La UCO eleva a 198.000 euros las comisiones del exsuegro de Benavent por el call center

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntala los indicios de criminalidad en la trama del call center contra Mariano López, el exsuegro de Marcos Benavent y amigo del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

El familiar del exgerente de Imelsa parece ser un personaje clave en toda esta trama. Fue él quien supuestamente entregó a la actual consellera Rosa Pérez –anteriormente diputada provincial– los audios incriminatorios con dirigentes del PP que durante años grabó Benavent. Pérez lo puso en conocimiento de la fiscalía. A cambio, el suegro le impuso que no denunciara las irregularidades en el centro de atención telefónica, según declaró Benavent ante la Guardia Civil.

Ahora, los agentes, tras una exhaustiva investigación, han concluido que Mariano López medió a favor de la empresa Servimun -él siempre lo ha negado- para que fueran los adjudicatarios del servicio del call center de la Diputación. Como contraprestación, la UCO cifra las supuestas comisiones en 198.000 euros, aparte de un trabajo para su hijo. El familiar fue contratado como uno de los inspectores de la empresa.

Dos fueron los métodos para el cobro de estas supuestas comisiones. Por un lado, una cuenta bancaria a nombre de la mujer del exsuegro. En ese depósito se producen varias transferencias desde la empresa adjudicataria por un total de 15.000 euros. Los agentes ignoran a qué responden esas cantidades si tanto López como el responsable de la mercantil negaron en su día tener ninguna relación laboral. Posteriormente, las transferencias se canalizan a través de Técnicas Legales Administrativas. Se trata de una empresa dirigida por la cuñada de Mariano López y que, en realidad, carece de otra función más que recibir los abonos, según detallan los agentes en su informe. La sociedad, de hecho, se constituye el mismo año que Servimun obtiene la sospechosa adjudicación. La inmensa mayoría de sus ingresos provienen de la citada mercantil lo que a juicio policial resulta sorprendente. Y más todavía cuando facturan por supuestos servicios de asesoramiento sin que tengan trabajadores a su cargo. En total, por ambas vías, los responsables concluyen que López y su familia se beneficiaron de 198.000 euros.

El dosier de los agentes se concentra también en analizar la relación que mantenía Mariano López, expresidente de los empresarios de las comarcas centrales, con Alfonso Rus. Aparte de una carta supuestamente enviada al dirigente popular, constan una serie de llamadas de Rus al empresario justo en unos días en los que se sucedían las quejas ante la falta de profesionalidad en el servicio del call center.

Esa fue otra de las claves que despertó las sospechas de que el contrato estaba amañado. Las horas de atención al usuario que se acordaron en la oferta inicial nunca llegaron a cumplirse. Tampoco encaja bien esa aparente falta de relación entre el dueño de Servimun, Francisco Palomares y Mariano López cuando en menos de una semana se llamaron más de una treintena de ocasiones. Ambos, junto a la mujer y la cuñada de López, deben comparecer mañana en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia para aclarar todas estas irregularidades.

La investigación apunta a que el exsuegro y el responsable de Servimun trataban de presentarse también a otras adjudicaciones públicas. De hecho, los agentes sostienen su afirmación en el envío de determinada documentación por parte de Palomares (informes de necesidad, redacción de pliegos) que, en teoría, deberían ser redactados por la Administración. El contacto para entregarlo –se desconoce dónde– era Mariano López.

El análisis del teléfono del exsuegro desvela que el empresario trató por todos los medios de que el nuevo Gobierno de la Diputación le renovara por dos años el servicio del call center, que finalizaba a finales de 2015. Para ello, López contactó con destacados dirigentes del PSPV. Por ejemplo, con Toni Gaspar, entonces vicepresidente de la Diputación, quien le informó de que no se iba a renovar el contrato. «De momento imposible arreglarlo», le contestó. El exsuegro, al parecer enfadado, lamentó que todo fuera por una cuestión política. De igual modo, estableció contacto con José Manuel Orengo, en aquel entonces alcalde de Gandia y hombre cercano al presidente Puig para buscar su intermediación. Tampoco accedió a sus peticiones.