Divalterra pide a sus excargos que devuelvan los 105.000 euros que les pagó de más

El consejo de administración de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, aprobó en su reunión de ayer remitir una carta a los seis exdirectivos de la empresa para que devuelvan la parte de indemnización que se les pagó por su salida de la empresa y que no les correspondía. Divalterra abonó en su conjunto 123.647 euros en concepto de finiquito, aunque lo cierto es que a los seis exempleados les correspondía mucho menos. ¿Cuánto? La empresa de la Diputación calcula que esos seis exaltos cargos únicamente tenían derecho a poco más de 18.000 euros. El consejo de la mercantil trata de esta forma de recuperar un dinero mal abonado, tal y como puso de manifiesto la auditoría correspondiente a las cuentas del ejercicio de 2018 y desvelado por la actual presidencia de la corporación provincial. Con todo, Divalterra es consciente de que por la vía civil no tiene ninguna posibilidad de exigir la devolución de ese capital, dado que ha transcurrido más de un año desde que se realizó ese abono.

El escrito que se remitirá a cada uno de los seis afectados detalla que «tras revisar los conceptos y cálculos se comprueba que se ha producido un exceso en la cuantificación de dichos importes (de la indemnización)», motivo por el que cada uno de los afectados tiene que devolver a la empresa un cantidad concreta. Las cifras a devolver van desde los 15.084,29 euros hasta los 26.776,50 euros, y suman un total de 105.368 euros.

Entre los seis exdirectivos que cobraron una indemnización superior a lo que les correspondía figura Agus Brines, la exgerente de Divalterra a propuesta de Compromís. De hecho, fuentes del consejo señalaron ayer a este diario que a ella fue a la que se le abonó la indemnización más alta –los algo más de 26.000 euros–. De hecho, el informe elaborado por la Intervención de la corporación provincial señala que Brines debería devolver la totalidad de lo percibido. ¿El motivo? La exidirgente de Compromís era personal en excedencia de una expresa pública del Ayuntamiento de Burjassot, motivo por el que no le correspondía ningún tipo de indemnización a su salida.

En la reunión de ayer, el consejo de Divalterra abordó la necesidad de trasladar al juzgado número 9 de Valencia, el que lleva el caso Alquería, la decisión adoptada, en tanto que de esta forma podría recuperarse el dinero mal abonado.