Economía niega al PP datos de la investigación a Francis Puig por el pacto de precios en Á Punt

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) condenara a la Agencia Antifraude y obligara al organismo a entregar al PPCV documentación sobre los expedientes de las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, la secretaria general de los populares en la Comunitat, Eva Ortiz, ha anunciado que su grupo presentará un nuevo contencioso para reclamar el expediente que Economía les han negado sobre el mismo asunto. Así lo ha anunciado Ortiz tras la junta de portavoces de Les Corts esta mañana, después de que la Conselleria de Economía haya respondido a al petición de documentación de la diputada con un escrito en el que alega que el expediente en curso no se puede suministrar para no «poner en riesgo las defensas de las partes».

Según ha explicado la también portavoz adjunta del PPCV en Les Corts, su grupo solicitó información sobre el expediente sancionador abierto en esta Conselleria a las empresas afectadas por un presunto pacto de precios en À Punt. Ortiz ha recordado que el TSJ ya le ha dado la razón en ocasiones anteriores, por lo que Economía solo gana tiempo. «Ya he presentado otro contencionso esta misma mañana. La jurisprudencia del TSJ es clara y dicen que estas cosas no se pueden negar».

Los hechos se remontan a 2019, cuando À Punt sorprendió a siete productoras valencianas pactando precios para repartirse parte de un concurso de servicio de imágenes dividido en doce lotes y por un valor total de 323.000 euros. Una maniobra prohibida por la ley de Contratos del Sector Público y que ha terminado con la exclusión de seis de las empresas, ya que la séptima firma decidió renunciar después de que se le pidiera información para aclarar esta situación. La empresa que abandonó el concurso, pese a que había sido la más puntuada en el lote 1 -cien de los cien puntos posibles-, fue Comunicacions dels Ports, de la que es consejero delegado Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El 26 de febrero la mesa de contratación se reunió para establecer la puntuación de los doces lotes en los que se dividía el contrato de 323.000 euros. El 1 de marzo, la mesa valoró la posibilidad de que existieran conductas contrarias «al principio de libre competencia y al principio de propuesta única» en los lotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11. Una maniobra que va en contra de los artículos 132.3 y 139.3 de la ley de Contratos del Sector Público. Toda la documentación se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que valorara la situación y esta remitió el expediente a la Autoridad de Competencia de la Comunitat Valenciana.

El 14 de marzo, al no recibir respuesta de este organismo, la mesa decidió suspender temporalmente la contratación de estos lotes y pidió documentación a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat, Comarques Centrals Televisió, Produccions Nova Films 2007, Arte Quatre Víctor y Máxima Definición. Todas las sociedades enviaron aclaraciones excepto Comunicacions dels Ports y Produccions Nova Films.

En su investigación, la mesa descubrió un presunto pacto de precios para, presumiblemente, distribuirse parte de los lotes. Comunicacions dels Ports, Kriol y Canal Maestrat presentaron la misma oferta económica para los lotes 1,2 y 3, respectivamente. Esto les hizo obtener la máxima puntuación en esos lotes, con un importe sin impuestos de 20.000, 30.000 y 28.000 euros al año, respectivamente. La empresa del hermano de Puig ganó el lote 1 y no halló competencia en las otras firmas, de la misma manera que Kriol se hizo con el lote 2 y Canal Maestrat, con el 3 -a este no se presentó la productora del hermano de Puig-. Además, Kriol y Canal Maestrat tiene al mismo administrador, Juan Enrique Adell Bover, algo que no comunicaron las sociedades. Estas firmas presentaron alegaciones excepto Comunicacions dels Ports, que el 8 de abril, ante la situación generada, decidió renunciar al concurso pese a ir en primera posición en uno de los lotes. Kriol Produccions y Canal Maestrat fueron posteriormente excluidas del proceso por ir contra la ley de Contratos del Sector Público.