Educación frenará la propuesta de requisito 'light' que prefiere Bravo

La batalla política por la aplicación del requisito lingüístico para acceder a un puesto de funcionario en la Generalitat, lejos de llegar a su fin, ha vuelto a recrudecerse esta semana. Justo un año después de la aprobación de la nueva ley de función pública en Les Corts, los mismos flecos que en su día quedaron sin resolver siguen suponiendo un escollo para implantar una de las grandes promesas de los grupos que conforman el Botánico, para reforzar el papel del valenciano. En ese momento, el texto legal salió adelante sin definir los niveles de valenciano que iban a ser necesarios para acceder a las oposiciones de cada uno de los puestos de la Administración, y se dejó en manos de una comisión de expertos el título a solicitar para cada tipo de plaza.

Ahora, con el informe en la mano, la Conselleria de Justicia, de quien depende la función pública, ya ha anunciado su intención de completar el recorrido normativo de la ley para aprobar uno de los últimos flecos que quedaba suelto: el decreto que definirá el reglamento de aplicación de la exigencia del valenciano. Pero Política Lingüística, no está dispuesta a dar la batalla por perdida.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, nombrada en la cuota de titulares del PSPV, anunció el martes su intención de llevar al Consell lo antes posible ese decreto para fijar las bases del requisito. Para ello, tomará como referencia el informe de la comisión de expertos en el que las dos almas políticas en este asunto, socialistas y Compromís (de Unidas Podemos no se conoce opinión estos días) empataron a votos a la hora de decidir qué nivel de valenciano quieren imponer para los funcionarios de más alto nivel.

Los representantes más afines al PSPV apuestan por el más bajo, un B2, el mismo que se adquiere al acabar la educación secundaria, mientras que los afines a la formación nacionalista optan por elevar el listón a un C1 (el equivalente al mitjà) para los puestos de funcionario de más alto nivel, los de grupo A. Bravo se decanta por el nivel de requisito más blando y con esa premisa pondrá en marcha la redacción del decreto final que debe pasar por el Consell. Sus socios de Compromís ya han avisado de que si esas son las condiciones, no existirá acuerdo para que ni siquiera pase de la mesa de la reunión previa que da luz verde a los temas que se discuten entre todos los miembros del Gobierno valenciano. Sin embargo, ese texto legal podría ni siquiera llegar a esa reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos porque hay un peaje obligatorio que con toda probabilidad no pasará.

Y es que en el texto de la ley de función pública aprobado en marzo del año pasado se negoció que todo el poder no fuera para Justicia porque, si bien los funcionarios dependen de este departamento, la Política Lingüística de la Generalitat está en manos de la Conselleria de Educación. Un área socialista y la otra de Compromís. Así, el área de Educación encargada de las lenguas tiene la potestad, según el decreto, de emitir un informe preceptivo que avale o rechace los términos en los que se acabe redactando el reglamento, en lo que a tema lingüístico se refiere. Y del mismo modo que Bravo anunció el martes que no consentirá un acuerdo que pase por exigir "un plus, niveles superiores de lo que el sistema educativo tiene que garantizar a toda la ciudadanía", desde Educación sostienen la idea contraria. No habrá informe favorable si el requisito fijado para los funcionarios de más alto nivel es el mismo que para el resto de grupos más bajos.

Es decir, el elemental. Justifican desde este departamento que cuando el decreto se redacte, se exponga a los agentes sociales para que aporten sus criterios y la Abogacía lo valide, entonces, con el resultado final, se redactará el informe de Política Lingüística. Pero, sostienen desde este departamento, dar el visto bueno a un requisito que incluya el B2 para los funcionarios de grupo A sería incomprensible porque sería, de facto, no fijar ningún requisito. Y es que según mantienen las mismas fuentes, fruto también de la comisión de expertos, se acordó homologar un título de B2 de valenciano a todos los estudiantes que históricamente hayan completado sus estudios de instituto en la Comunitat. Se les dará ese título con efecto retroactivo, por lo que en la práctica, no sería necesario aprobar ningún requisito porque todo el mundo lo tendría, en los términos que plantea Bravo. Un hecho inadmisible para Política Lingüística que asume que para puestos de mayor capacitación hace falta un nivel más elevado de valenciano.

Los agente sociales siguen posicionándose respecto a este asunto. El último en hacerlo ha sido este miércoles UGT, que considera razonable y proporcional la exigencia del B2 de valenciano para el acceso a la función pública de los puestos de la Generalitat co nivel A1 y A2 con carácter general al entender que con esta capacitación lingüística estarían garantizados los derechos de la ciudadanía a comunicarse con la Administración valenciana en la lengua propia El sindicato estima que la exigencia debería elevarse al C1(antiguo mitjà) en aquellos puestos cuyas funciones requieran de una cualificación. En todo caso, el sector de autonómicas de UGT considera imprescindible que el nivel de acreditación de conocimiento de la lengua esté recogido en la relación de puestos de trabajo. Además, para los colectivos pertenecientes a las agrupaciones profesionales, la exigencia no podría ser superior al antiguo nivel oral.

UGT lamenta que esta cuestión "haya saltado de nuevo a la arena política y recuerda que durante la negociación con la Generalitat del texto de la nueva Ley de Función Pública la posición del sindicato fue que la exigencia del valenciano para el acceso a una plaza pública fuera proporcional a las funciones asignadas al puesto", lo que requería la negociación de un reglamento. UGT se pronunció en su día en contra de una equiparación directa y automática de certificación de valenciano y con niveles funcionariales. De hecho, esta cláusula, que llegó a incorporarse en el anteproyecto de ley, fue retirada después de que el Consell Jurídic Consultiu la considerara contraria a derecho. Por otro lado, el sindicato comparte la posición de la Conselleria de Justicia de que el actual sistema educativo homologue los estudios de Bachillerato con el B2, por lo que no sería comprensible que se exigiera a futuros aspirantes mayor nivel de conocimiento del que proporciona la enseñanza pública.

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