El presidente de la Diputación, detenido por corrupción

El 26 de junio será recordado como el día que se conoció el primer caso de corrupción que afecta de lleno a los partidos del Gobierno del Botánico. La detención en su domicilio del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, remite a otras históricas operaciones policiales en la Comunitat, como la de su antecesor Alfonso Rus o el exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano.

El arresto daña terriblemente la imagen de renovación y limpieza que había tratado de construir el PSPV. Junto a Rodríguez, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional arrestó a buena parte de su núcleo de confianza. Los dos cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (forma parte del Consell Nacional de Compromís) y Xavi Simó (PSPV) se han visto salpicados por este escándalo. Esta modalidad, la de la bicefalia, se implantó para terminar con el saqueo de la época del arrepentido Marcos Benavent. Pero se ha demostrado completamente inútil.

Otros investigados en la causa que instruye el juzgado de Instrucción 9 de Valencia son el asesor de máxima confianza de Rodríguez, Manuel Reguart, y el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego. Por último, también Jorge Cuerda, el letrado del presidente de la Diputación y secretario del Consejo de Administración de Divalterra deberá dar explicaciones a la Justicia.

El arresto de Jorge Rodríguez se produjo a primera hora en su domicilio. Los agentes también practicaron inspecciones en su despacho de la alcaldía de Ontinyent y a última hora de la tarde fue trasladado a la sede de la Diputación envuelta en una gran expectación mediática. La operación Alquería -los nombres siempre los elige la Policía- se completó con entradas en otros cuatro domicilios particulares y en las sedes de la Corporación provincial y de Divalterra. De entrada, se investiga la contratación irregular de altos directivos en la empresa al margen de las nuevas vías que puedan deparar los registros.

La realidad es que de la etapa popular, dirigida por Marcos Benavent, se pasó a un periodo en el que la gestión del PSPV y Compromís derivó en el notable aumento de puestos de alta dirección. En 2015 se incorporan siete directivos, personal de confianza de los dos grupos bajo sospecha: PSPV y Compromís. Todos tienen alguna adscripción ideológica. Esta contratación, con al menos una docena de informes de la propia Divalterra y de despachos externos que alertan de la irregularidad, llevaría a la comisión del delito de prevaricación. Además, la causa también analiza si existió un delito de malversación. Este encajaría en el hecho de las nóminas que se les paga a cada directivo proceden de dinero público. Es decir, se están gastando unas cantidades para las que no se dispone de autorización. Pero, en este sentido, conviene destacar que la última reforma del Código Penal amplió el tipo penal a otros supuestos. Se mantiene el tradicional desvío o sustracción de fondos -caso Cooperación, por ejemplo- pero ahora se incluye el concepto de administración desleal con perjuicio para el patrimonio. Es en esta modificación donde parece que la conducta de Rodríguez y el resto de los detenidos -la práctica de clientelismo político, según los investigadores-.

Todos los investigados participan, en mayor o menor medida, de un entramado que permitió que las contrataciones se llevaran a cabo. No se descarta que las diligencias terminen también en delitos de falsedad por los contratos firmados a los directivos. La auditoría de 2015 de Divalterra cuestiona el pago de indemnizaciones por encima del máximo legal, la incorporación de personal sin justificación y que no se cumplen instrucciones de contratación. El auditor no entiende que los puestos de alta dirección se multipliquen por diez sin que se observe más actividad. En concreto, el número de responsables de área asciende a una decena, que se suma a las dos gerencias y al puesto de responsable de Servicios Jurídicos, Económicos, Administración y Transparencia. Las pesquisas pueden ampliarse también a estos aspectos, aunque el grueso de la investigación reside en los contratos de los directivos.

La operación policial contó con la participación de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según informaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El resultado del dispositivo generó un auténtico terremoto político en la Comunitat. El PSPV, en estado de shock, porque Rodríguez es además su portavoz y la segunda figura más reconocible de la formación tras el presidente Ximo Puig. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, no tardó en pronunciarse al respecto de las decisiones que el partido debe adoptar de manera inmediata: el cese del presidente de la Diputación, aunque esta decisión no es un mero trámite y necesita de la celebración de un Pleno de la Corporación Provincial. El caso arranca hace ya varios meses con unas diligencias de Investigación Penal que abre Anticorrupción al tener constancia de las irregularidades. En esta fase prejudicial, Anticorrupción realiza varias diligencias para comprobar las informaciones que llegan a la sede del ministerio público. Al apreciar indicios de delito, decide judicializar las actuaciones hace aproximadamente un mes, información que confirmó el TSJ en una nota de prensa.

Divalterra nació como Imelsa en 1995, bajo el mandato del PP, como empresa de gestión forestal pero con el cambio de gobierno en la Diputación se modificó el nombre para desvincularla de los procesos judiciales del llamado caso Imelsa y se le ampliaron sus competencias para abarcar más áreas de promoción económica y ambiental de la provincia. Ni siquiera el cambio de nombre le ha permitido soltar lastre de la imagen negativa que arrastraba. El propio Jorge Rodríguez se planteó en su día el desmantelamiento de la empresa pública. La decisión se tomó después de que uno de los gerentes Víctor Sahuquillo fuera sorprendido pagando gintonics y otras bebidas espirituosas con dietas de la empresa. Fue despedido. Tras amainar el escándalo, el presidente repensó su propuesta y desde entonces no se ha producido ningún avance. Además, se da una extraña circunstancia. Mientras Rodríguez impulsaba la acusación de Divalterra en todas las causas de corrupción relacionadas con el caso Imelsa, el presidente cometía supuestamente estas graves irregularidades. Una dualidad difícil de comprender en un dirigente de una administración pública. Es una incógnita comprobar si esto tendrá consecuencias en la posición de la empresa pública.