Divalterra pide amparo a Les Corts tras denunciar presiones de Antifraude a su consejo

El presidente del consejo de administración de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, ha remitido un escrito a la Mesa de Les Corts en el que le da traslado del expediente abierto por la empresa de la Diputación de Valencia, heredera de la vieja Imelsa, a raíz del proceso de nombramiento de la nueva jefa de recursos humanos. El escrito es la respuesta a la solicitud de la mencionada documentación por parte de la Agencia Antifraude.

¿Y por qué Divalterra no se la remite a la entidad que dirige Joan Llinares? En el mencionado expediente se incluye el informe elaborado por el jefe del área jurídica de la empresa provincial, José Luis Vera, en relación con ese proceso. Un documento que no sólo constata más de una docena de irregularidades en el concurso que finalmente concedió la plaza a Eugenia Fernández, sino que también dedica un epígrafe al «análisis de las presuntas irregularidades cometidas por la Agencia Antifraude en su informe de 8 de febrero de 2021». Vera reprocha a Antifraude «haber iniciado actuaciones como es la emisión de un Informe Jurídico (donde se dictan conclusiones sobre el fondo de los hechos denunciados) sin haber realizado actividad mínima inspectora o de investigación sobre los hechos denunciados». Antifraude figura en el expediente de este proceso después de que el presidente del tribunal del citado concurso -anterior jefe de Recursos Humanos de la empresa- denunciara supuestas irregularidades en el proceso. La entidad de Llinares aprobó un informe en el que defendía la designación de Fernández tal y como había propuesto el tribunal y nombrado el gerente de la firma, Antonio Mas -cesado hace pocas semanas de su cargo-.

El jefe jurídico de Divalterra consideraba, en cambio, que Antifraude había protagonizado una «intervención desproporcionada e injusta», al tiempo que «vulnera el deber lealtad institucional recogido en el artículo 4 de la 40/2015» de Régimen Jurídico del Sector Público. De hecho, llegó a considerar que con la publicación del informe de Antifraude «se ha realizado una presión indebida al Consejo de Administración (de Divalterra)».

Rivera remite otro escrito a Antifraude en el que le comunica que ha trasladado a Les Corts la documentación solicitada. Y le recuerda que emitió un pronunciamiento «sin solicitar a esta empresa expediente alguno, sin trámite de audiencia, sin contrastar documentación e información y sin facilitar derecho de defensa». En ese documento, el diputado socialista considera que Antifraude es parte del procedimiento sobre el que se abre el expediente, motivo por el que se le tiene «como parte interesada».

Les Corts ya ha contestado al presidente del consejo de Divalterra. En su escrito, la Cámara comunica que ha decidido remitir el expediente presentado por Divalterra a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, con el objeto de que una comisión parlamentaria se pronuncie.