La edil Girau, investigada por contratar a una firma ligada a la financiación del PSPV

La concejal del PSPV en el Ayuntamiento de ValenciaMaite Girau se encuentra investigada por un fraccionamiento de contratos. La denuncia inicial se centraba en esta práctica irregular en ocho contratos menores en las obras de acondicionamiento del estadio de atletismo, en el viejo cauce del Turia. La investigación judicial, que dirige Instrucción 3 de Valencia, trata de determinar si la edil cometió un delito a la hora de autorizar esas contrataciones con el objetivo de eludir el concurso público.

Existe una circunstancia que despierta sospechas. Una de las firmas beneficiadas con esta operativa fue Canalizaciones Civiles SAU que también tenía la denominación de Castellonense de Contadores e Instalaciones Industriales. Esta sociedad aparece señalada en la presunta trama de la financiación ilegal del PSPV que fue archivada al dictaminar la juez que el delito electoral había prescrito. No obstante, varios informes periciales recogían diversas irregularidades. Además, la mercantil se dio de alta como proveedor del Ayuntamiento en el año 2015, justo cuando se produce el cambio en el Consistorio y la llegada del tripartito al Gobierno local (PSPV, Compromís y València en Comú).

El servicio efectuado por esta empresa, un acceso a los vestuarios, fue un contrato de 59.748 euros, al límite de lo que establece el contrato menor. Ese mismo día, Girau también dio a la misma mercantil la reparación de la cubierta del polideportivo de la Malvarrosa por otros 59.000 euros. La jornada se cerró con otra adjudicación de 16.000 euros para las duchas del complejo de La Petxina. En total, esta empresa ha recibido más de 260.000 euros de fondos públicos desde el inicio de la legislatura, según la denuncia presentada en el juzgado.

El caso de la financiación ilegal pretendía aclarar si una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas. Es ahí donde, entre la documentación, aparece la citada firma. Las pesquisas, tras declararse prescrita la financiación, se repartieron por diferentes juzgados de Madrid y Valencia para analizar la legalidad de otras adjudicaciones de Crespo Gomar.

La denuncia actual parte de nuevo del asesor del PP Luis Salom. Algunas de sus acciones judiciales -buena parte de ellas se han archivado- han logrado poner en aprietos a dirigentes de Compromís (Fuset), Podemos (Oliver) y ahora el PSPV. La concejal ya ha tenido que pasar por el juzgado debido a este asunto. La edil quiso desligarse de cualquier irregularidad e insistió en que ella, como responsable política, no interviene en el detalle de las contrataciones, es decir, a quién y cómo se le encarga una obra. Aseguró que cuenta con el respaldo de los técnicos que le han ratificado que las actuaciones en las pistas de atletismo se ajustan a la legalidad. La edil socialista ha tratado de cerrar este asunto. Pidió el archivo, pero el juez se lo ha denegado.

La edil, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, mostró su confianza en que la causa terminará archivándose «como ocurrió con otra denuncia de Salom», añadió. Girau lamentó que el asesor del PP se limite a denunciar «sistemáticamente» las acciones administrativas.