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La sentencia del Tribunal Supremo que ratifica las condenas por el amaño del contrato de las pantallas de la visita del Papa a Valencia ... ha generado ya los primeros movimientos entre los condenados. José Llorca, el que fuera director de Canal 9, ha pedido al tribunal que se suspenda la ejecución de la pena -22 meses de prisión- tras colaborar con la Justicia y haber pagado ya la multa que se le impuso.
El exdirigente de la cadena autonómica fue condenado por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad en documento público. La mayor pena fue por este último ilícito, un año y dos meses de cárcel. Pero se le aplicó una atenuante de confesión como muy cualificada. Bertomeu reconoció los hechos en la vista y aportó «información relevante para descubrir la verdad de los hechos enjuiciados», según su letrado.
De igual modo, se trata de su primer delito, ha pagado la multa y no figura como responsable civil directo en el fallo. Así, su defensa considera que se dan todos los requisitos para que el tribunal acceda a la suspensión del castigo penal. Ahora es el tribunal el que debe resolver la solicitud, una circunstancia que, por normal general, se suele conceder.
En idéntica situación se encuentra también Ricardo Calatayud el que fuera jefe del Departamento Económico-Financiero de RTVV. La suma de su condena son 22 meses de prisión. De la misma forma, se le reconoció su colaboración con la Justicia, no tiene antecedentes penales y ha pagado la multa que se le impuso en su día. Por eso su defensa acaba de solicitar también la suspensión de la ejecución de la pena.
El Tribunal Supremo confirmó hace unas semanas el castigo contra la trama Gürtel, en una de las piezas que afecta a la Comunitat. Son penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados de la trama Gürtel por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en julio de 2006 en Valencia y que contó con la asistencia de del Papa Benedicto XVI.
El alto tribunal declaró probada una estructura societaria creada por el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, para obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas administraciones y entidades públicas para trabajar en aquel evento.
En otoño de 2020 los magistrados de la Sala Penal impusieron 13 años y siete meses de prisión al cabecilla confeso Francisco Correa; 15 años y cinco meses a su mano derecha, Pablo Crespo; seis años y nueve meses a su colaborador Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y al exdirector de Radio Televisión Valenciana Pedro García; y 11 años y siete meses al vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez.
El Supremo confirma que Correa en los meses anteriores a la visita del Papa «inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo de dicho evento».
Según los hechos probados por los magistrados, «varios de los acusados decidieron que el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de video, megafonía y sonido no se llevara directamente por la Fundación V EMF, sino por el ente público RTVV a favor de una empresa pantalla -Teconsa-, que a su vez subcontrató -cuando ello estaba prohibido- con la empresa Impacto Producciones», todas ellas mercantiles controladas por Correa.
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