Divalterra gana tiempo para alegar a Antifraude por la Fundación de Orengo

El consejo de administración de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, decidió el pasado jueves dirigirse a la Agencia Antifraude para solicitar una ampliación del plazo para la presentación de alegaciones al informe provisional elaborado por esta entidad sobre el convenio suscrito con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Divalterra gana tiempo para estudiar el contenido del documento elaborado por la entidad que dirige Joan Llinares, en la que se advertía de «irregularidades» vinculadas al convenio suscrito para la puesta en marcha de Cical, la fundación impulsada por el exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo.

Durante la reunión, varios de los miembros del consejo de Divalterra expresaron sus dudas respecto a la conveniencia de adoptar decisiones en relación con los pagos pendientes de efectuar por parte de la empresa de la corporación provincial a la FVMP. Tal y como ha venido relatando este diario, el acuerdo entre Divalterra y el organismo presidido por Rubén Alfaro se valoró en 120.000 euros, de los que la antigua Imelsa únicamente ha satisfecho un pago de 40.000 euros. Divalterra, según las fuentes consultadas por este diario, mantiene retenidas dos facturas -por 40.000 y 29.000 euros respectivamente- desde abril de 2017. Esa circunstancia ha derivado en que el periodo medio de pago (PMP) a proveedores de la firma pública se haya disparado hasta los 219 días, muy por encima del de la corporación provincial.

¿Y por qué no se paga? En el informe elaborado por Antifraude de detectaron diversas incidencias vinculadas a los justificantes presentados por la Federación de Municipios del trabajo realizado en relación con Cical. La entidad que dirige Joan Llinares, en un informe de más de 60 páginas, identificaba «pruebas de plagio de documentos sujetos a propiedad intelectual entre la documentación aportada por la FVMP para la justificación de tareas». También sostenía que «parte de las tareas que presuntamente realizó la FVMP no fueron realmente ejecutadas», y otras «habían sido utilizadas para justificar gastos doblemente ante Divalterra».

El informe de Antifraude sostenía que parte de la documentación facilitada para justificar la realización material de las tareas «no estaba fechada o firmada, ni contenía indicios del contexto de su elaboración». Además, parte de las visitas que presuntamente se realizaron a universidades e instituciones públicas «estaban únicamente soportadas por declaraciones certificadas, sin que se aportara otra otra documentación (dietas, correos electrónicos, comunicaciones, órdenes del día, gastos de locomoción, actas...) que las sustentaran».

A la vista de las conclusiones de Antifraude, Divalterra opta por la prudencia a la hora de emitir sus alegaciones. Entre otras razones porque todos los responsables de la empresa pública que impulsaron el acuerdo ya se encuentran fuera de la misma. La firma dispone además de un informe elaborado hace ahora un año por el director de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, solicitado al notificarse el inicio de la investigación por parte de Antifraude, que recomendaba «mantener la retención del pago de las facturas reclamadas» hasta que la entidad que dirige Llinares finalizara su investigación. En el documento también se subrayaba el hecho de que esa investigación hubiera coincidido en el tiempo con la reclamación del pago por parte de la FVMP y con un informe de la empresa auditora RSM en relación con los mencionados pagos.

El retraso del pago a la FVMP por el impulso a Cical apenas ha merecido actuación hasta la fecha por la entidad que dirige Alfaro. Una circunstancia que no ha pasado desapercibida para los responsables de Antifraude. De hecho, si las alegaciones que debe presentar Divalterra pueden contribuir a explicar el motivo por el que no se realiza el pago, las que tendrá que presentar la FVMP deberían aclarar aspectos bastante más trascendentales, vinculados a esas irregularidades detectadas por Antifraude -porque los problemas con las justificaciones señalan a la Federación-, así como los motivos por los que no se dieron pasos para reclamar el dinero retenido por parte de Divalterra desde principios de 2017 hasta finales del año 2018.