Divalterra rechaza a la firma de abogados que descartó contratar a altos cargos

La Diputación de Valencia acelera para disolver Divalterra -la antigua Imelsa- y definir un nuevo modelo de sociedad y gestión para un ente que siempre se ha visto envuelto en la polémica. La idea es que en el primer trimestre del año que viene esté cerrado el futuro de esta empresa de la Diputación, que ha sido el foco de la patata caliente en esta legislatura.

Divalterra, para llevar a cabo el cometido del «cierre ordenado», necesita apoyarse en un despacho de abogados que le aconseje en todos los movimientos para llegar al objetivo final. Para ello, el 31 de octubre pasado licitó el asesoramiento jurídico, laboral y mercantil, fiscal y laboral de Divalterra. Un contrato por un año y renovable por un ejercicio más -63.000 euros, IVA excluido, por anualidad-. La propuesta viene del anterior consejo.

El gabinete Tomarial, que durante los dos últimos años ha prestado el servicio de asesoramiento externo a Divalterra, se presentó al concurso pero su propuesta fue rechazada por la mesa de contratación. La misma suerte corrió el Bufete Casadeley. El pasado miércoles, se emitió un informe rubricado por el consejero delegado de Divalterra, Pedro Domingo, que descartaba las dos memorias por no alcanzar una puntuación mínima de diez puntos en la valoración. Tomarial logró un 7,98 y Casadeley, un 4,05. La valoración subjetiva sobre la propuesta del gabinete que ha prestado el servicio hasta ahora es bastante puntillosa.

El apartado de los juicios de valor estaba contabilizado con 20 puntos. Tomarial se quedó cerca del corte, pero no aprobó el apartado de la memoria y control interno de la compañía -de los 15 puntos que estaban en juego sólo obtuvo 4,68-. Casadeley logró un 4,08 y un cero en seguimiento y control de calidad. En este último apartado, Tomarial obtuvo un 3,30 de los 5 puntos asignados.

El descarte de Tomarial llama la atención después del trabajo que ha realizado durante los últimos años en la empresa. Divalterra ganó 63 de los 64 juicios laborales celebrados y la labor del despacho fue fundamental para superar el atolladero económico tras las cuentas de 2014.

Este gabinete de abogados, que ganó el anterior concurso de asesoramiento jurídico, emitió un dictamen -uno de los doce solicitados- en el que advertía de la imposibilidad de que Divalterra pudiera realizar contratos de alta dirección. A pesar del informe de Tomarial, la decisión fue ejecutar los nombramientos en base a un informe del letrado de presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda. Esos contratos provocaron finalmente la detención del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y de dos personas más. Además, Tomarial también firmó el informe que aconsejaba que la diputada de EU, Rosa Pérez, fuera apartada del consejo de Divalterra por estar investigada en la causa de los trabajadores zombis en la empresa provincial.

Desde el pasado jueves, tras quedar desierto el concurso, hay un nuevo pliego en marcha para contratar un servicio jurídico que asesore a Divalterra en la transición a su «cierre ordenado».