Ximo Puig anunció la semana pasada que la administración autonómica considerará familia numerosa aquella que cuente con dos hijos. Una medida que, al margen de ... chocar con el marco legal del Estado sobre esta cuestión, generará un incremento del gasto al que la Generalitat tendrá que responder pese a una situación financiera más que delicada. Puig, no obstante, aún no ha llegado al nivel de Pedro Sánchez, cuya multiplicación de anuncios de nuevas ayudas y subvenciones amenazan con dejar el presupuesto de 2023 en papel mojado.
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El presupuesto de la Generalitat de este año no se está viendo sometido a ese mismo estrés de anuncios y promesas como los PGE. En realidad, las arcas autonómicas continúan con esa foto fija que marca una deuda de 55.032 millones de euros, y un déficit al finalizar 2022 de 3.847 millones de euros.
Eso sí, la evolución de las cuentas autonómicas para este año retrata los mismos males de los que adolece desde hace años. Y en particular, el de la escasa ejecución de los capítulos vinculados a la inversión, el VI y el VII, del presupuesto. Las cifras las ofrece la propia Generalitat a través de su página relativa a la transparencia. Sobre un presupuesto de inversiones de 1.911 millones de euros, el Ejecutivo autonómico sólo ha reconocido 131 millones de euros, es decir, un 6,8%. El reconocimiento del presupuesto es la fase inmediatamente anterior al pago. En el capítulo VII, de transferencias de capital, de los 2.137 millones presupuestados se han activado 190 millones, un 8,8%. Es decir, la suma de capítulos arroja un presupuesto para invertir de 4.048 millones. Y en cambio, un gasto activado de 321, el 7,9%. Todo ello, después de los primeros cuatro meses del año. Y eso que es un año electoral.
La comparación con el resto de capítulos del presupuesto arroja la dimensión real de la ejecución del presupuesto en el dinero dedicado a invertir. El capítulo I, el de gasto personal, se encuentra al 29,4% de ejecución. El II, de gasto corriente, alcanza el 29,9%. Una distancia sideral con la activación del dinero destinado a poner en marcha nuevos proyectos u obras.
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Si el dinero reconocido es poco, el pagado, la siguiente fase en el proceso de ejecución presupuestaria, aún es menor. En cuando a las inversiones reales, la Generalitat sólo ha pagado el 4,3% de su presupuesto. En las transferencias de capital, ese porcentaje es del 0,8%. Las transferencias de capital son aquellos fondos de la GVA que la administración autonómica transfiere a otras administraciones para que sean ellas las que los inviertan. Sobre un total de 2.137 millones de euros, la administración autonómica sólo había pagado hasta el mes de abril inclusive 19 millones de euros.
El visor presupuestario de la Generalitat singulariza la ejecución presupuestaria de cada conselleria, aunque sin distinguir si ese gasto es corriente o de capital. En todo caso, las dos consellerias dirigidas por Unides Podem, Vivienda y Transparencia, aparecen como las que acumulan un nivel más bajo de ejecución presupuestaria. La vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda que dirige el candidato de la formación morada a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, sólo ha reconocido 20 millones de los 592 de que dispone en su presupuesto, es decir, un 3,3%. La conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez ha reconocido 6,2 millones de los 106 presupuestados, el 5,8%. Se trata de datos tan bajos que hacen pensar que lo único que se ha abonado desde esos departamentos corresponde a las nóminas de sus altos cargos y funcionarios.
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Por detrás de estas consellerias, el departamento con menor nivel de ejecución presupuestaria es el de Agricultura que dirige Isaura Navarro, que con un presupuesto de 724 millones de euros, sólo ha consignado 80 millones, es decir, el 11%.
Navarro pertenece a Compromís. El candidato de ese partido a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha explicado esta mañana las propuestas de la formación nacionalista de apoyo al campo y a la industria, «unos sectores que además de las políticas que se impulsan desde el ejecutivo valenciano necesitan que las decisiones políticas que se tomen fuera de nuestro territorio no vayan en contra de sus intereses». «Durante los últimos años hemos comprobado, desgraciadamente, que nuestros sectores productivos, especialmente el campo valenciano y la industria, necesitan una voz fuerte que les defienda tanto a Madrid como Europa. Compromís y yo mismo hemos ejercido de portavoces de nuestros agricultores y de nuestros sectores del azulejo, el textil o lo calzado en el Congreso, consiguiendo que estén mejor tratados a la hora de legislar o aprobar ayudas en contexto de crisis e inflación».
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A lo que el dirigente de Compromís no se ha referido es al escaso impulso que la representante de su formación viene dando en lo que va de año al presupuesto correspondiente a Agricultura.
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