El día a día de los ediles del PP investigados por el blanqueo tras cuatro años y medio de incertidumbre judicial

Cuatro años y medio después de que se abriera una investigación contra 50 personas -incluido el PP como persona jurídica- por el blanqueo de 50.000 euros, la incertidumbre sobre el desenlace final del proceso lastra la vida de los ediles del PP que conformaron el último equipo de Rita Barbera, fallecida horas después de declarar por este asunto en el Tribunal Supremo. La investigación está agotada desde hace ya meses, pero se sigue demorando la decisión del juez acerca de si ve suficientes argumentos para sentarlos en el banquillo o después de una exhaustiva instrucción procede el archivo.

Los indicios para los investigados -al margen de Mari Carmen García Fuster y el exvicealcalde Alfonso Grau– son idénticos a los que constaban en el arranque de las diligencias. Todos hicieron una donación de 1.000 euros al partido para la campaña de las elecciones de 2015. Anticorrupción mantiene que la secretaria del grupo y persona de máxima confianza de la alcaldesa, Mari Carmen García Fuster, los devolvió en dos billetes de 500 euros, efectivo que procedía supuestamente de una caja B de la formación. Cuatro testigos afirman que existía este plan en el que no participaron, mientras una investigada es la única que hasta la fecha ha reconocido que le reintegraron el dinero. El resto de investigados siempre lo ha negado.

Los protagonistas de este reportaje cargan con esta situación de manera dispar. Algunos no tienen inconveniente en explicar su situación, otros se desahogan, pero también están los que declinan cualquier tipo de comentario. De aquel equipo de concejales, el único que no está imputado es Eusebio Monzó, recientemente exculpado de la visita del Papa a Valencia. La llegada de María José Catalá al Grupo Municipal supuso la salida de todos ellos. Pero no fue una ruptura abrupta como quizá ocurrió con la dirección regional de los populares. Incluso mantuvo a algún colaborador como Cristóbal Grau en su equipo.

Alfonso Novo se convirtió en la mano derecha de la alcaldesa durante su última etapa. Lamenta el «inexplicable» parón que registra el asunto judicial, Un adjetivo con el que coinciden varios compañeros. Está apartado de la política y con escasas posibilidades de regresar. Admite el desgaste anímico, familiar y social. Novo es licenciado en Derecho, pero no ejerce desde hace tres lustros. A estas dificultades se suma «la condena de Google». Una búsqueda en la red social arroja resultados relacionados con la corrupción, lo que lleva a frustrar posibilidades laborales. La mayoría de las colaboraciones profesionales que desarrolla -se ha dado de alta como autónomo– son con gente que le conocía previamente.

La edil sigue con su marca de ropa para niños y adolescentes, iniciativa que impulsó cuando todavía estaba en política. «Sabía que aquello era temporal, aunque me hubiera gustado irme de otra manera y eligiendo el momento». De su situación económica no se queja. «Y menos con la que está cayendo», precisa. Lamenta el trato recibido por estar investigados cuando otros «como Rafa Rubio, que está imputado, está de subdelegado del Gobierno en Valencia».

Uno de los ediles con los que ha sido imposible contactar para esta información. Se jubiló en su última etapa. Había sido concejal de Personal y Administración. En su día, declaró en el juzgado no le pareció raro lo de la donación porque ya se había hecho cuando se retiraron los escoltas en el País Vasco.

Es una de las 'afortunadas' que todavía sigue ligada a la política. Actualmente es asesora de los populares en la Diputación de Valencia. Se encarga fundamentalmente de asuntos de agricultura, área que domina de su etapa de consellera. No quiere hablar del asunto judicial. «Un episodio desagradable», dice.

María José Catalá no hizo una limpia tras aterrizar en el Consistorio. Mantuvo parte del equipo, aunque en posiciones de perfil bajo, con menos visibilidad. Fue el caso de Cristóbal Grau, actual secretario del Grupo Municipal que ocupa plaza de asesor. En esta misma situación figuran otros colaboradores como Julio Valero o Luis Salom.

Félix Crespo regresó a tiempo completo a la docencia, como profesor de Derecho Constitucional. En su día, obtuvo la excedencia por cargo público. No obstante, en alguna ocasión, fue contratado como profesor asociado durante su etapa en el Consistorio. Al comentar su situación y la de sus compañeros, recurre a los derechos fundamentales, que incluye el tener un juicio sin dilaciones. «Más sencillo que eso no hay nada», subraya para tratar de explicar la situación actual.

La edil no parece haber encontrado acomodo tras su salida del Grupo Municipal. Rechaza participar en esta información sin ofrecer más explicaciones. Personas de su entorno comentan que está preparando oposiciones para ser funcionaria del Ayuntamiento.

Quizá uno de los más emprendedores de aquel grupo que, según alguno de sus integrantes «lideró el cambio de Valencia». Mendoza ya montó en su día una sociedad antes de entrar en el Consistorio. «A mi lo que me gusta es gestionar», apunta. De ahí su paso por el Consistorio. Tras la salida de la política, ha lanzado un firma de asesoramiento digital para empresas. «Es una forma de no tener jefe». El desgaste «personal, familiar y laboral» ha sido notable. Fue uno de los ediles que pidió declarar de nuevo para añadir que la secretaria Fuster sí le ofreció devolverle los 1.000 euros, pero que él no participó. Esta comparecencia, celebrada en febrero de este año, desató todas las especulaciones acerca de las intenciones del edil. Fuentes judiciales apuntaron en su día que podía buscar una colaboración con la Justicia a cambio de un mejor trato penal. La realidad es que nada se ha movido desde entonces.

María Jesús Puchalt, que entró en el Consistorio en sustitución de Rita Barberá, acaba de terminar su segunda novela: 'No hay bisontes en los valles de amapolas'. Tuvo una tienda de ropa que se vio obligada a traspasar, pero con la venta de una propiedad y el paro ha podido «seguir escribiendo», la que parece ser ahora su gran pasión. Puchalt se sincera y habla del dolor que le causó ese final abrupto en la política, que la dejó «al borde de la depresión». Sobre la situación judicial, insiste en que todo lo que se demora de esta forma hace que no podamos «hablar de Justicia». Y considera brutal la «presión mediática que padecieron por hacer una transferencia de 1.000 euros». «La cosas se deben poner en su justo término». Puchalt, que parece que es una de las que mejor ánimo conserva, se ha matriculado también en Lengua y Literatura para completar sus estudios iniciales en Derecho.