Economía gasta 10.300€ en chalecos para que los funcionarios no pasen frío por la ventilación anti-covid

La Conselleria de Economía ha incluido entre sus herramientas para luchar contra el coronavirus un curioso elemento de moda: el chaleco de plumas. Para ello, el departamento que dirige Rafael Climent ha repartido entre su personal funcionario 476 unidades de esta prenda para que sus empleados públicos puedan seguir trabajando sin pasar frío en las oficinas de la Torre 2 del Complejo Administrativo 9 d'Octubre, mientras se mantiene la ventilación. La prenda, serigrafiada con el logo de la Generalitat, se ha entregado a los funcionarios que prestan su servicio de manera presencial, ante la obligatoriedad de ventilar los espacios para mantenerlos libres de Covid y dada la imposibilidad de que el total de la plantilla teletrabaje.

Los empleados públicos de esta conselleria, en manos de Compromís, ya lucen el chaleco por el complejo y son los únicos que disponen de ella, lo que ya ha levantado comentarios entre el resto de personal de otras áreas. La prenda está disponible en varias medidas y un surtido amplio de colores entre el rojo, granate, gris o azul marino. Para adquirir este material, el departamento ha gastado 10.300 euros en 476 prendas para dar cobertura a todos sus funcionarios. La compra se ha hecho con ayuda de Ateval, la patronal valenciana del textil, y aunque en un principio se licitó por un precio de 14.000 euros, la empresa ganadora rebajó el precio a 15,88 euros por unidad de chaleco, hasta dejar el lote en el precio final de 10.300 euros por el que se adquirió. Pero, no todo el personal de la Conselleria ha querido uniformarse. Desde el área de Empleo, por ejemplo, que engloba Labora y el Invassat, se ha renunciado a la prenda. La compra de estas piezas de abrigo fue una de las medidas adoptadas por el comité de seguridad de este área (la elegida entre otras opciones) y permite dotar de un elemento de uniforme al personal de ese área. En cierto modo, supone una reacción visible a la imposibilidad de aplicar un mayor porcentaje de trabajo en remoto y es similar a las mantas que ya se emplean en algunos centros escolares del interior de la Comunitat para evitar el frío entre los estudiantes y poder tener las ventanas abiertas. Y es que Economía ha sido una de las áreas más beligerantes con la decisión de la Conselleria de Justiciade ir ajustando los porcentajes de empleados públicos que podían trabajar en remoto y que actualmente está en un máximo del 50% por el crecimiento de los datos del coronavirus.

De momento, la Generalitat sigue sin sacar adelante el decreto de teletrabajo que iba a estar operativo antes de que acabara el año. Hasta la fecha, la nueva resolución de Justicia, aprobada en enero, supone que se permite el teletrabajo hasta un 50% de los efectivos , que se corresponde con el mínimo que habían solicitado los sindicatos. Desde la dirección general de función pública se solicitó a las distintas subsecretarías que trabajaran ya en la adaptación de los planes de contingencia, distribución del personal en trabajo presencial y no presencial, y comunicaciones a los Comités de Seguridad y Salud para aplicar el nuevo porcentaje.

La mayoría de organizaciones sindicales solicitaron aumentar el mínimo más allá del 50% y que se permita teletrabajar al 100% al personal que resida o trabaje en los municipios confinados o, al menos, que no computaran dentro del porcentaje del 50%. Desde la Conselleria se rechaza que no computen, y se indicó que serán las propias subsecretarías quienes determinen, dentro del 50% máximo, incluir al personal que resida o trabaje en estos municipios.

Pero, las fuentes consultadas aseguran que el Consell aprobará en semanas, salvo sorpresa, con meses de retraso, el decreto de teletrabajo, una vez conocido el informe del Consell Jurídic Consultiu, cuyo dictamen se aprobó este martes. El texto, que se iba a tramitar de emergencia e iba a estar aprobado antes de que acabara 2020, se ha acabado retrasando por numerosos problemas. El decreto recibió un duro informe de Abogacía en el que se cuestionaba buena parte del articulado. Ahora, el Jurídic ha atendido algunas de esas objeciones y ha hecho tres observaciones esenciales al texto. En una de ellas, quita la razón a Justicia en su impedimento de que los altos funcionarios puedan teletrabajar, es decir, jefes de servicio y subdirectores. En otra de ellas recuerda al departamento de Bravo que los cursos de formación que pretende imponer para que se pueda teletrabajar no tienen amparo legal y deben suprimirse. Y por último, si una persona teletrabajadora deja de prestar su servicio, quien ocupe su plaza podrá hacerlo en las mismas condiciones de presencialidad.