Las elecciones en Castilla y León no afectan al calendario valenciano, pero sí a la financiación

¿Afecta la convocatoria anticipada de Castilla y León al calendario de la Comunitat Valenciana? Las fuentes del Palau de la Generalitat consultadas por este diario confirman que en ningún caso. De hecho, fuentes cercanas a Ximo Puig apuntan que puede no resultar demasiado coherente un adelanto electoral precisamente ahora que la pandemia parece reactivarse por culpa de la variante ómicron. Un reproche que deja entrever que la decisión del presidente Mañueco podría tener que ver más con los intereses de su partido que con los de la propia región.

En todo caso, se insiste, el calendario electoral valenciano es el previsto. Las elecciones de abril de 2019 permiten llevar las de 2023 al mismo mes de ese año o incluso juntarlas con el resto de elecciones autonómicas y con las municipales que tendrán lugar en mayo de ese año. El presidente valenciano no ve razones para adelantar los comicios, ni siquiera en el caso de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, opte por seguir los pasos de Mañueco. En su caso, se especula con que pudiera convocar para inmediatamente antes o justo después de este verano.

El calendario electoral valenciano parece que no ser verá afectado por el adelanto castellano y leonés. Otra cosa es otro calendario, el que tiene que ver con el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. Sabido es que la convocatoria de elecciones en general casa mal con los acuerdos 'de Estado' que se necesitarían para pactar la financiación -es una ley orgánica que requiere del pacto de los dos grandes partidos-. El Gobierno presentó hace pocas semanas su propuesta de población ajustada, uno de los criterios determinantes a la hora de fijar cómo debe de ser el nuevo modelo.

La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aclara si la Comunitat Valenciana sale favorecida o perjudicada, aunque Fedea, la fundación que dirige el profesor Ángel de la Fuente, se inclina por la segunda opción. En todo caso, el Gobierno ya ha dicho que lo que ahora se abre es un periodo de aportaciones, por parte de las CCAA, para ajustar esa propuesta de población ajustada, así como el resto de componentes que condicionarán el nuevo modelo.

La convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León no ayuda lo más mínimo a ese proceso. El ministerio pretendía que las CCAA se pronunciaran a finales de enero sobre su propuesta, pero para esas fechas los dos grandes partidos estarán ya en plena campaña electoral en esa región. En Castilla y León gobierna el PP desde hace décadas, aunque en las últimas elecciones se impuso el PSOE.

El calendario electoral colisiona con el de la financiación. Máxime si después de las elecciones de esa región llegan las andaluzas y, al arrancar 2023, las valencianas, el resto de autonómicas y las municipales. El presidente Puig, en una entrevista con este diario, se mostró convencido de que el nuevo sistema de financiación se aprobaría esta legislatura, aunque la sucesión de citas electorales puede hacer imposible esa hoja de ruta.