago de 40.000 euros y retiene desde entonces otras dos facturas, de 40.000 y 29.000 euros respectivamente.

En sus alegaciones, la Federación de Municipios se muestra muy crítica con las conclusiones de Antifraude, que atribuye «a una deficiente explicación por nuestra parte, o a una mala interpretación por la suya». La FVMP admite que Cical es un proyecto de gran «sensibilidad política», razón a la que atribuye que desde diversos referentes políticos y medios haya sido percibido de manera negativa.

La entidad que preside Alfaro lamenta la «confusión de algunos conceptos» por parte de Antifraude, y rebate las dudas y «conjeturas» respecto a la realización de los trabajos objeto del convenio, «máxime cuando no existe prueba ni indicio en contrario conocido para sostenerlo». La FVMP señala que los documentos no firmados que constan en el informe de Antifraude corresponden a borradores, niega que se hayan utilizado tareas para justificar gastos doblemente, rechaza el plagio de publicación alguna y considera «inaceptable» cuestionar la adecuación de los conceptos e importes de los gastos imputados al convenio.

Por su parte, Divalterra recuerda que ninguna de las personas que participaron en cualquiera de las decisiones relativas al convenio ya no trabajan en la empresa. Además, considera «arbitraria e improcedente» que Antifraude cuestione los porcentajes de participación en el proyecto y que «aventure» que se fijaron sólo para poder justificar los gastos».