El Gobierno afea al Consell la falta de test y Puig echa un órdago a Sánchez

El misterio se va resolviendo. Una de as últimas piezas para justificar por qué la Comunitat no pasa en su conjunto a la fase 1, que se inaugura hoy, la colocó ayer el director del centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que alertó de que en los 14 departamentos de salud que se mantienen en fase cero «había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que no se le había podido hacer un diagnóstico». Es decir, personas asintomáticas o con síntomas leves a las que no se les había hecho la prueba para saber si estaba infectadas por coronavirus. De hecho, el propio Simón enmendó al Consell y recordó que la situación de las catorce áreas que no avanzan no es favorables «por riesgos asociados» a la epidemia y «no por una falta de capacidades» para hacerle frente a un posible repunte, que es donde el Gobierno valenciano había puesto el foco.

El Gobierno central cree que la Comunitat ha fallado detectando y previniendo los contagios y el Consell saca pecho de su número de camas UCI y su tasa de incidencia en casos por habitante. El conflicto es total entre las dos administraciones. Tanto que a pesar de que ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que no quería hacer del asunto una confrontación, acusó directamente a Sanidad de haber «cambiado las reglas del juego a mitad de partido». Según el Gobierno valenciano, la tasa de pruebas que se realizan para detectar contagios no estaba entre los criterios evaluables. Algo que contratasta con el impulso que el resto de comunidades han dado a su test PCR en la última semana.

Con las cifras del propio plan de desescalada de la Generalitat en la mano, lo cierto es que la Conselleria de Sanidad reconoce que sólo ha realizado la prueba a un 40,21% de las personas que han mostrado síntomas compatibles con la enfermedad. La cifra es incluso peor en el caso de los infectados que no son contacto directo con un enfermo confirmado conocido, la llamada trazabilidad. Un 98,4% de esos casos no saben cómo se han contagiado. Ahí radican los problemas que alega el Ministerio, en que la Generalitat le ha perdido la pista al virus. De hecho, según el mismo informe, sólo a un 17,7% de los positivos verificados se les ha pedido que identifiquen al círculo con el que han podido estar.

Ante esos datos, incluidos en el plan de desescalada valenciano, el presidente de la Generalitat alegó que no eran uno de los requisitos pedidos por el Gobierno para pasar de fase. A su lado en la rueda de prensa, la subdirectora general de Epidemiología de la Generalitat, Hermelina Vanaclocha, y una de las expertas que asesora a Pedro Sánchez, recordó que hacer test PCR no estaba en el protocolo marcado por el Ministerio, sino que es una de las condiciones que entra en vigor hoy mismo. En la Comunitat, dijo, se hacen 3.000 al día, pero hasta la fecha sólo se ha hecho la PCR a personas con sintomatología que han requerido hospitalización. Al resto, seguimiento en centros de atención primaria. Las pruebas, dijo Vanaclocha, se duplicarán o triplicarán a partir de hoy, porque no eran obligatorias por el protocolo de Sanidad. Sin embargo, en la lista de criterios aportada por el Gobierno central, el número de positivos por PCR detectado por cada comunidad en los últimos siete días era parte crucial del baremo desde el miércoles 6 de mayo (el Consell dice que ya había mandado su plan). Generalitat y Gobierno no parecen haberse entendido en este punto, a pesar de que el resto de regiones sí aumentó los test en ese período.

De poco le ha valido a la Generalitat contar con un grupo propio de expertos para la desescalada, con un comisionado para la inteligencia artificial y con una experta epidemióloga en el grupo que asesora al Gobierno central a la hora de detectar el suspenso en el examen. Para el Consell, el Ministerio ha penalizado a la Comunitat al «haber cambiado las reglas del juego a mitad de la partida» con los datos que, finalmente, no han permitido que la Comunitat pase de fase en su conjunto. Aunque lo cierto es que los datos, en el temario o no, no son positivos a nivel epidemiológico.

«La Comunitat Valenciana no ha suspendido ni ha hecho nada mal», dijo Puig. «Cumplíamos todo y el Gobierno no ha justificado su decisión con criterios objetivos». Aunque el jefe del Consell señaló que la posición del Consell es de «respeto y lealtad» a las medidas que hasta ahora ha ido tomando el Gobierno central, lanzó un aviso a navegantes: «la lealtad no significa sumisión». Y es que el Gobierno valenciano ha preferido mantener abierta su particular guerra de cifras con el Ejecutivo central. De ahí que ayer el propio presidente Puig facilitara el plan de desescalada a los medios después de que el día anterior el propio Consell se hubiera negado a hacerlo, y pedir al Ministerio que haga lo propio con la respuesta argumentada del no a pasar de fase. El jefe del Consell lamentó que el informe de 232 páginas de la Conselleria de Sanidad no hubiera merecido una respuesta «por escrito» del Ministerio, porque no lo considera «serio ni riguroso». Puig llegó incluso a poner en duda el sistema ideado por el Gobierno para los pases de fase y rechazó el método : «No queremos que ese modus operandi sea la normalidad. No es serio». «No vamos a entrar en nada conspiranoico, pero si cambias las reglas lo tienes que explicar». El Consell prefirió insistir ayer en ofrecer un relato victimista de la situación, algo que ha molestado en Moncloa. También en una parte del PSPV, que no comparte la beligerancia contra el Ejecutivo central. Pero Puig insistió en darle un tinte político al debate. «La comparación con otras comunidades es en este caso muy odiosa», y recordó que la Comunitat esperaba pasar a fase 1 en conjunto porque la recuperción socioeconómica no puede esperar.

Y es que el Gobierno valenciano había generado unas expectativas quizá demasiado optimistas en los últimos días. Tanto es así que ayer el presidente pidió perdón a empresarios y autónomos y dijo «compartir su malestar por que se hayan visto frustradas las esperanzas que tenían». «La Comunitat necesita ir abriéndose ya, de manera segura y sin relajación social». Aunque reconoció que el Consell no ha cuantificado el impacto negativo que supondrá para la economía valenciana que no todas las zonas pasen hoy a una fase con medidas de confinamiento más flexibles. De hecho, en el propio informe, el Ejecutivo valenciano reconoce la urgencia de avanzar de fase ante la «la mayor vulnerabilidad de la economía» del territorio, cuyos pilares básicos, el turismo y las pymes y microempresas, han sufrido de lleno el impacto del virus. La previsión del Consell habla de alcanzar una tasa de paro de hasta el 19,8% y destruir hasta 137.882 empleos.