El PP duda de la legalidad del decreto antricrisis del Consell

El PP duda de la legalidad del decreto anticrisis aprobado por el Consell que, en función de las consecuencias de la guerra en Ucrania, modifica una veintena de leyes. El decreto ley, es, en realidad, un redecreto, porque el primero hizo agua. La Abogacía de la Generalitat puso objeciones legales y el propio Ejecutivo valenciano reconoció que se presentó, a principios de mes, sin la cobertura legal de los informes jurídicos pertinentes. Por tanto, se eliminó y se confeccionó uno nuevo, aprobado el viernes, que los populares consideran que podría ser también ilegal. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la secretaria general del partido, María José Catalá, han asegurado que se están planteando recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Para ello, previamente, van a pedir el informe de la Abogacía que respalda este nuevo decreto.

«No entendemos por qué no se ha ido a una tramitación urgente de ley», señala Mazón, que amite que tienen «dudas de que sean justificables algunas medidas coladas de rondón» en el decreto ley.

El decreto pretende ser un compendio de medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa. Pero, aparte de regular la implantación de energías renovables en la Comunitat, el texto introduce importantes cambios legislativos en la ley de presupuestos, la de medidas fiscales, la de tanteo y retracto, la de función social de la vivienda, la de ordenación farmacéutica, la de memoria democrática, la de cooperación de administraciones locales, o la de ordenación del transporte metropolitano de Valencia...

«Pedimos el nuevo informe de la Abogacía para saber si sus razones legales coinciden con la sensación de dislate del nuestro por la falta de justificacion. Hay un tufo de autoblanqueamiento y legalizar con posterioridad asuntos irregulares», ha señalado Mazón.

El presidente del PPCV justifica sus dudas en que en el decreto ley «no hay un presupuesto legal habilitante para saltarse un trámite parlamentario sin una justificación para modificar, cosas como la ley de la memoria histórica o la creación del observatorio alimentario… es una incoherencia del contenido del texto con respecto a un título que también es falso. No se puede saltar el trámite parlamentario».

El decreto ley no se ha incluido en el orden del día del próximo pleno de Les Corts. La oposición considera que es incoherente presentar con urgencia una modificación normativa que, sin embargo, luego no se lleva al parlamento valenciano. Desde Vox se ha avanzado que no van a apoyar el decreto, lo que augura que finalmente sería aprobado sólo con los votos del tripartito. «Estando publicado en el DOGV podría presentarse ya en Les Corts, pero no sé si es que no se han atrevido o tienen vergüenza. Se puede aplicar ya porque está publicado, pero es extraño», ha asegurado Ruth Merino, síndica de Ciudadanos.

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